Ambientalistas exigen que la Profepa verifique acatamiento de suspensión en obras del Tren Maya

El presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Gustavo Alanís Ortega, llamó a los funcionarios y trabajadores del proyecto Tren Maya a respetar la resolución del Juez Primero de Distrito en Yucatán, quien hace unos días otorgó una suspensión definitiva para que pare cualquier acto de tala o desmonte en los terrenos que comprenden los tramos: 3 (Calkiní – Izamal), 4 (Izamal-Cancún) 5 Norte (Cancún-Playa del Carmen) y 6 (Tulum-Chetumal) de ese proyecto prioritario del gobierno federal, pues, de lo contrario, no solo podrían ser sujetos de sanciones, sino incurrir en delitos ambientales.

Asimismo, solicitó la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que verifique lo que ocurre en la zona y, si detecta ilegalidades, clausurar las obras, integrar una investigación y determinar quiénes son los responsables.

En entrevista, comentó que tuvieron que pasar 18 meses para que se llegara a esa resolución y no fue fácil pues el juzgado perdió las pruebas que habían presentado comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como organizaciones de la sociedad civi. Luego, no encontraban las identificaciones presentadas por los denunciantes y el expediente electrónico en algún momento no estaba completo, entre otras irregularidades.

Sin embargo, mencionó que ahora lo importante es que la resolución del juez señala que no se debe permitir la remoción de vegetación forestal en las áreas que se encuentren fuera de las zonas de las autorizaciones con cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Las manifestaciones de impacto ambiental asociadas al proyecto, señalan que sólo se solicitará el cambio de uso de suelo de 6,608.37 hectáreas.

En ese sentido, el activista recalcó que la afectación forestal no se está limitando a ese número de hectáreas. “Se están extralimitando a lo que les dieron”.

El fallo del juez hace referencia a tres resoluciones de cambio de uso de suelo: una del 15 de diciembre de 2022, una del 31 de enero de 2023 y una del 17 de abril de 2023. 

Por lo menos falta una y posiblemente se están yendo mucho más de eso”, dijo Alanís Ortega. 

Además, dijo que si bien se dieron algunas autorizaciones para el cambio de uso de suelo, no se dieron todas las que debieron expedirse para cubrir el área que están afectando con ese proyecto.

Alanís Ortega destacó que en caso de que las autoridades no suspendieran los trabajos caerían en un desacato a una resolución judicial y en estos casos el juez puede extender una multa por el no cumplimiento, auxiliarse de la fuerza pública para que se cumpla con la determinación o bien presentar al infractor ante el Ministerio Público, por la posible comisión de algún delito.

También destacó que si no se atiende el fallo del juez se estaría ante la comisión de un delito ambiental. Concretamente el artículo 418 del Código Penal Federal habla de que se imponga una multa y prisión a quien desmonte ilícitamente la vegetación natural o al que cambie el uso de suelo de manera ilícita, precisó.

El presidente de CEMDA comentó que la resolución del juez establece que se debe parar cualquier acto que tenga como fin el seguir talando o desmontando.

Con ello, el juez está reconociendo que se está dando la tala y el desmonte sin las autorizaciones de cambio de uso de suelo respectivo”.

Concretamente citó que en la resolución “no se advierte la existencia de diversas autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales respecto de las diversas áreas que abarca el proyecto del Tren Maya”.

El juez tuvo conocimiento de las manifestaciones de impacto ambiental expedidas los días 30 de noviembre de 2020; 8 de junio de 2022; 19 de agosto de 2022 y 12 de septiembre de 2022.

En la página 58 de la resolución el juez también señala: “Se determinó que esas autorizaciones de impacto ambiental no eximían a la promovente de tramitar y obtener la autorización correspondiente para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales”.

El presidente del CEMDA dijo que lo que está en juego es la seguridad hídrica de la península de Yucatán, la legalidad y el estado de derecho en materia ambiental porque puede haber incumplimientos al marco legal nacional e internacional.

Dijo que se espera que esta vez sí se respete esta resolución judicial, aunque se tiene el antecedente de que Fonatur Tren Maya y sus contratistas ya incumplieron resoluciones judiciales anteriores.

diego.badillo@eleconomista.mx