Alienta SFP a denunciar la corrupción

La oficina de Salvador Vega Casillas no tiene pinturas ni obras de arte. Sólo una estatua de bronce de José María Morelos y una foto pequeña del presidente Calderón. Las paredes están limpias, el escritorio, sin papeles. Dos teléfonos rojos tras su sillón y cuatro BlackBerry a su alcance. En una mesa sólo hay dos libros del caricaturista Magú.

La sobriedad del contador contrasta con su buen humor. Perro bravo no alcanza a perro espantado , bromea respecto de los callos que puede pisar con el nuevo paquete de medidas anticorrupción que recientemente presentó junto con el presidente Calderón en Los Pinos, el pasado 2 de marzo.

Se trata de dos ambiciosas propuestas: la de ley federal anticorrupción y un paquete de cambios a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; la pelota está ahora en el Senado, donde se verá cuáles son los alcances reales de esta lucha.

Para Vega Casillas, secretario de la Función Pública, los puntos más importantes de la propuesta son la posibilidad de que la dependencia pueda imponer sanciones reales a empresarios (30% del contrato que hayan obtenido de manera corrupta, la multa máxima que le da ahora es de 1.6 millones de pesos); dar recompensas económicas a los ciudadanos que denuncien; combatir a los prestanombres, a la simulación en los concursos públicos y, también, a los familiares o amigos incómodos desde el grado de tentativa.

Antes de dar el paso para esta iniciativa explica que en la dependencia a su cargo hicieron una reestructura total, desde la simplificación de las cientos de normas que se fueron acumulando en los 27 años desde la creación de la Secretaría. El 60% de éstas ya no existe.

Se creó una unidad especializada de investigaciones con diferentes áreas de revisión, que también realiza verificaciones trabajo; hubo una reducción de 20% del personal y reclasificación del que quedó.

Con esto, dice que el número de denuncias penales por corrupción aumentó de entre 25 y 30 antes del 2008 a 616 en el 2009 y 1,778 en el 2010 -1,200 funcionarios y 500 particulares, incluso empresarios.

?¿Por qué tardaron tanto en hacerlo?

La Secretaría tenía un problema de origen, de diseño de origen o de que nunca evolucionó. Originalmente se dijo vamos a arrancar la Secretaría que controle temas de corrupción por el asunto de la renovación moral, hay que ponerle reglas al gobierno . Eso permitió que después hubiera seguimiento a los actos de gobierno y transparencia, pero después el siguiente paso: vamos a hacer revisiones para encontrar los actos de corrupción.

Eso ya no funciona así, primero los funcionaron emitieron más y más normas, y nunca se frenaron. La otra parte dijo: la corrupción se combate con auditorías, no es cierto. Las auditorías sí te dan cosas en las que ves indicios, pero no te permite descubrir todo, lo que encuentras son faltas a las normas… y ¿el dinero? Eso no lo ves en una auditoría.

En la Secretaría se siguió haciendo lo mismo que hace 27 años.

?¿Cuántos casos terminaron en cárcel y cuánto se recuperó?

Muchos casos del año pasado están en proceso aún. En recuperación entre casos de corrupción y multas entre ahorros tenemos un poco más de 9,000 millones de pesos en lo que va del sexenio… ya sonó la caja ahí. Salomón Presburger daba una cifra de 7,000 millones anuales que calculan en corrupción.

Nosotros hicimos un cambio en la compra de los medicamentos en el IMSS y metimos un esquema de subasta si comparamos, y la Profeco hizo la comparación de cuánto se pagaba antes y cuánto se paga ahora. Fue un ahorro aproximado de 20,000 millones pesos.

Teníamos recomendaciones de la OCDE para hacer una serie de cambios que están en las iniciativas.

Con estos cambios ya tenemos claro cómo ser más certeros y hasta dónde ir en cada uno de los casos. Todo esto es lo que nos permitió armar esta propuesta.

¿Cómo se va a proteger al denunciante y su identidad?

Nosotros tenemos una serie de medidas para proteger a nuestros denunciantes aun sin esta ley… Lo que no tenemos es la manera de castigar a quienes los hostigan, que es lo que se está proponiendo con esta ley… Inhibir una denuncia u hostigar o realizar cualquier acto para evitar la denuncia es una falta grave.

?¿Tienen expectativas de que la denuncia venga desde el sector público?

Es muy común escuchar yo sé cómo pasó, pero no voy a decir porque ya no voy a ganar ningún contrato . Eso ya no puede seguir así.

?¿Se puede lograr que lo que aparece en el texto se vuelva una práctica?

Sabemos que podemos, que había material para hacer todo esto, pero no teníamos una ley para hacerlo. La otra es que el ciudadano o el empresario diga sí tomo el riesgo de ir pese a que hay resistencia histórica. Para eso es el fondo.

?¿Qué pasa con familiares que cobran un porcentaje de los contratos por recomendar a tal o cual empresa?

Estamos proponiendo que el cohecho, la colusión y la extorsión se castiguen en grado de tentativa, sobre todo el tráfico de influencias; ése es uno de los delitos más difíciles de probar, pero el hecho de que se nombre a alguien para obtener un beneficio ya es perseguible, inclusive en los intermediarios.

?¿Era muy débil la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos?

Claro, pero a ver qué pasa cuando no es funcionario público el que comete un acto de corrupción… Eso no está en esa ley, sino en la ley de anticorrupción de empresas para ir en contra de personas públicas o empresas, aunque no sean funcionarios, generalmente esos actos los cometen quienes no son servidores públicos, sino quienes dicen ser parientes o amigos.

?¿De dónde vendrán los recursos para las recompensas?

De nuestros ahorros, estimamos que podemos hacer un fondo de 60 millones de pesos con los que podemos empezar.