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Ecuador inicia trámite para extraditar a Lucía Morett
Según la Fiscalía general hay pruebas para acusar a Lucía Morett y otras dos sobrevivientes del ataque al campamento de las FARC de atentar contra la seguridad de Ecuador.
Ecuador tramita la extradición de las tres sobrevivientes a la incursión militar colombiana a su territorio el año pasado, acusadas por la justicia local de atentar contra la seguridad y soberanía del país andino, dijo el martes un funcionario.
Las mujeres fueron encontradas con heridas graves en la base de las FARC asentada en la selva ecuatoriana y destruida por el Ejército de Colombia en un violento operativo, una acción que provocó una crisis regional y el rompimiento de relaciones diplomáticas entre Quito y Bogotá desde marzo.
La mexicana Lucía Morett y las colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez abandonaron el país, luego de reponerse de sus heridas en un hospital militar, bajo la protección del Gobierno de Nicaragua, que les concedó asilo por "razones humanitarias".
La Fiscalía General solicitó a la Corte de Justicia iniciar la extradición de las tres personas, que enfrentan un juicio y orden de prisión preventiva, pues tras una investigación se consideró que existen pruebas para acusarlas de atentar contra la seguridad del país al encontrarse en la base de las FARC.
"Lo que corresponde si la persona está fuera del país es pedir la extradición. La Fiscalía ha emprendido en la petición de extradición", dijo el Fiscal General, Washington Pesántez, a periodistas.
Bohórquez y Pérez, identificadas como militantes de las FARC, continúan en Nicaragua, mientras que Morett, quien negó cualquier vínculo con el grupo guerrillero, arribó a su país natal, México, en diciembre pasado, según medios locales.
En el ataque militar murieron 25 personas, incluido el líder de las FARC, Raúl Reyes, y despertó la ira de los países amigos de Ecuador, como Venezuela y Nicaragua, que alteraron sus relaciones diplomáticas con Colombia en rechazo a lo que llamaron una violación a la soberanía ecuatoriana.
Los Gobiernos de Ecuador y Colombia se han enfrentado tras el incidente en una seguidilla de acusaciones en torno a un escaso control de la frontera de 700 kilómetros de extensión, en donde operan grupos irregulares colombianos y delincuentes.
El Ecuador destina anualmente unos 100 millones de dólares para el control de su línea de frontera y destruye decenas de campamentos y laboratorios para el procesamiento de droga.
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