Las Tecnológicas en aprietos por la regulación

En tiempos recientes, las grandes empresas tecnológicas han enfrentado desafíos regulatorios y legales en Europa, Estados Unidos y en diversos países. Este escrutinio se ha intensificado en un contexto de creciente competencia y geopolítica digital, donde los gobiernos intentan regular plataformas y servicios que han transformado industrias enteras, pero aún sin entender la tecnología. 

Empresas como Google, Meta, Apple, TikTok y Uber están en el centro de estas indagaciones que buscan equilibrar la innovación con la protección de la competencia y los derechos. Sin embargo, los intentos regulatorios revelan una desconexión entre las autoridades y la naturaleza de la economía digital.

Europa ha sido pionera en la regulación tecnológica con iniciativas como el Reglamento General de Protección de Datos y, más reciente, con la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA). Estas normativas limitan el poder de las grandes plataformas tecnológicas, especialmente las consideradas "guardianes" o "gatekeepers" como Google, Meta y Apple.

El caso de Google es emblemático. La Comisión Europea ha multado al consorcio en repetidas ocasiones por abuso de su posición dominante en el mercado de la búsqueda online y la publicidad digital. En 2023, la Unión Europea abrió una nueva investigación sobre las prácticas publicitarias de Google; la autoridad busca fragmentar su negocio publicitario para promover la competencia. Google controla 80% del mercado de anuncios digitales en Europa, lo cual ha generado preocupaciones sobre la falta de opciones para anunciantes y usuarios.

Apple también está bajo la lupa de los reguladores europeos. La CE la acusa de limitar la competencia en su App Store, especialmente en relación con aplicaciones de música y pago. Apple cobra una comisión de 30% por las transacciones dentro de su tienda, lo cual ha provocado tensiones con empresas como Spotify, que acusan a la compañía de sofocar la competencia. La DMA obliga a Apple a permitir tiendas de aplicaciones alternativas, algo que cambia el modelo de negocio del gigante californiano.

Meta y X (Twitter) también han sido objeto de investigaciones en Europa. La DSA obliga a plataformas como Facebook e Instagram a tomar medidas más estrictas contra la desinformación y el control del discurso público, como si estas plataformas generaran los contenidos y sus mensajes. La DSA obliga a estas plataformas a actuar con mayor responsabilidad sobre los contenidos que alojan y les impone sanciones a aquellas que no eliminen rápidamente la desinformación y los discursos de odio.

Booking y Airbnb son investigadas y reguladas por su impacto en la industria hotelera tradicional. Ambas empresas han transformado el sector del alojamiento porque permiten a los usuarios reservar estancias de manera directa y más económica. Los reguladores argumentan que estas plataformas socavan los mercados locales, aumentan los precios de la vivienda y reducen la oferta disponible para residentes en algunas ciudades turísticas.

En Estados Unidos, la regulación de redes sociales también es controvertida porque choca con la libertad de expresión. Las autoridades han presionado a plataformas como X, Facebook y YouTube para que implementen políticas más estrictas contra la manipulación de las elecciones y los discursos peligrosos.

En EE.UU. la relación entre las tecnológicas y los reguladores es más ambigua y fragmentada. La Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia han abierto investigaciones antimonopolio contra Big Tech, sobre todo por la adquisición de competidores emergentes y prácticas de mercado.

En el caso de Uber y otras apps de movilidad que han revolucionado el transporte, varios países proponen nuevas reglas que podrían obligar a estas plataformas a reconocer a sus colaboradores como empleados en lugar de contratistas independientes, otorgándoles más derechos laborales. Este enfoque genera tensiones con los reguladores, porque el modelo de negocio de estas plataformas se basa en la flexibilidad y la libertad para trabajar de forma temporal.

TikTok, la popular plataforma de videos cortos de origen chino, se ha convertido en un foco de conflicto geopolítico. En EE.UU. y Europa las preocupaciones sobre la seguridad de los datos y la influencia china han llevado a intentos de prohibir o limitar la aplicación. El gobierno estadounidense planteó la posibilidad de obligar a TikTok a vender sus operaciones en el país para evitar el acceso a datos sensibles por parte del gobierno chino.

En Europa, la DSA obliga a TikTok a ser más transparente sobre cómo recopila y utiliza los datos de sus usuarios, mientras en Estados Unidos el Congreso y los tribunales debaten sobre cómo gestionar el impacto de la plataforma en la gestión de datos y la salud mental de los jóvenes.

El común denominador en estos casos es que las autoridades aún no comprenden las implicaciones de los nuevos modelos de negocio digitales. Los reguladores operan bajo marcos legales y económicos desarrollados en la era industrial, que no se ajustan a la rapidez y complejidad de la economía digital.

La geopolítica digital añade una capa extra de complejidad. La competencia entre la Unión Americana, Europa y China por el control de las tecnologías y los datos ha intensificado los esfuerzos regulatorios, pero obstaculizados por la falta de entendimiento sobre cómo funcionan los ecosistemas digitales y los beneficios que aportan a la economía global y las personas.

Aunque las autoridades buscan controlar el poder de estas empresas y preservar un supuesto interés público, queda claro que los marcos regulatorios actuales no están a la altura de los desafíos que presenta la economía digital. Las tecnológicas seguirán en aprietos, pero el verdadero desafío radica en cómo los gobiernos se adaptan a la revolución digital sin sofocar la innovación.