Cuentan con bloqueo de señal, pero siguen las llamadas

Si bien 80% de las cárceles federales cuenta con inhibidores de señal para impedir llamadas de telefonía celular desde el interior y se cometan actos de extorsión, lo cierto es que los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) continúan siendo “escuelas del crimen”, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En una situación más preocupante, desde el 2011 la Auditoría reveló que 87.9% de las 406 cárceles estatales y municipales del país no contaba con equipos inhibidores de señales de radiofrecuencia, a pesar de haber sido un compromiso del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Desde ese año, el órgano superior de auditoría alertaba que apenas 21 de las 32 entidades tenía equipos inhibidores, donde se localizaban 117,310 de los 212,660 internos de los centros penitenciarios del orden local, y desde donde principalmente ocurrían las llamadas de extorsión a ciudadanos.

Tan sólo en el 2016 ocurrieron 5.5 millones de llamadas -posiblemente de extorsión- desde centros de reclusión estatales y federales a través de 1,199 equipos celulares, de acuerdo con una investigación de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).

Asimismo, desde el 2014, la Auditoría refirió que de los 17 centros federales de reclusión, 88.2%, es decir 15, sí contaba con 193 inhibidores de señal celular.

Destacó que el Centro Federal 10 Noroeste no dispuso de inhibidores de señal, a pesar de que entró en operación en el 2012, y que en el 2014 albergó 380 de los 24,776 internos recluidos en los Ceferesos.

Sin embargo, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) precisó que dicho centro federal se encontraba cerrado, ya que su población penitenciaria había sido trasladada a otros centros federales.

Respecto del Centro Complejo Penitenciario Islas Marías, el OADPRS informó que no era necesario instalar dichos equipos, dadas las condiciones de aislamiento del propio complejo penitenciario, que no requieren de estos equipos.

Por ello, en su diagnóstico de la Estrategia Penitenciaria 2008-2012 que elaboró la Comisión Nacional de Seguridad, la Auditoría Superior de la Federación señaló que además del problema de la falta de inhibición de señal de equipos de telefonía celulares, “la sobrepoblación en las cárceles se explica por el uso excesivo de la prisión preventiva, hecho que presiona la capacidad de reclusión para personas condenadas”.

“La presencia de internos del orden federal en establecimientos estatales es resultado de la jurisdicción para juzgar el delito cometido y del mandato constitucional de procurar que la condena se cumpla cerca del lugar de origen para favorecer su reincorporación a la sociedad, prescindiendo del ámbito al que pertenece el delito de orden común o federal, por lo que el sistema penitenciario no ha podido cumplir con los supuestos para la reinserción social de los internos que establece la Constitución, debido a la carencia de actividades estructuradas y a la existencia de un marco jurídico ambiguo e insuficiente, que ha convertido a los centros penitenciarios en un eslabón más en la cadena delictiva, popularmente conocidos como escuelas del crimen”, refirió.

Una mala inversión

Los delitos cometidos desde un centro de reclusión, como la extorsión, y la capacidad del crimen para organizarse, surgen de la corrupción y el autogobierno; medidas como la instalación de bloqueadores de señales son paliativos que no atacan el origen ni causas del problema, advierten especialistas en prevención del delito y procuración de justicia.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detectó un deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad en 66 centros de detención a los que ha tenido acceso. Entre las fallas señaló un mediocre “control del ingreso de visitas tanto familiar como íntima, uso de los teléfonos y de la seguridad, situación que vulnera el control que debe tener la autoridad sobre el Centro, favoreciendo la violencia dentro del mismo”, de acuerdo con lo reportado en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016.

Si bien el despliegue de aparatos para bloquear la señal de equipos móviles en centros penitenciarios es un esfuerzo para tratar de disminuir un delito, la estrategia es un paliativo que no erradica el origen de la falta, detecta el presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, Luis Wertman Zaslav.

“Si el principio básico es que no debe haber celulares en una cárcel, desde el momento que entra un celular, el corrupto verá la manera de manipular”, expresó consultado por El Economista.

En este sentido se pronunció Fabiola Mondragón, analista del Área de Justicia de Centro de Investigación para el Desarrollo AC: “Las extorsiones son el síntoma; la enfermedad es el autogobierno y la corrupción”, dijo.

Asimismo, exhibió que los recursos empleados para la instalación de los bloqueadores podrían usarse en estrategias efectivas como la renovación del personal penitenciario, mejora de sus salarios y capacitación para prevenir el cohecho.

Tan sólo por la compra de 155 dispositivos a través de un proceso de adjudicación directa a la empresa Software DSI SA de CV, se gastó un monto total de 24 millones 795,000 pesos, de acuerdo con información de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Esta oficina puntualiza que en 13 Centros de Reclusión de la Ciudad de México han sido encontrados del orden de 21,589 teléfonos celulares durante las diversas revisiones realizadas del 1 de enero del 2006 al 15 de enero del 2017.

La Segunda Sala de la Corte resolvió que la Ley Federal de Telecomunicaciones no es contraria a los derechos humanos, al debido proceso o a la seguridad jurídica.

Al resolver un amparo en revisión, expuso que las concesionarias de telecomunicaciones tienen el deber de atender a la solicitud de entrega de datos de tráfico, que se entiende como aquella información que permite identificar los datos necesarios para rastrear comunicaciones de telefonía móvil.