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CNDH solicita informe de actuación de Zerón en Cocula
Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH, se reunió ayer con familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó información a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la intervención que tuvo el extitular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio en el río San Juan de Cocula, Guerrero, donde supuestamente fueron encontrados en bolsas de plástico restos calcinados de los 43 normalistas desaparecidos hace casi dos años en Iguala.
Abordado tras la presentación del Informe de Actividades 2015-2016 de la Comisión de Derechos Humanos, en el Senado de la República, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, puntualizó que dichos datos formarán parte de la investigación que el órgano autónomo realiza sobre el caso.
Saber cuál es el sustento de esa intervención, cuáles eran las facultades que él tenía, vamos a ver de las respuestas que nos emitan para actualizar la información. Nos dieron una información, hicimos otro requerimiento y voy a checar con el titular para los análisis correspondientes , aclaró el titular de la CNDH.
En paralelo, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, ofreció solidaridad a las familias de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos tras ser atacados el 26 y 27 de septiembre del 2014.
Al reunirse este miércoles con los familiares y activistas que los acompañan, Jan Jarab informó que la Oficina en México de la ONU-DH valoró los avances que han tenido lugar en materia de investigación.
Asimismo, saludó el acuerdo para la implementación del mecanismo de seguimiento a este caso en el marco de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y expresó que brindará apoyo a dicho mecanismo.
Durante el informe de la CNDH, órganos nacionales y multilaterales garantes de los derechos humanos que trabajan en el país apresuraron al Congreso de la Unión a culminar con los procesos normativos para dar vida a la Ley General de Atención a Víctimas, y avanzar en los temas de desplazados forzados; tortura y matrimonios igualitarios.