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Caso Ayotzinapa: GIEI cuestiona la validez de pruebas presentadas por el Gobierno federal
Los cuestionamientos planteados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se centran en mensajes de WhatsApp que la Comisión para la Verdad Ayotzinapa presentó en agosto como prueba de la supuesta colusión entre criminales y autoridades en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Foto EE: Cortesía Twitter Prodh
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga la desaparición de 43 normalistas en 2014 en Iguala, Guerrero, denunció este lunes inconsistencias en una pesquisa del Gobierno federal sobre el caso Ayotzinapa, aunque sin descalificarla por completo.
Los cuestionamientos se centran en mensajes de WhatsApp que una comisión gubernamental presentó en agosto como prueba de la supuesta colusión entre criminales y autoridades en la desaparición de los alumnos de Ayotzinapa entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
"No es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron entregados en imágenes o en registro fotográfico, ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata su autenticidad", dijo en rueda de prensa Francisco Cox, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
El GIEI fue creado en 2015 por acuerdo entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Al presentar los resultados de un peritaje contratado por el GIEI, los comisionados señalaron aspectos como la confirmación de lectura, una función que aparece en los textos, pero incorporada a la aplicación en noviembre de 2014.
El subsecretario de Derechos Humanos y cabeza de la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (COVAJ), Alejandro Encinas, admitió recientemente en una entrevista con The New York Times que un "porcentaje importante de esos mensajes" no podía verificarse.
La semana pasada Encinas matizó que de 154 capturas de pantalla, 99 son consistentes con otras pruebas y 55 aún no.
El reporte de la Comisión para la Verdad Ayotzinapa concluyó que, por sus acciones u omisiones, militares mexicanos tenían responsabilidad en la desaparición y muerte de los jóvenes a manos del cártel Guerreros Unidos.
Esa responsabilidad no fue incluida en la llamada "verdad histórica" planteada por el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que determinó que los alumnos fueron detenidos y entregados por policías locales a los narcotraficantes al ser confundidos con miembros de una banda enemiga.
La Comisión para la Verdad Ayotzinapa indica que los criminales buscaban recuperar droga escondida en un autobús que los estudiantes habían tomado para una protesta, sin saber del cargamento.
El GIEI también señala una posible implicación del Ejército que —asegura— sabía de los hechos en tiempo real porque tenía intervenidos telefónicamente a los criminales e infiltrados entre los jóvenes.
El grupo acusa al gobierno de intentar "acelerar los resultados del caso sin las debidas medidas de investigación", lo cual ha "puesto en riesgo los avances y el acceso a la verdad y la justicia".
En vísperas de la difusión de la pesquisa de la Comisión para la Verdad Ayotzinapa, la justicia ordenó la detención de unas 80 personas, incluyendo un alto exfuncionario y mandos militares. Pero la fiscalía solo ha ejecutado cuatro detenciones y ha rechazado una veintena, lo que provocó la renuncia del fiscal del caso, Omar Gómez Trejo.
kg