Asesinato de alcaldes en México: ¿por qué los matan?

“Las autoridades no han dimensionado la magnitud del problema” que significa el asesinato de alcaldes en México, sentencia Helden De Paz, consultora en seguridad y coautora del estudio Homicidio de Alcaldes en México: Un análisis de las víctimas, los perpetradores y las ubicaciones de los ataques, que estudia los 178 asesinatos de alcaldes en funciones, exalcaldes, alcaldes electos y candidatos a alcaldes documentados entre el 8 de julio de 2004 y el 1 de marzo del 2018.

El estudio busca poner el foco sobre la alta prevalencia de homicidios de estos funcionarios en el país, con la intención de que las autoridades cobren conciencia de la gravedad del hecho. “La Secretaría de Gobernación no cuenta con cifras y datos de los homicidios de alcaldes”, dijo De Paz en entrevista con El Economista. “A lo que nos ayuda este enfoque es a la prevención el asesinato de alcaldes en México”.

Alexis de Tocqueville (1805-1859) en su obra La democracia en América realiza un análisis de los municipios en Estados Unidos y su importancia como organización fundamental para la democracia. Resalta que antes de que Estados Unidos fuera una nación independiente, las colonias que integraban lo que entonces era Nueva Inglaterra contaban con una sólida organización municipal. Esta estructura no fue tocada por la Corona de Inglaterra cuando quiso afirmar su dominio cobre las colonias ante los focos de sublevación de los colonos, contentándose con controlar el poder central. Esto sería a la postre un claro error de juicio de la Corona inglesa, pues derivó a la larga en la independencia de Estados Unidos, dado que las ideas independentistas y democráticas se difundieron y afianzaron en los municipios.

Los municipios, como unidades de la organización comunitaria, son a su vez la sede de la soberanía nacional. “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”, dice la Constitución de México en su Artículo 39. La acción del crimen organizado, al asesinar a los alcaldes, vulnera la soberanía nacional. A diferencia del error estratégico de la Corona inglesa que Tocqueville señala, las bandas del crimen organizado vulneran las bases del orden democrático.

Los ataques perpetrados por el crimen organizado contra funcionarios son a la vez exhibiciones de dominio y mensajes codificados que expresan a los sucesores de las víctimas en las cabeceras municipales de quién es el poder fáctico que controla la ciudad que espera que no se vean comprometidos sus intereses.

El estudio, auspiciado por la Universidad de Rice, pretende ser un punto de partida para diseñar una estrategia de protección a los alcaldes a través de modelos de prevención y de riesgo. De Paz aporta datos que ayudan a delimitar el problema: sólo en 146 de los 2,446 municipios de México (6% del total) se han presentado estos crímenes, lo que permite concentrar esfuerzos en las zonas de riesgo.

El número de habitantes es también un factor de predicción. 90% de los asesinatos de alcaldes, según De Paz, se ha dado en municipios con menos de 100,000 habitantes. A diferencia de la idea corriente de que este tipo de delitos son propios de localidades remotas, lejanas a centros urbanos importantes, De Paz señala que 33% de los municipios en los que los alcaldes han sido víctimas de homicidio se encuentran a 100 km de las capitales de los estados, y en 27% de los casos, a 200 km de distancia.

En lo observado en el estudio de De Paz y David Pérez Esparza, el otro autor, se encontró que el asesinato de alcaldes se concentró en ciertas regiones por un efecto de contagio; esto es: en la línea cronológica de los eventos se percataron que al darse un asesinato en un municipio, más adelante se presentaban otros ataques contra regidores en municipios aledaños, hecho que De Paz calificó como “una epidemia de violencia”.

Al revisar el mapa de incidencias, salta a la vista que la mayor cantidad de ataques se concentran en la parte norte y sur del territorio nacional. Helden De Paz explica además que los ataques en la parte norte responden a lógicas distintas de los ataques registrados en el sur. Mientras que en los estados fronterizos del norte los homicidios pueden estar relacionados con el narcotráfico al ser regiones de tráfico de droga, en el sur las causas se pueden encontrar en las prácticas de usos y costumbres, en los que los desacuerdos políticos entre miembros de comunidades bajo este régimen pueden llevar a actos de violencia.

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El “paciente cero” —el caso inicial del estudio de De Paz Mancera y de Pérez Esparza— se presentó en Otáez, Durango, municipio que hasta el censo de 2010 contaba con 5,208 pobladores. Esteban Estrada Corral, exalcalde de Otáez, fue asesinado en octubre del 2004. La crónica del hecho publicada por el diario El Siglo de Torreón, fechada el 5 de octubre del 2004, refiere que el exalcalde fue “ejecutado en el interior de una camioneta por un presunto sicario, quien a quemarropa le disparó en nueve ocasiones”. Estrada Corral, de extracción priista, acababa de dejar el cargo luego de terminar su periodo como alcalde.

El también priista Ismael Alfredo Hernández Deras, que tomó posesión del cargo el 15 de septiembre del 2004, era gobernador del estado de Durango al momento de la ejecución del exalcalde Estrada Corral. Al frente de la administración federal estaba Vicente Fox, luego de ganar las elecciones del 2000 representando al Partido Acción Nacional.

En febrero de 2009 fue encontrado el cadáver de Claudio Reyes Núñez, alcalde priista de Otáez para el periodo 2007-2010. La esposa de Reyes Nuñez había reportado la desaparición del regidor un día antes del hallazgo de su cuerpo. El comunicado de prensa de la fiscalía de Durango dio como causa de muerte la asfixia. Ismael Hernández Deras, priista, gobernaba el estado de Durango. Felipe Calderón, panista, era presidente de la República.

El diario El Siglo de Torreón publicó el 23 de marzo de 2018 la crónica del asesinato por arma de fuego de Jaime Estrada Corral, alcalde de Otáez en el periodo 2010-2013. “El expresidente municipal y su acompañante circulaban en una camioneta por la carretera que va de Otáez a Los Altares del municipio de Santiago Papasquiaro, cuando fueron interceptados por sujetos armados que los ejecutaron”, refiere la nota.

Estrada Corral —hermano del finado Esteban— llegó a la alcaldía de Otáez por el Partido Acción Nacional. Esta vez, el gobernador en funciones de Durango es José Rosas Aispuro, de extracción panista. Esta vez, el priista Enrique Peña Nieto es el titular del Ejecutivo Federal.

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Dos de los homicidios en Otáez fueron realizados con arma de fuego, lo que lleva a Helden De Paz a poner en relieve el asunto del tráfico ilegal de armas en el país. Las autoridades manejaron ante medios la versión de que el crimen organizado fue el autor de los homicidios de Claudio Reyes Núñez y de Jaime Estrada Corral, sin presentar pruebas de ello.

En los tres homicidios se cumple la condición de que por lo menos uno de los dos niveles de gobierno es de distinto partido al del presidente de la República, hallazgo del estudio estudio Federalism, Drugs, and Violence: Why Intergovernmental Partisan Conflict Stimulated Inter-Cartel Violence in Mexico, de G. Trejo y S. Ley (2015), y referido por De Paz y Pérez Esparza. La falta de coordinación en materia de seguridad entre los tres niveles de gobierno, derivada de las distintas filiaciones, dificulta la protección de los actores políticos, como se demuestra en el hecho de que en los estados gobernados por el mismo el partido que el que gobierna a nivel federal, el número de ataques del crimen organizado siempre es menor. “En ninguno de los 178 casos estudiados encontramos que coincidiera el mismo partido en los tres niveles de gobierno, siempre hay una diferencia”, dijo De Paz sobre este aspecto.

El municipio, sus pobladores y su administrador electo, quedan así a su suerte, abandonados por un poder centralizado que incumple sus obligaciones de gobernar para todos, privilegiando en su lugar criterios partidistas.

De la cualidad de “contagio” de este delito, y ante la impunidad prevalente, De Paz externa: “Preveo que para este año, de seguir la falta de respuesta ante estos hechos por parte de las autoridades, las cifras de homicidios de alcaldes se puede disparar”. Y termina: “Estamos a tiempo de prevenir más ataques”.