Amnistía Internacional pide al gobierno de AMLO modificar el enfoque militar en seguridad

En su Informe 2020/21, Amnistía Internacional hizo un llamado al Gobierno federal a modificar el enfoque de seguridad a través de las Fuerzas Armadas, pues alertó que del 2020 a la fecha han aumentado las recomendaciones por violaciones a los derechos humanos.

“Vemos con preocupación que la decisión del gobierno federal, de continuar con el enfoque de militarizar la seguridad pública como lo hicieron los dos gobiernos que lo antecedieron; ha detonado el aumento de quejas por violaciones graves a los derechos humanos, de tal manera que hacemos un llamado urgente para que la seguridad pública esté en manos de personal civil, como lo establecen las normas del derecho internacional de los derechos humanos”, mencionó.

Sostuvo que las Fuerzas Armadas son entrenadas para “derrotar al enemigo” y no para la protección y control de civiles; además de que el régimen militar no concilia con las funciones de autoridades civiles, lo que pone en riesgo la vigencia de derechos humanos y puede resultar contrario a principios del Estado de Derecho como la separación de Poderes, la independencia y autonomía de tribunales judiciales y la subordinación a las autoridades civiles.

“El derecho internacional de los derechos humanos es contundente al señalar que la seguridad pública debe estar en manos de civiles, y que únicamente en casos excepcionales los Estados pueden recurrir a las fuerzas armadas para esa tarea”, añadió.

Incluso, Amnistía Internacional expresó preocupación la intención del Gobierno federal de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mediante una reforma constitucional, ya que a su juicio institucionalizaría de manera permanente la seguridad pública en manos de militares.

“Dicha medida se contrapone con el estándar internacional en la materia, de acuerdo con el cual los Estados sólo pueden recurrir a las fuerzas militares en casos excepcionales y por un tiempo definido. No hacerlo así implica, como ya se ha señalado, un riesgo importante de que se incrementen las violaciones a los derechos humanos.

“Valoramos que, tras dos años y medio de la creación y funcionamiento de la Guardia Nacional, y a la luz de los hechos aquí señalados, existe poco material que sugiera que la estrategia de seguridad del gobierno de México represente un cambio verdadero o una nueva era de respeto por los derechos humanos”, resaltó.

Junto con el colectivo Seguridad sin Guerra, Amnistía Internacional demandó al Gobierno federal devolver las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y publicar la estrategia nacional a partir de la cual se logre el desarme del país, particularmente en las zonas con más altos índices de violencia y criminalidad en el país.

Amnistía Internacional advirtió que en 2020 el gobierno desplegó a más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores, por lo cual, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró al menos 219 quejas contra la Guardia Nacional entre el 26 de mayo de 2019, cuando se estableció formalmente este cuerpo, y agosto de 2020.

Detalló que de esa cifra 51 quejas fueron por detenciones arbitrarias, 28 por trato cruel, inhumano o degradante, tres por tortura, dos por homicidios ilegítimos y dos por desapariciones forzadas.

Argumentó que el Sistema Nacional de Alerta de Violencia a los Derechos Humanos de la CNDH establece que el número total de quejas registradas contra la Guardia Nacional en 2020 sumaron 350, y en lo que va del año 2021 ha acumulado 261 quejas, lo que sitúa a ese cuerpo de seguridad entre las 10 instituciones con más quejas por violaciones a derechos humanos.

“Estas cifras podrían ser mayores ya que resulta difícil determinar el número total de violaciones a derechos humanos que cometió y está cometiendo la Guardia Nacional, debido a la falta de transparencia de las autoridades y la ausencia de un mecanismo especializado e independiente de rendición de cuentas. Además, se debe considerar el hecho de que las víctimas a menudo tienen miedo de denunciar a las fuerzas de seguridad por temor a represalias”, resaltó.

La organización mencionó que en el caso de las personas migrantes, la Guardia Nacional está siendo utilizada como “cuerpo de control migratorio”, tanto en la frontera norte como sur de México, “atentando contra los derechos de migrantes y solicitantes de protección internacional”.

Respecto a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, estimó que “contraviene las obligaciones del Estado mexicano respecto de los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, prevención y protección de la vida, lo que puede resultar en la violación a los derechos a la vida, la integridad física y mental, la igualdad y no discriminación, y las libertades de reunión, asociación y de expresión, todos contenidos en la Constitución mexicana y en tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte”.

Finalmente, recordó que la CNDH presentó una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando vacíos legales que reglamentan las obligaciones de personas funcionarias encargadas de cumplir la ley y evitar el uso de la fuerza.

jorge.monroy@eleconomista.mx

kg