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Política

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DH en penales, en condiciones deplorables

Además del hacinamiento, la CIDH observó la presencia de un uso excesivo de la prisión preventiva en los penales mexicanos.

El Relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, encontró un ambiente extremo de represión y uso prolongado de regímenes de aislamiento en cárceles del país.

El también relator para México realizó una visita de trabajo a México entre el 22 y el 24 de septiembre del 2015, la cual tuvo como objetivo monitorear la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en este país, además de realizar actividades relativas a los mecanismos de soluciones amistosas y seguimiento de peticiones y casos.

El funcionario de la CIDH visitó el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Altiplano (Cefereso No. 1), así como el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha, el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente.

En el Cefereso No. 1, el comisionado observó condiciones deplorables en las celdas de castigo utilizadas, y especialmente por el prolongado tiempo de aplicación de este tipo de sanciones.

Durante su estancia en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Cavallaro comprobó que éste contaba al día de la visita con una población de 12,883 personas privadas de libertad, cuando su capacidad es para 5, 604 personas.

El relator de la CIDH informó que los reclusorios federales presentan mejores condiciones físicas y más control, pero, al mismo tiempo hay un ambiente de extrema represión .

Las cárceles federales se caracterizan por la utilización de prolongados regímenes de aislamiento, hasta por 23 horas al día, restricción de comunicación entre internos y graves dificultades para tener contacto con el exterior.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó la presencia de un uso excesivo de la prisión preventiva y la inaplicación de medidas sustantivas. En particular, en la visita a los centros realizada por esta relatoría, se recibieron numerosos testimonios de personas cuyos casos habrían excedido ampliamente el límite constitucional de dos años para la aplicación de la prisión preventiva.

La Comisión Interamericana advierte que en reclusorios federales y estatales en México se presentan patrones comunes y estructurales, tales como hacinamiento, corrupción, indebida atención médica, falta de privacidad, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social, maltrato por parte del personal penitenciario a cargo de la custodia de las personas privadas de libertad (...) , reportó Cavallaro.

ana.langner@eleconomista.mx

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