Avanza aumento de penas por ataques con ácido

Tras posponer en pleno el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, su discusión y votación, la Cámara de Diputados aprobó diversas modificaciones al Código Penal Federal para sancionar los ataques con ácido, así como incrementar las penas contra los funcionarios que entorpezcan las investigaciones de feminicidio. 

Las y los diputados avalaron en lo general, con 453 votos, sancionar hasta con 15 años de prisión a quien infiera lesiones con ácido. Cuando el ataque afecte la cara, cuello, brazos, manos u órganos sexuales, la pena aumentará hasta en un tercio.

Cuando la víctima sea mujer, persona con discapacidad o menor de edad, la pena se aumentará hasta en una mitad. El dictamen que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Víctimas, fue enviado al Senado de la República.

La reforma adiciona un capítulo I Bis denominado “Lesiones inferidas con ácido o sustancias similares”, con un artículo 301 Bis al Título Decimonoveno del Código Penal Federal y se establece que se impondrán de siete a 15 años de prisión y de 300 a 700 días multas, a quien por sí o por interpósita persona, infiera lesión o lesiones a otra persona, utilizando para ello cualquier tipo de ácido, álcali, agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable.

Indica que, si la lesión o lesiones afectan órganos o funciones vitales, ponen en peligro la vida o más de la mitad del cuerpo, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio o el feminicidio, en grado de tentativa, según corresponda.

También se adiciona el artículo 36 de la Ley General de Víctimas a fin de estipular que, a las víctimas de lesiones inferidas con ácido o sustancias similares, se garantizará el acceso a cirugías reconstructivas.

Asesinatos

En San Lázaro también se incrementaron las penas contra el servidor público que entorpezca la justicia en caso de un feminicidio, quien además será destituido e inhabilitado por tiempo igual al de la pena de prisión.

El dictamen que también fue remitido al Senado, modifica el artículo 325 del Código Penal Federal con el objeto de establecer que, en caso de feminicidio, el servidor público que retarde o entorpezca la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de cuatro a doce años.