Consejo Consultivo pide a la CNDH indagar ejecución de jóvenes en Tamaulipas

Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigieron que la misma investigue la presunta ejecución de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y asista al lugar de los hechos para brindar apoyo y atención a las víctimas y familiares de las mismas.

Además, que se gestione ante las autoridades competentes las “suficientes y oportunas” medidas de protección a las víctimas, a sus familias y a las asociaciones civiles involucradas o comprometidas en los acontecimientos.

En un documento, firmado por seis integrantes del Consejo, reprobaron los hechos ocurridos la pasada madrugada del 26 de febrero, en el que elementos militares agredieron con armas de fuego a jóvenes que viajaban en una camioneta.

Debido a esto, exigieron que la CNDH solicite al presidente Andrés Manuel López Obrador en su calidad de comandante supremo de las fuerzas armadas, que ordene lo conducente para que los elementos del Ejército se conduzcan en apego a criterios, nacionales e internacionales, para el uso de la fuerza y de las armas.

También, que se vigile que la Fiscalía General de la República realice una investigación objetiva y exhaustiva que aclare lo ocurrido, determine responsabilidades e imponga las sanciones correspondientes. Además, que se investiguen – dentro del expediente abierto de oficio – las probables violaciones a los derechos humanos.

En la misiva, que se compartió a través de redes sociales, los consejeros pidieron que los responsables sean recluidos en centros de detención civil y se les juzgue dentro del fuero civil.

Por otro lado, instaron a la Comisión a que evite denostar o limitar la libertad de expresión de periodistas y sociedad civil, como lo hicieron las autoridades en el comunicado DGDDH/047/2023 en el que llamaron a las asociaciones civiles, activistas y medios de comunicación que habían divulgado los acontecimientos, “a fin de evitar la generación de desinformación mediante la difusión de datos no verificados y de versiones extraoficiales”.

Las y los consejeros firmantes –Georgina Diédhiou Bello, Tania Espinosa Sánchez, Adalberto Méndez López, Bernardo Romero Vázquez, Jorge Alejandro Saavedra López y Ángel José Trinidad Zaldívar– reiteraron su temor fundado de que los hechos violentos que presuntamente perpetraron los elementos militares, en agravio de la población civil, sean consecuencia de la creciente militarización del país.

Y en colocar a integrantes de las fuerzas armadas, que no están sensibilizados y capacitados en materia de derechos humanos, a realizar actividades de seguridad que son exclusivas de autoridades civiles.