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Política

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Advierten fallas en nuevas cifras de desaparecidos

Organizaciones presentaron una plataforma con las anomalías encontradas.

Data Cívica informó que existe una discrepancia entre el número de personas localizadas reportadas por el gobierno y los folios públicos de búsqueda publicados en la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas.

En la presentación de la plataforma Volver a Desaparecer, elaborada por la organización, Alicia Franco, coordinadora de Análisis de datos de Data Cívica, indicó que, mientras el gobierno afirmaba haber localizado a 16,605 personas, sólo se habían publicado evidencias de 12,344 casos.

Según la organización, esta discrepancia podría deberse a dos razones: algunas personas podrían estar siendo consideradas como localizadas, mientras que otras podrían haber sido eliminadas del registro de personas desaparecidas sin justificación clara.

Debido a esto, la organización construyó una lista de nombres de personas que aparecían en la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en agosto de 2023, pero ya no aparecieron en la versión pública para consulta correspondiente a los resultados de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada que se publicó en diciembre del mismo año.

En el registro que realizó Data Cívica, se detalló que localizaron un total de 10,953 personas que estaban en el Registro Nacional de Búsqueda y que fueron eliminadas en el nuevo censo al ser consideradas como localizadas, sin que en realidad hayan sido encontradas.

Para identificar a las personas borradas del registro, Data Cívica utilizó un enfoque que incluyó la comparación de nombres entre la base completa del RNPDNO y el buscador que las autoridades mexicanas publicaron en diciembre pasado, así como la exclusión de posibles homónimos y la búsqueda automática de registros confidencializados.

Además, se denunció la falta de publicación de la metodología utilizada en la búsqueda generalizada a nivel nacional, lo que dificulta la comprensión de los criterios utilizados para determinar el estatus de búsqueda de cada persona.

Trazabilidad

Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica, señaló que la actualización más reciente en la web gubernamental no proporciona detalles sobre qué casos han sido localizados, ni cuántas personas han sido efectivamente encontradas.

“Hay una enorme falta de trazabilidad de los casos y una falta importante de calidad de información que se llena. Hemos identificado que el 96.1% de los registros no registra ninguna variable que aporte al enfoque diferenciado del protocolo de búsqueda, que tiene como fin determinar si la persona desaparecida pertenece a un grupo vulnerable o como personas periodistas, personas indígenas o de la comunidad de la diversidad sexogenérica.

“Encontramos también (...) el uso de conceptos que no están estipulados en la ley y que no abonan más a la reconstrucción, y bueno, creemos que este ejercicio es relevante, pues la aportación de ‘Volver a Desaparecer’ está en nombrar a cada persona desaparecida registrada por el Estado y registrar la historia de su caso a lo largo de todos los registros oficiales existentes”, indicó la directora.

Inconsistencias

Por su parte, Humberto Guerrero, coordinador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, enfatizó que, a pesar de ser una responsabilidad del Estado, ha sido necesario que organizaciones civiles realicen el trabajo de recopilación y análisis de datos sobre desapariciones.

(El gobierno) está haciendo todo lo posible por generar mucha confusión. A mí no me parece casualidad, un accidente, de que haya tantas inconsistencias en la metodología y hacer inconsistencias (en la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas), mas bien, creo que es una estrategia deliberada de generar confusión, porque en esa confusión, entonces, dan lugar a las estrategias de comunicación y narrativas sobre las desapariciones”, afirmó.

Por otro lado, explicó que la falta de una estrategia de búsqueda coordinada entre las distintas autoridades encargadas del tema es una omisión grave que incumple con las obligaciones impuestas por la ley.

Y resaltó la importancia de seguir presionando a las autoridades para que proporcionen información clara y transparente sobre sus acciones y planes futuros en relación con la búsqueda de personas desaparecidas.

arturo.rojas@eleconomista.mx

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