Con críticas, va Ley de Seguridad Interior

En medio de intensas críticas y protestas dentro y fuera del Senado de la República, la Ley de Seguridad Interior ganó terreno en esta Cámara, luego de que se aprobara por mayoría en las comisiones encargadas de realizar el dictamen del proyecto enviado por la Cámara de Diputados.

Tras discutir el dictamen por unas cinco horas y media, el documento fue aprobado en lo general, por una votación de 19 senadores a favor y 11 en contra, en las comisiones de Gobernación, Marina, Defensa Nacional y Estudios Legislativos Segunda.

Tras un receso decretado en la sesión ordinaria —que duró también casi cinco horas—, el dictamen quedó en primera lectura y sería discutido hoy “en alguna de las sedes oficiales de este Senado de la República”, instruyó el presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero.

El dictamen avalado por la mayoría de los integrantes de las cuatro comisiones incluye la modificación a nueve de los 34 artículos que contiene el proyecto de la ley aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre y enviado al Senado para su revisión el 1 de diciembre, así como la adición de un artículo transitorio.

El senador del PAN Fernando Torres Graciano informó que hoy se presentarán propuestas de modificación para su discusión en el pleno a los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22, 26 y la adición de un transitorio del proyecto de decreto. En tanto, la senadora del PAN Pilar Ortega Martínez anunció que se reservaba los artículos 4, 8, 9, 27, 33 y 34.

Los cambios hechos abarcan sustitución de palabras y párrafos añadidos a nueve artículos para tratar de dar respuesta a las inquietudes expresadas por organizaciones sociales y organismos internacionales.

De acuerdo con el proyecto modificado, se agregó un artículo transitorio, con el que en total sumarán cinco.

Este quinto transitorio tiene la finalidad de propiciar el cumplimiento de programas, acciones, plazos y presupuesto en materia de seguridad pública.

“Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales en los que se estuvieren realizando acciones que puedan ser materia de una declaratoria de protección en términos de la misma (...) deberán, en el ámbito de sus atribuciones, presentar un programa con plazos, acciones y presupuesto para dar cumplimiento al modelo de función policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

“El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional Seguridad Pública, en un plazo de 90 días, contados a partir de que las entidades federativas, municipios o demarcaciones (...) acrediten la presentación del programa señalado en el párrafo anterior, deberá emitir el dictamen correspondiente”, se lee.

Al artículo 1 se agregó un párrafo para especificar que las disposiciones de esta ley son en materia de seguridad nacional en términos de la Constitución. Para integrar que la aplicación de la ley será de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y los tratados internacionales, fueron modificadas algunas palabras del artículo 7.

A través de una adición al artículo 22 se propone delimitar que la dirección de los grupos interinstitucionales estará a cargo de la autoridad civil, salvo en los casos en que las acciones de seguridad interior requieran la intervención de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, se estipula que el presidente de la República podrá ordenar acciones inmediatas sin perjuicio “de la comunicación que realice la Secretaría de Gobernación de forma posterior a los titulares del Poder Ejecutivo respectivo de las Entidades Federativas”.

Al comenzar el debate, el senador del bloque denominado PT-Morena, Benjamín Robles, solicitó una moción suspensiva que pretendía dejar en pausa la sesión de las cuatro comisiones dictaminadoras, debido a que los senadores que pretenden aprobar el proyecto de ley “lo hacen ignorando a las miles y miles de voces provenientes de la sociedad civil, que permanente han estado advirtiendo sobre los graves riesgos de esta ley”. Esta propuesta  se desechó por 15 votos a favor y ocho en contra.

Al presentar el dictamen ante las comisiones unidas, la senadora del PRI, Cristina Díaz, quien preside la Comisión de Gobernación, expresó que “hoy en día las Fuerzas Armadas mexicanas han expandido sus funciones en la lucha contra el narcotráfico y otras cuestiones de seguridad interna. Por lo tanto es importante dar viabilidad a la expedición de dicha ley a fin de que se fortalezca la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior”.

En contra estuvo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña (PRD), quien aseguró que con esta norma no se resuelve el problema que reclama la sociedad.

EL DATO

Un tribunal unitario del Poder Judicial de la Federación (PJF), ratificó la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita, esto ante las pruebas que presentó la PGR, por lo que negó un amparo al exgobernador quien alegaba que se violentó el debido proceso.

El magistrado del Quinto Tribunal, resolvió rechazar el amparo al exponer que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público revelan “hasta este momento, que existió una organización criminal dedicada a desviar recursos públicos del Gobierno del Estado de Veracruz, mismos que se dispersaron a través de diversas acciones con finalidad de ocultarlos”. (Con información de Rubén Torres)