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Resistencia judicial
La SCJN está evaluando quién resolverá las impugnaciones contra las suspensiones de la reforma judicial. Algunos jueces han presentado amparos para frenarla, pero el gobierno mantiene su compromiso con su implementación.
El Poder Judicial desarrolla una resistencia inteligente frente a los embates y fanfarroneos del poderoso grupo legislativo de Morena, que violenta todas la reglas y recursos.
Ahora, ha incluido un pieza elegante e inteligente al debate: la contramañanera del oriundo de Macuspana debe estar demandando a la Corte por plagio.
Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está en proceso de decidir quién debe resolver las impugnaciones presentadas contra las suspensiones de la reforma judicial. Además, algunos jueces han presentado amparos para frenar la implementación de la reforma, pero el gobierno ha reafirmado su compromiso con la misma.
El Ejecutivo federal y los legisladores morenistas han aprendido a la mala el control constitucional y las facultades de la SCJN. La reciente reforma judicial en México ha sido uno de los temas más debatidos en el ámbito político y social del país. Impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y apoyada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, esta reforma busca transformar profundamente el sistema judicial mexicano. Sin embargo, ¿es realmente un avance hacia una justicia más equitativa o un retroceso en términos democráticos?
Por un lado, la reforma propone la elección de jueces por voto popular, una medida que, en teoría, podría aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial. La idea de que los ciudadanos tengan voz en la selección de quienes imparten justicia es, sin duda, atractiva. Además, la reducción del número de ministros en la SCJN y la creación de nuevas instituciones para mejorar la eficiencia del sistema son cambios que podrían modernizar y agilizar los procesos judiciales.
No obstante, estas medidas también han generado preocupación. La elección de jueces por voto popular podría politizar aún más el sistema judicial, poniendo en riesgo su independencia. Los jueces, en lugar de basar sus decisiones en la ley y la justicia, podrían verse tentados a tomar decisiones populares para asegurar su reelección. Además, la reducción del número de ministros en la SCJN podría concentrar demasiado poder en unas pocas manos, lo que podría llevar a decisiones menos equilibradas y más influenciadas por intereses particulares.
Querido lector, sólo el tiempo dirá si esta reforma será recordada como un paso hacia una justicia más equitativa o como un retroceso en la lucha por la democracia en México.
Hasta la próxima.