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Afirman que los jóvenes son obligados a delinquir
Hasta Encontrarlos tiene testimonios sobre el paradero de los secuestrados. El senador Silvano Aureoles dice que es un delito que ha ocurrido por mucho tiempo.
En Michoacán los jóvenes están siendo secuestrados para realizar trabajos forzosos para el crimen organizado, denunció Cristina Paredes, del Comité de Padres de Familia de la organización Hasta Encontrarlos.
Entrevistada por El Economista, la activista expuso que, con base en los testimonios que han recabado, se sabe que algunos de los jóvenes desaparecidos son trasladados a otras entidades, donde se encuentran realizando labores para integrantes del narcotráfico. El secuestro, dice, ha sido solapado por las mismas autoridades.
Recientemente, esta organización reportó la desaparición forzada de por lo menos 127 jóvenes; que en su mayoría se trataba de jóvenes entre 16 y 30 años, altos y fornidos, lo que lleva a pensar que son empleados en trabajos forzosos.
Los familiares exponen que posiblemente se los llevan a otros estados para entrenarlos para volverlos sicarios o para formar grupos paramilitares , comentó Paredes. Relató que, de acuerdo con una víctima cuyo anonimato es requerido, tras ser secuestrado, los narcos lo llevaron a otro estado para trabajar como sicario y luego de maltratarlo lo botaron por ahí .
En Michoacán crece el fenómeno de desapariciones de jóvenes de plazas que son subidos a vehículos con vidrios polarizados o levantados por hombres encapuchados; de igual manera, incrementan los secuestros por parte de autoridades.
La activista de Hasta Encontrarlos aclaró que en esta entidad el crimen organizado está realmente compenetrado con el gobierno, por lo que la creación de grupos paramilitares es común, pues son empleados para atemorizar a las comunidades.
Cuando familiares de las víctimas acuden a denunciar la desaparición, las autoridades desalientan el proceso y promueven que se detenga la querella para evitar represalias a futuro.
Las mismas autoridades siembran el miedo y el terror aquí en el estado , afirmó Cristina Paredes.
Y si persisten en su afán por denunciar la desaparición, la familia es amenazada por las células criminales para evitar que el proceso continúe, expresa la defensora con base en testimonios de los padres de las víctimas.
Detalló que en Michoacán existe un amplio registro de personas desaparecidas, tan sólo esta ONG contabilizó 127 casos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos reportó 275 y la Comisión Nacional de Derechos Humanos contabilizó 503 casos; pero al cruzar información descubrieron que son 883 desaparecidos.
La mayoría de los plagiados, insiste, son jóvenes sin profesión que se encuentran vulnerables por la falta de oportunidades.
AUREOLES DICE QUE SÍ
El senador por Michoacán y excandidato al gobierno del estado, Silvano Aureoles Conejo, admitió que es un secreto a voces que grupos delincuenciales secuestran a jóvenes para forzarlos delinquir.
Es un hecho que ya tiene rato y ésos son los que se denuncian, porque ha habido desde hace varios años, por lo menos los comentarios, a veces denuncias de los papás de los hijos que desaparecen.
Se sabe, es un secreto a voces, que muchos son para reclutarlos por el crimen organizado, para integrarlos a las filas de la delincuencia pero de manera forzada. Es un hecho que sí ha sido recurrentemente denunciado , destacó en entrevista.
SENADORES PIDEN A LAS FAMILIAS QUE ACUDAN A DENUNCIAR LOS HECHOS
Senadores del PAN y el PRD consideraron grave la denuncia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán, que reveló que al menos 883 jóvenes han sido desaparecidos en los últimos meses. Los legisladores admitieron que en caso de que las autoridades sean cómplices, sí pueden ser consideradas desapariciones forzadas.
La Comisión de Derechos Humanos de Michoacán reveló el lunes que se trata de personas jóvenes entre 15 y 33 años, cuyas ocupaciones son empleados, obreros, estudiantes y profesionistas, quienes han sido secuestrados por hombres armados que los suben a camionetas blancas y sin placas.
La dependencia dijo que los padres o familiares de los desaparecidos son intimidados -incluso por las propias autoridades- cuando intentan interponer una denuncia para que se investigue el hecho, por lo que la justicia es prácticamente nula. Además, se ha reportado, según la CEDH, la desaparición de 80 michoacanos en otros estados.
En ese marco, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Alejandro González Alcocer (PAN), dijo que, en caso de que alguna autoridad estatal tenga participación en ese tipo de hechos, sí se pueden considerar como desapariciones forzadas.
Entrevistado por El Economista, instó a los familiares de las víctimas a insistir en denunciar los hechos ante las autoridades correspondientes, pues es el único medio para acceder a la justicia, y también hizo un llamado al gobierno estatal para otorgar todas las medidas de seguridad a los familiares, con el fin de que estén tranquilos mientras se lleva a cabo el proceso de investigación.
El senador González Alcocer consideró grave que los jóvenes estén siendo víctimas de estos hechos de violencia y dijo que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben estar atentas y coordinadas para garantizar la seguridad de toda la población.
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