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Caso Odebrecht, aún sin tener una versión pública
A más de dos años de que el INAI le ordenara a la FGR abrir la versión pública sobre las investigaciones realizadas por el caso de corrupción Odebrecht en México, el asunto se mantiene estancado debido a las trabas interpuestas por la fiscalía, que ahora, es autónoma, señaló el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.
A más de dos años de que el INAI le ordenara a la FGR abrir la versión pública sobre las investigaciones realizadas por el caso de corrupción Odebrecht en México, el asunto se mantiene estancado debido a las trabas interpuestas por la fiscalía, que ahora, es autónoma, señaló el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.
El integrante del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dijo a El Economista que pese a que debería existir una versión pública “inmensa” para que sea por todos conocida, en términos de transparencia, la trama d sobornos entregados en México por la constructora brasileña Odebrecht, “por desgracia, a lo visto y con la confirmación de los reportes del área de cumplimientos de las resoluciones desde el INAI, seguimos estando en un problema serio”.
Detalló que de 16 resoluciones determinantes del INAI sobre el caso, en las que en una buena parte de ellas se exige que se entregue información en la modalidad de versión pública sobre la averiguación previa, hay reportes de que al menos 10 ya se dieron por cumplidas.
Sin embargo, advirtió que en estos casos el cumplimiento es sólo formal, ello debido a que ya caducaron los plazos en el que los solicitantes debían pagar los costos económicos por la reproducción física de los materiales “y que seguramente, por la volumetría de las hojas de un expediente de ese tamaño, eran impagables”.
“La fiscalía no quiso facilitar en versión electrónica, una versión pública que fuera básicamente gratuita (…) es evidente que la fiscalía hábilmente establece los montos de lo que debe pagar el particular para poder ir a recoger la información que se le notificó disponible en copias simples o, certificadas, en algunos casos”, explicó.
Por ello, añadió, resulta impactante ver que se dan por cumplidas las resoluciones sólo por la cuestión de que el particular que la pidió vio caducar el plazo para ir a pagar las copias de reproducción y por lo tanto recoger la información.
Esas son cumplidas formalmente, pero materialmente incumplidas”, enfatizó.
Asunto “paralizado”
El comisionado explicó que existen dos resoluciones cumplidas en las que sí se entregó una versión electrónica sobre cierta información solicitada y, otra más, en el que se hace ver que el solicitante pudo verificar la información sin hacer alguna otra objeción.
Mientras que hay otros dos casos en las que se manifiesta como incumplidas por la misma razón de querer entregar la información, a quien lo pide, si únicamente paga por los costos de reproducción de una versión pública física que resulta muy cara.
Ante estas trabas, Acuña Llamas reconoció que el INAI se encuentra en una encrucijada, ello debido a que la ley de transparencia no les permite ser “fiscales del problema. Nos permite ordenar que se abra y se entregue, y que se haga efectivo del derecho a la información”, con lo que no se puede cubrir más allá de la instrucción.
“El trabajo del INAI, en este caso se queda entrampado (...) Es una trama, un asunto que por desgracia parece ser un asunto hechizado, que está paralizado, que la misma calma y la misma vacilación que vimos cuando este asunto estalló en términos mediáticos y de conocimiento público a finales de la administración de Enrique Peña Nieto, está exactamente igual, en situación de pasmo y de estancamiento, con todo y ante una fiscalía general autónoma”, dijo.
El comisionado también destacó que en este caso y otros asuntos que se ven rodeados por la procuración de la justicia, han sido históricamente restringidos. “Siguiendo esa misma lógica de cerrar todo, encapsular, porque puede afectar a terceros inocentes, bajo la lógica de presunción de inocencia (…) pero esto no se puede volver un motivo para que no se abra nada”, subrayó.
“Siempre ha habido una tendencia a restringir, a retener, a que haya resistencia, desde el 2002 y hasta el 2021, una serie de mecánicas inerciales a cerrar, retener la información pública; a entorpecer la transparencia y a impedirla incluso, aprovechado las lagunas legales”.