Guardia Nacional: ¿nuevo paradigma para un problema crónico?

La Doctora Sheinbaum, presidenta constitucional de México, se enfrentará a la urgente demanda ciudadana de mejorar la seguridad en el corto plazo. Por ello, en su discurso de toma de posesión destacó sus prioridades en la atención a la crisis de seguridad pública que enfrenta el país. Aunque parece alejarse de la política de "abrazos, no balazos", la nueva presidenta ha optado por varios ejes estratégicos: mantener programas sociales para abordar las causas de la violencia; crear un sistema nacional de inteligencia e investigación; mejorar la coordinación entre los tres niveles de gobierno y el Ministerio Público, pero, sobre todo, otorgar un rol clave a la Guardia Nacional. Este último punto se refuerza con la reforma constitucional promulgada por el expresidente López Obrador el pasado 30 de septiembre. A pesar de las advertencias de expertos nacionales e internacionales sobre los peligros de aumentar el poder militar en México, la decisión está tomada. No obstante, los próximos meses de implementación serán clave, y podrían ofrecer una ventana de oportunidad para ajustar las leyes secundarias y equilibrar el enfoque hacia cuerpos de seguridad más cercanos a la sociedad.

El término "guardia nacional" se refiere a organizaciones militares usadas en emergencias o como fuerzas de reserva. La primera tuvo origen en 1636 en Massachusetts, y ya en la era moderna, fue adoptada por diversos países como Suecia (1940), Noruega (1946), India (1984), Polonia (1918) y España (1844), para sus respectivas milicias o defensas locales. Dichas corporaciones, varias de ellas muy antiguas, tienen estructuras que generalmente integran a civiles como reserva y como sus autoridades. Esto es, esos modelos —ya probados— difieren en su diseño al que México estrena, que se distingue por su dependencia más directa de las fuerzas armadas. Y, aunque oficialmente bajo control civil representado por la presidenta Sheinbaum como la Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas, su estructura y operación militar, muy probablemente generará tensiones entre la fuerza pública y la garantía de los derechos civiles.

La Guardia Nacional está formalmente adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y su jurisdicción abarca áreas bajo la administración federal. Sus funciones incluyen la seguridad en fronteras, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración; la vigilancia de carreteras, puentes federales, vías férreas, aeropuertos, reservas naturales protegidas, patrimonio cultural y natural, así como instalaciones estratégicas de energía e hidráulicas, y la gestión de las aduanas. También actúa en zonas urbanas y rurales asignadas a su competencia. Quedan excluidas las islas, cayos, arrecifes, litorales, puertos y aduanas marítimas y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que están bajo control de la Secretaría de Marina.

Un punto a destacar es que la política de seguridad de la Dra. Sheinbaum atribuye gestiones auxiliares de investigación en las Fiscalías, como una manera de lograr actividades policíacas con más elementos de inteligencia y que además desarrolle líneas de investigación de los sucesos propios de su desempeño ordinario, como parte de la finalidad de mejorar la labor de los Ministerios Públicos. Por eso, sería recomendable que en los procesos de elaboración de las leyes secundarias se revisen y reformen el marco legal de las Fiscalías estatales y la Fiscalía General a fin de armonizar la coordinación con la Guardia Nacional, y resolver los aspectos controversiales que plantea, por ejemplo, los peligros de la existencia y ejercicio del fuero militar versus la protección de derechos humanos de los civiles en procesos penales.

Lo anterior es preocupante, pues en el modelo de seguridad la participación civil ha quedado relegada, debilitando los esfuerzos locales para fortalecer policías civiles. Es decir, el modelo, hasta ahora, desincentiva el desarrollo de una seguridad basada en la participación ciudadana activa, que podría enriquecer, más que estorbar, la implementación de la estrategia desde lo local, sobre todo considerando que el tiempo importa cuando hablamos de fortalecer capacidades en las instituciones.

La Guardia Nacional, como pilar de la seguridad pública, necesitará un amplio programa de formación, similar al de instituciones homólogas en otros países. Este proceso será especialmente crucial para el personal de inteligencia, que requerirá capacitación técnica avanzada y recursos específicos para alcanzar altos estándares de seguridad.

Aunque el planteamiento de la Dra. Sheinbaum de atender la inseguridad para el beneficio de la población es discursivamente positivo, en la práctica, se enfrentará a la urgente demanda ciudadana de mejorar la seguridad en el corto plazo. Por ello, preocupa que la política respecto de la Guardia Nacional hasta ahora carezca de un sistema transparente de monitoreo y evaluación de su desempeño, como lo han señalado expertos en seguridad.

Existen ejemplos de países que han logrado reducir drásticamente los índices de inseguridad en poco tiempo, como El Salvador. Sin embargo, el modelo es altamente polémico por el alto costo de su operación y las violaciones sistemáticas a derechos humanos y condiciones inhumanas en las que viven los presos en su sistema penitenciario. El riesgo de construir una política de seguridad efectiva pero que sacrifica los derechos de la población, resuelve un problema pero crea otro nuevo. Casos similares se vieron en la España franquista y en Chile bajo Pinochet, donde el control fue logrado a través de graves violaciones de derechos. Con el tiempo, las matanzas y desapariciones forzadas en Chile han sido ampliamente denunciadas y reveladas.

De aquí que, estamos a la expectativa de comprender y evaluar los primeros resultados de la política de seguridad de esta nueva administración. Hasta ahora, su desarrollo ha requerido de un mayor diálogo y colaboración con la iniciativa privada y con la sociedad civil, por ejemplo, en materia de seguridad carretera para el transporte de carga y pasajeros que recorre todos los días el territorio.

Además, preocupa se atienda en las leyes reglamentarias el acceso a información y los procesos de rendición de cuentas que darán luz sobre los avances y resultados de la política de seguridad, especialmente si se permite que la información más relevante sobre actividades, decisiones y resultados quede automáticamente clasificada como seguridad nacional solo por su adscripción a la Sedena. Recordemos que vivimos en un país que registra niveles de impunidad del 96.3% con una percepción ciudadana de inseguridad a julio de 2024 del 59.4%, esto es, 6 de cada 10 mexicanos perciben inseguridad en su entorno, según el INEGI.

El célebre sociólogo Amitai Etzioni, de la Universidad de Harvard, ha subrayado la relevancia de integrar a la sociedad civil en el desarrollo y ejecución de políticas públicas. Para él, un marco de políticas efectivo debe encontrar un equilibrio entre los derechos individuales y las responsabilidades sociales, lo que requiere la participación activa de diversos sectores, incluidas las organizaciones civiles y las empresas privadas. Desde un enfoque comunitario, enfatiza que las políticas deben reflejar las necesidades y valores de la sociedad, y no ser impuestas sólo de manera unilateral por los poderes de la Unión. Esto garantiza su legitimidad y sostenibilidad a largo plazo mediante una ordenada colaboración y comunicación para avanzar en la prevención y la atención de los delitos. La sensibilidad, la experiencia y la cultura locales no deben soslayarse cuando de seguridad se trata, y, si se busca construir confianza.

*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.