Con signos de tortura 50% de arraigados

La figura del arraigo ha sido poco eficaz en la lucha contra la delincuencia organizada y ha dado pie a una serie de violaciones a los derechos humanos, entre ellos, la tortura.

Daniel Joloy, coordinador del área de incidencia internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), afirma que de acuerdo con datos oficiales de la Procuraduría General de la República, del 2008 a noviembre del 2012 han sido arraigadas poco más de 7,000 personas, de las cuales sólo 3% ha recibido sentencias condenatorias y el resto ha sido puesto en libertad.

Joloy expone que el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU verificó que en la casa nacional de arraigo en México, 50% de las personas que se encontraban en ese lugar mostraba signos de violencia y tortura. Para el defensor de derechos humanos, las iniciativas que actualmente se encuentran en el Poder Legislativo y que pretenden acotar el tiempo de arraigo no atienden de fondo el problema, ya que el gobierno federal debe enfocarse en la profesionalización en los cuerpos policiacos y de investigación, construir un MP fuerte y autónomo, que realmente pueda investigar y crear casos sólidos.

Si hubiera cuerpos de investigación eficientes no se necesitaría una figura del arraigo , asevera.

Estas iniciativas que se analizan en el Congreso de la Unión plantean incluir un catálogo de delitos sobre los cuales se pudiera solicitar el arraigo, entre ellos algunos ilícitos de alto impacto, como homicidios, secuestros, extorsión. Lo que a decir de Daniel Joloy implicaría una ampliación de lo que establece actualmente la Constitución, más allá de limitar el arraigo, se pretende reducir el tiempo, pero se está ampliando los supuestos por los cuales se puede arraigar a una persona. Cosa que va en sentido opuesto de eliminar el arraigo .

El Coordinador de la CMDPDH asevera que esta figura no funge como medida extraordinaria, ya que desde su constitucionalidad, en el 2008, se ha aplicado de forma excesiva, siendo en los estados su mayor implementación, no sólo para los casos de delincuencia organizada, sino incluso, dice, para investigar el robo de vehículos, casos que deberían ser indagados por las procuradurías locales.

Actualmente, esta figura es utilizada para muchos otros delitos como homicidios, secuestros, incluso robos, contrario a lo que establece la Constitución , lamenta.

El problema de fondo, reitera, está en las capacidades y herramientas que tienen los ministerios para investigar la comisión de los delitos.

Hay que explorar nuevas formas que fortalezcan al Ministerio Público. México se encuentra en un contexto de violencia muy complejo, la delincuencia es un tema nada sencillo, pero no estamos avanzando por el camino que nos dé las herramientas necesarias para investigar y atender el problema de raíz .

El gobierno federal está ignorando las recomendaciones internacionales sobre la eliminación de esta medida cautelar y se está haciendo caso omiso a lo que la sociedad civil ha exigido durante mucho tiempo, denuncia Joloy. A la fecha, México ha recibido nueve recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos refiriendo la necesidad de eliminar el arraigo de la legislación y de la práctica, tanto a nivel federal como estatal, entre ellos el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El integrante de la Comisión hace un llamado a los legisladores para abrir este tema a la sociedad, así como a organizaciones civiles, y no aprobar reformas, que afirma son simulaciones que no resuelven el problema de violaciones a los derechos humanos.

ALDF

Buscan abolir arraigo en el DF

El gobierno capitalino envió una iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) con el fin de abrogar la figura del arraigo.

Sin embargo, dentro de la propuesta se establece la creación de la figura de detención de control judicial, la cual contempla que el indiciado esté detenido por un periodo de cinco días para que el Ministerio Público (MP) recabe las pruebas y ya no de 30, como se hace actualmente.

Dentro de esta figura, se propone que el MP ya no tenga a su disposición al inculpado, sino que esté bajo la tutela de un juez de control.

veronica.macias@eleconomista.mx