Activistas de derechos humanos piden audiencia a AMLO por desapariciones y militarización de la seguridad pública

El colectivo Seguridad Sin Guerra que agrupa a Amnistía Internacional; Artículo 19; Centro Tlachinollan; Cencos; Serapaz y México Unido Contra la Delincuencia, pidieron una audiencia al presidente Andrés Manuel López Obrador para abordar el riesgo de activistas, la militarización de la seguridad pública y el último informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.

En una carta abierta al presidente López Obrador, los integrantes del colectivo Seguridad Sin Guerra lamentaron que el mandatario haya externado que los integrantes del Comité “no están actuando con apego a la verdad”. Lo anterior, luego de que el grupo de expertos del Comité visitó México y concluyó que la situación de los desaparecidos en el país es “preocupante”, que la impunidad es “casi absoluta” y que el gobierno mexicano debe abandonar la estrategia de militarización de la seguridad pública.

“Lamentamos su opinión en torno a que el Comité no actúa con apego a la verdad, así como su afirmación de que ya no es el tiempo de antes en el que se usaba al ejército para reprimir o para rematar heridos, cuando las organizaciones de derechos humanos hemos documentado la participación de militares, incluida la Guardia Nacional militarizada, en casos de tortura, represión, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual entre otras violaciones de derechos humanos.

“Señor Presidente, el informe emitido por el Comité es un hecho de suma relevancia para los y las ciudadanos/as de a pie que nos proponemos el trabajo cotidiano en miras a lograr un país libre de violencias y desmilitarizado, donde se respeten los derechos humanos de todas y todos. Sin distinción. En este sentido, nos dirigimos a usted para solicitarle un encuentro presencial con representantes de nuestras organizaciones en vistas a la situación actual de alto riesgo para el ejercicio y defensa de los derechos humanos que presenta la militarización de nuestro país”, indicaron.

Del 15 al 26 de noviembre de 2021, expertos del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas visitaron por primera vez el país para corroborar el apego a la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la cual fue ratificada por México. El Comité está integrado por personas expertas independientes en derechos humanos que actúan a título personal y no como representantes de los Estados partes.

La visita del Comité significó un hecho de gran trascendencia, pues llevó 8 años de diálogo y negociación del propio Comité con el Estado mexicano y la lucha de diversas organizaciones de la sociedad civil, colectivos y familiares de personas desaparecidas para que el Estado aceptara dicha visita.

En su informe, el Comité sostuvo que el enfoque de seguridad pública adoptado por el Estado mexicano hace tres décadas ha estado enfocado en la militarización para combatir la delincuencia, y ha sido insuficiente e inadecuado. Le recomendó al gobierno federal idear un plan de retiro “ordenado, inmediato y verificable” de las fuerzas militares que se encuentran realizando acciones de seguridad pública, instando a abandonar el enfoque militarizado.

Lo anterior en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos y constitucionales en materia de seguridad pública, que señalan que la seguridad pública debe estar en manos de civiles, y que únicamente de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, los Estados pueden recurrir a las fuerzas armadas para esa tarea.

El colectivo Seguridad sin Guerra dijo que “el régimen de las fuerzas militares no se concilia con las funciones de autoridades civiles, lo que pone en riesgo la vigencia de derechos humanos y es contrario a principios del Estado de Derecho como la separación de poderes, la independencia y autonomía de tribunales judiciales y la subordinación a las autoridades civiles”.

“Amnistía Internacional y las organizaciones, personas activistas, expertas independientes y académicas que conforman el colectivo Seguridad Sin Guerra estamos convencidos de que las políticas de seguridad pública deben estar a cargo de instituciones civiles y no militares”, establecieron.

rrg