Denuncian familias retrocesos en indagatoria sobre Ayotzinapa

Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, denunció que la narrativa del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, sobre el caso se acerca más a la conocida como “Verdad Histórica”, que a donde se encuentra la investigación en este momento.

Tras su salida de Palacio Nacional de la segunda reunión con autoridades federales, en menos de una semana, el abogado comentó que el subsecretario refirió que los estudiantes iban infiltrados y que las acciones se trataron de una disputa entre los bandos del crimen organizado.

Además dijo que al único miembro de las Fuerzas Armadas que se le fincaron responsabilidades, según lo explicado por Encinas Rodríguez a los familiares de las víctimas, fue al capitán Martínez Crespo.

Fuera de ahí no aparece ningún militar más con responsabilidad; no se dice nada de quienes construyeron la ‘Verdad Histórica’, no aparecen esas circunstancias”, reprochó el abogado.

“Es la misma reunión, es incluso peor, porque ahora le agregan un elemento más. Nosotros ya habíamos dialogado con Alejandro Encinas y él nos había explicado qué era lo que contenía su informe; entonces había consenso sobre lo que contenía, hasta donde estábamos y qué era lo que faltaba. Ahora está incorporando elementos nuevos a este informe, más cercanos a la ‘Verdad Histórica’, incluso criminaliza a los estudiantes”, resaltó Vidulfo Rosales.

Ante esto, y a manera de protesta, explicó que los padres no recibieron el informe que las autoridades habían asegurado que les entregarían ya que sólo se les presentaron algunos documentos, como escuchas telefónicas de Chicago, que no eran relevantes para los padres por ser información que ya se conoce.

Por otro lado, comentó que analizará, junto a los padres y madres de los desaparecidos, si continúa el diálogo, o no, con las autoridades, pero afirmó que no se estaba dando ninguna respuesta a la solicitud planteada por ellos.

Mario César González, padre del estudiante César Manuel González, calificó como una falta de respeto el hecho de que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, acudiera como vocera del general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la reunión, pues ella “no sabe nada de información y no tiene absolutamente nada de información”.

En la mencionada reunión estuvieron presentes, por parte de las autoridades, la secretaria antes mencionada, Alejandro Encinas, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra.

Militares, sin penas

Vidulfo Rosales explicó más temprano ayer que los militares implicados en el caso Ayotzinapa enfrentan procesos penales por su presunta colusión con el grupo delictivo Guerreros Unidos, pero estas detenciones no están relacionadas con la desaparición de los 43 jóvenes normalistas.

Durante el foro “A nueve años del caso Ayotzinapa: ¿Qué sigue? Elementos para avanzar hacia la justicia, la verdad y la reparación”, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el abogado de los familiares de las víctimas señaló que las pruebas contra los miembros castrenses se basan en escuchas telefónicas y testimonios que implican corrupción y relaciones ilícitas con el mencionado grupo criminal.

Rosales dio a conocer que la defensa de estos elementos de las Fuerzas Armadas ha alegado que ha existido un efecto corruptor en el proceso, con lo cual se busca cuestionar la validez de la investigación; sin embargo, informó que esta alegación debe respaldarse con elementos objetivos y pruebas fehacientes para que sea otorgada.

Además, dijo que se interpuso un amparo debido a que un Tribunal de apelación estaba dando por sentado la existencia de dicho efecto corruptor, cuando detalló que eso no ha sido probado todavía y se trata de un argucia de la defensa.

Por su parte, Ángela Buitrago expresó preocupación por la falta de acceso a la justicia que han enfrentado las familias de los jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desde el inicio del caso.

La exmiembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) comentó que el derecho a la verdad ha sido socavado por la falta de cooperación de las autoridades y la negativa a entregar información relevante.

Enfatizó en la necesidad de una fiscalía autónoma para avanzar en el acceso a la justicia, el derecho a la verdad y la reparación del daño.

Sin la autonomía, Buitrago advirtió que será difícil lograr avances significativos en este caso.

Mientras que Carlos Beristain, también exmiembro del GIEI, destacó la importancia de entender las diferentes fuerzas en juego que buscan obstaculizar la búsqueda de la verdad en el caso Ayotzinapa.

El experto consideró que esta comprensión es esencial para avanzar de manera efectiva hacia una transformación real y garantizar la protección de la investigación en curso.

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