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AI pide al Gobierno apoyar a la CIDH en caso Iguala
Las organizaciones de derechos humanos señalaron que expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deben contar con los recursos materiales y humanos necesarios para llevar a cabo su mandato y emitir sus conclusiones con absoluta autonomía.
Amnistía Internacional y cinco organizaciones de derechos humanos más exhortaron al gobierno mexicano a apoyar a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de la CIDH que revisa el caso Iguala y acatar sus resoluciones.
Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deben contar con los recursos materiales y humanos necesarios para llevar a cabo su mandato y emitir sus conclusiones con absoluta autonomía y con base en parámetros técnicos, expusieron.
Los firmantes detallaron que el mandato del grupo, que llegó a México el 1 de marzo, comprende la elaboración de planes de búsqueda en vida de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre, así como el análisis técnico de las líneas de investigación y del Plan de Atención Integral a las Víctimas.
El inicio de las labores del Grupo Interdisciplinario viene a sumar méritos al incansable seguimiento de los padres, madres y familiares de los estudiantes desaparecidos, que cuentan con la solidaridad internacional , aseveraron las seis organizaciones no gubernamentales en un comunicado.
La trascendencia del delito contra los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa requiere un minucioso escrutinio internacional sobre el actuar de las autoridades federales, estatales y locales en el país , así como el compromiso de éstas a acatar las recomendaciones y conclusiones que emita ese grupo.
Recordaron que la creación del Grupo Interdisciplinario se debió a un acuerdo firmado el 12 de noviembre de 2014 por los familiares de los normalistas con la CIDH, que el 16 de enero designó como integrantes de esa instancia a expertos de Colombia, Chile, Guatemala y España.
Además de Amnistía Internacional, el comunicado está suscrito por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación para el Debido Proceso, el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos, Robert F. Kennedy Human Rights y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
mrc