Derechos digitales: tropezar con la misma Piedra

La reelección de Rosario Piedra Ibarra como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) despertó cuestionamientos porque su gestión, marcada por omisiones en temas clave, expone una preocupante negligencia en la defensa de los derechos fundamentales en situaciones sumamente delicadas, pero también por el olvido de los derechos digitales, un ámbito que debería ser prioritario en la era de la información.  

En 2013, México dio un paso importante al consagrar el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), incluida la banda ancha e Internet, como un derecho fundamental en el artículo sexto de la Constitución.

Este logro fue un reconocimiento de la conectividad como un elemento esencial para garantizar otros derechos fundamentales, desde la libertad de expresión hasta el acceso a la educación, la salud, la cultura, la movilidad o la justicia. A más de una década, este derecho sigue sin materializarse para amplios sectores de la población. La CNDH bajo la dirección de Piedra sólo ha mostrado indiferencia.

Con 20% de la población mexicana aún desconectada, aproximadamente 30 millones de personas -en zonas rurales y de sectores vulnerables- permanecen al margen de los beneficios que la digitalización ofrece. Esta exclusión limita el acceso a información y servicios y perpetúa desigualdades estructurales. Cabría esperar que la CNDH tuviera iniciativas para promover el derecho de acceso a las TIC, dado su mandato de salvaguardar todos los derechos humanos, interdependientes e indivisibles, según el artículo 1 de la Constitución.

Una revisión de las acciones de la CNDH revela su falta de compromiso en este ámbito. Desde 2019, el único posicionamiento del organismo fue un comunicado sobre la brecha digital durante la gestión de Luis Raúl González Pérez, donde exhortó a las autoridades a implementar medidas para reducirla. Desde entonces, la CNDH ha guardado silencio, sin emitir recomendaciones ni desarrollar programas para atender este derecho.

La situación se agrava ante la amenaza de desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo autónomo encargado de tutelar el derecho de acceso a las TIC. Esta iniciativa, de concretarse, comprometería la conectividad en México y debilitaría los derechos digitales y fundamentales asociados.

Es inquietante que la CNDH no haya alzado la voz ante este riesgo inminente de extinción de entes autónomos como el IFT o el INAI y qué va a pasar con la defensa de los derechos fundamentales que tutelan en materia de conectividad o derecho de acceso a la Información.

El silencio pétreo de la CNDH contrasta con otras instituciones internacionales, como el Defensor del Pueblo en España, que desde hace años aboga activamente por la expansión de la banda ancha como un servicio público esencial. En Chile, el acceso a Internet fue reconocido como un derecho fundamental en 2021, marcando un hito en la región. La CNDH ignora que la permanencia de una desconexión masiva tiene implicaciones para el ejercicio de otros derechos humanos en México.

La gestión de Rosario Piedra ha estado dominada por polémicas y cuestionamientos sobre su independencia y eficacia. Más allá de los debates políticos, su falta de atención a los derechos digitales constituye una omisión grave que afecta directamente la calidad de vida de millones de mexicanos.

La conectividad no sólo es una cuestión técnica o económica; es un pilar en la era digital. Sin acceso a Internet, millones de personas quedan excluidas de servicios de salud, educación y participación democrática. Las mujeres, las comunidades indígenas, las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables son los más afectados por esta desconexión. Parece mentira que los operadores de telecomunicaciones fijos, móviles y satelitales, las empresas tecnológicas y las plataformas de Internet tengan más preocupación por los derechos digitales que autoridades como la CNDH.

La CNDH tiene la responsabilidad de reconocer y actuar sobre esta problemática, no como un tema aislado, sino como una pieza clave dentro de su mandato integral. Al no hacerlo, perpetúa una visión limitada de los derechos fundamentales que ignora las demandas y realidades del siglo XXI.

El caso de España ofrece un contraste revelador. El Defensor del Pueblo ha identificado las brechas digitales como un problema estructural y ha emitido recomendaciones concretas para garantizar la conectividad en igualdad de condiciones. Desde 2014, sus informes han señalado la necesidad de políticas públicas efectivas y el despliegue de infraestructura como la fibra óptica. Hoy, España lidera en cobertura de banda ancha móvil, fija y despliegues de fibra óptica, demostrando que un enfoque decidido e integral puede transformar realidades.

Chile ha marcado un precedente al consagrar el acceso a Internet como un derecho fundamental y tratar la conectividad como un servicio público esencial, equiparable a la educación y la salud.

La CNDH debe tomar un rol activo en la defensa de los derechos digitales, incluido emitir recomendaciones informadas y pronunciarse sobre la omisión de políticas públicas que fortalezcan la conectividad y la inclusión digital universal. La CNDH saldría de la era de piedra en la que transita si creara una visitaduría especializada o creara un área enfocada en derechos digitales, brecha digital, alfabetización digital y habilidades tecnológicas en comunidades vulnerables. También tiene tiempo para pronunciarse y defender la autonomía del regulador como un garante esencial de la conectividad.

El derecho de acceso a las TIC no es un lujo, sino una necesidad. La CNDH tiene la obligación constitucional de protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de todos los derechos humanos y de que sean una realidad para todos. Seguir ignorando esta responsabilidad es volver a tropezar con la misma Piedra.

X: @beltmondi