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Condena la ONU violencia en penal
En el motín en Amatlán, el fin de semana pasado, murieron ocho personas: seis policías y dos reclusos.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron los hechos violentos registrados en el Centro de Reinserción Social de La Toma, ubicado en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, entre la noche del 31 de marzo al 1 de abril, se registraron agresiones dentro del penal. En esta acción ocho personas fallecieron, entre ellas, dos policías estatales, dos policías municipales, un custodio, un policía del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz y dos internos. Otras 60 personas tendrían lesiones de distinta consideración.
Información preliminar apunta a que los policías asesinados eran parte del grupo que participaría en el traslado de varios reos a otras prisiones. “Es imperativo que las autoridades desarrollen a la mayor brevedad posible una investigación exhaustiva, independiente e imparcial que permita el juzgamiento y sanción de los responsables de estos hechos”, declararon ambas agencias a través de una postura oficial.
Asimismo, recordaron que es obligación del Estado garantizar los derechos humanos en lugares de privación de la libertad. Señalaron que los traslados deben ser planeados y ejecutados con miras a proteger tanto los derechos de las personas privadas de libertad, como la vida e integridad de las autoridades que en ellos participan.
Ya en el 2014, el entonces relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, advirtió en su “Informe sobre la situación de las personas privadas de libertad” en México, que en los centros penitenciarios se registraba el incremento de niveles de violencia, hacinamiento y sobrepoblación, situación que impactaba directamente en las condiciones de vida de las personas en situación de reclusión.
Juan Méndez también advirtió que el uso de la tortura contra las personas en custodia ocurre durante el arresto y las primeras horas o días de la detención con fines de investigación criminal.