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Crecen 37% expedientes por violaciones graves a DH
Expertos indicaron que el órgano de derechos debe tener un rol más activo de vigilancia.
Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 20 de junio de 2023, durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene registro de 92 expedientes por violaciones graves de derechos humanos, en los que están involucradas instituciones federales como el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, así como la Secretaría de Gobernación, entre otras.
Esta cifra representa un aumento del 37%, con respecto a los 67 expedientes —en los que estuvieron también involucradas instituciones federales— que se presentaron en el periodo similar de la administración de Enrique Peña Nieto (1 de diciembre del 2012 a junio del 2017).
De acuerdo con la información de la CNDH entregada a un ciudadano a través de la solicitud con folio 330030923001011, desde el 1 de enero del 2012 y hasta el 20 de junio de este 2023, las autoridades que acumulan más expedientes por violaciones graves de derechos humanos son la Marina (59); la Secretaría de la Defensa Nacional (51); y la Policía Federal (18).
Cabe mencionar que la Guardia Nacional entró en funciones en 2019 y sustituyó a la Policía Federal.
Capacidades para indagar
Expertos consultados expresaron su inquietud sobre la independencia de la CNDH y su capacidad para investigar violaciones a los derechos humanos.
Señalaron la importancia de que la Comisión recupere su papel como defensora efectiva de los derechos humanos y como contrapeso ante las acciones de las fuerzas de seguridad.
Edith Olivares Ferreto, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, resaltó la necesidad de un papel más protagónico por parte de la órgano defensor de derechos fundamentales.
También, explicó que es fundamental contar con observadores independientes que puedan realizar recomendaciones y dar seguimiento para garantizar que éstas sean cumplidas en casos relacionados con corporaciones de seguridad en la República mexicana.
Olivares Ferreto expresó que se espera que la CNDH asuma un papel más activo y firme en la respuesta a estas violaciones de derechos humanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos tendría que tener, desde mi punto de vista, una mayor interlocución con las organizaciones de la sociedad civil (...) Tenemos muy poquitos (miembros de la sociedad civil) locución en los últimos años y hay que recordar, además, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene una labor de vigilancia, como decía, de contrapeso, de manera que es importante que esté atenta que se despliegue también en terreno a observadores para que puedan hacer las recomendaciones y dar seguimiento a que esas se cumplan”, opinó.
La especialista planteó la importancia de evaluar los mecanismos de rendición de cuentas dentro de estas fuerzas de seguridad. En este sentido, destacó la necesidad de contar con mecanismos externos de supervisión policial, independientes y con participación ciudadana, para mejorar los estándares de uso de la fuerza y el comportamiento de los agentes.
Renuncia a facultades
Humberto Guerrero, coordinador del Programa de Derechos Humanos de Fundar, enfatizó que en la actual administración, ha habido una renuncia de la CNDH a hacer uso completo de sus facultades legales para investigar casos de abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
A pesar de tener las herramientas disponibles, la CNDH no ha mostrado una actitud proactiva, agregó, frente a casos graves de abuso durante el mandato de López Obrador.
“Lo primero que tendría que hacer (la CNDH) es ejercer sus facultades legales para abrir investigaciones cuando se dan este tipo de casos de manera oficiosa, es decir, sin tener que esperar a que alguien se duela o se queje (…) sino que la CNDH puede hacerlo de oficio, legalmente tiene esa facultad", dijo el miembro de Fundar.
También, argumentó que la CNDH debería ejercer sus facultades legales para abrir investigaciones de manera oficiosa en casos de este tipo.
Por último sugirió que la CNDH podría utilizar sus atribuciones legales para solicitar información y acceder a las instalaciones de las Fuerzas Armadas en casos sensibles, como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Militares privaron de la vida a cinco jóvenes en Tamaulipas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 119VG/2023 a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR) por graves violaciones a los derechos humanos y privación arbitraria de la vida en el caso de cinco personas que fueron ultimadas por militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La CNDH documentó que el 18 de mayo de 2023, cuatro elementos de la Sedena interceptaron a cinco personas a bordo de un vehículo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, privandoles de la vida de manera arbitraria a través del uso ilegítimo de armas de fuego. Esta acción violó derechos constitucionales y tratados internacionales, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“De acuerdo con las constancias que obran en la Carpeta de Investigación 1, los elementos militares que presenciaron los hechos manifestaron ante Ministerio Público militar que las cinco víctimas habían sido desarmadas, inspeccionadas y sometidas, por lo que no representaban un peligro para los elementos militares”.
La Comisión destacó también que un perito de la FGR, encargado del análisis de lesiones de las víctimas, dispuso de información falsa que entorpeció la carpeta de investigación y obstruyó el acceso a la justicia para las víctimas y sus núcleos familiares.
Como resultado, la CNDH emitió una serie de recomendaciones. A la Sedena se le pidió reparar integralmente el daño a las víctimas y sus familias, que requieran atención médica, psicológica y tanatológica por personal especializado ajeno a la institución. Además, deberá colaborar en la investigación de la FGR y el fuero militar, y diseñar un plan de formación integral para el personal involucrado.
Por su parte, la FGR debe colaborar en la denuncia contra el perito oficial, asegurando que se investigue y sancione conforme a derecho. También se le pidió deslindar responsabilidades administrativas y diseñar un curso de derechos humanos para peritos en funciones.