Covid-19 nubló a la 4T; inseguridad, el pendiente

Pandemia por coronavirus

Entre los primeros lugares en decesos y contagios

En el segundo año de administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el sector salud requirió de medidas extraordinarias para atender la pandemia por Covid-19. Sin embargo, tanto organismos internacionales como especialistas han reiterado que las autoridades mexicanas han subestimado la magnitud de la emergencia.

Hasta ayer 31 de agosto, en el país se habían confirmado 599,560 casos de infección y se reportó un total de 64,414 decesos por el virus.

Así, México ocupa el octavo lugar a nivel mundial con mayor número de casos positivos del nuevo coronavirus, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

Sin embargo, en el rubro de defunciones, México está en el cuarto lugar, sólo por debajo de Estados Unidos, Brasil e India.

Entre las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias para prevenir contagios, fue el distanciamiento físico y la suspensión de actividades económicas. Ante esta decisión, la Organización Panamericana de la Salud y Mundial de la Salud (OPS/OMS) en México han reiterado que el país enfrenta una situación extremadamente compleja.

Por una parte, la población debía mantener las medidas de “Sana Distancia” para evitar la propagación del virus, y al mismo tiempo enfrentar el impacto social y económico causado por la suspensión de actividades.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe previó que se pasará de 11.1 a 15.9% del total de mexicanos que vivirán bajo la línea de extrema pobreza.

Pese a que en reiteradas ocasiones, tanto el presidente López Obrador como el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, han asegurado que la contingencia se encuentra controlada, el Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS manifestó la semana pasada que en México la emergencia sanitaria está subestimada por el bajo número de pruebas de diagnóstico aplicadas.

Entrevistado por El Economista, el extitular de la Secretaría de Salud federal, José Ángel Córdova, coincidió que se ha subestimado el impacto del Covid-19.

Córdova Villalobos mencionó, en cuanto a la estrategia desplegada por el virus, que el modelo centinela no funcionó, ya que está planeado para conocer el desarrollo de una pandemia de un virus conocido.

“Además están disminuyendo el número de pruebas, no sabemos si es por restricción presupuestaria, pero los países que han mejorado son aquellos que han realizado pruebas y han establecido una política de seguimiento de los casos positivos”, dijo.

El exsecretario de Salud reconoció, a su vez, que la reconversión hospitalaria fue un acierto, ya que no se ha visto rebasada la demanda de hospitales, además de destacar la negociación por parte de la cancillería para adquirir la vacuna.

Por su parte, el vocero de la Comisión Universitaria para la Atención del Coronavirus de la UNAM, Jorge Baruch Díaz, dijo que las autoridades deben prepararse para reducir el impacto de las próximas oleadas de Covid-19, y deberán implementarse estrategias de detección y rastreo de cadenas de transmisión que puedan influir en rebrotes.

“Es importante asegurar la capacidad del Sistema de Salud, no se puede retroceder en la cobertura que se amplió, se tiene que asegurar y sostener, así como los recursos humanos disponibles e infraestructura. Esto será fundamental para lidiar con las próximas oleadas (de Covid) hasta que se cuente con una vacuna”, apuntó.

A diferencia de otros países, dijo, México acertó al poner al frente de la crisis sanitaria a especialistas en el tema y, agregó, que se ha implementado una estrategia que evoluciona conforme se desarrolla la emergencia, aunque puntualizó que falta una mayor actuación de autoridades locales.

En tanto, la coordinadora de salud alimentaria de la organización civil: El Poder del Consumidor, Katia García, expresó que una de las lecciones de la pandemia es la importancia de mantener una sana alimentación y consideró que se deben fortalecer políticas que apoyen a la producción en el campo para que las y los campesinos tengan mayor soporte y la oportunidad de producir alimentos saludables.

Combate a la corrupción

Más que casos insignia, faltan políticas públicas

“Tenemos ahora una lucha frontal contra la corrupción”, han sido las palabras constantes en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador desde su llegada, hace casi dos años, a la Presidencia. Sin embargo, esta visión parece carecer de políticas públicas que vayan más allá de las acciones mediáticas o simbólicas ejercidas por el mandatario, consideraron expertos en temas anticorrupción.

Para Fernando Nieto, investigador en administración pública del Colegio de México, la estrategia de López Obrador en la lucha contra la corrupción se puede interpretar  como un acto simbólico, en el cual la generación de políticas públicas nuevas para el combate a este flagelo tiene pocos avances.

Sin dejar de lado que existe un distanciamiento claro entre el Sistema Nacional Anticorrupción y el presidente, aunado a que se ha hecho muy poco por mejorar la investigación contra los delitos de cohecho.

“No hay una visión coherente y administrativa de política pública, como tal, para identificar un problema y crear mecanismos y estrategias para lidiar con el asunto, sino que estamos en el mundo de las acciones mediática y simbólicas, y de los grandes discursos”, expresó en entrevista telefónica.

Y aunque parte importante de la iniciativa de combate a la corrupción del presidente se ha enfocado en el uso de las fuerzas armadas, el académico advirtió que basarse ante un supuesto de que si cambias a la gente o que al hacer uso del Ejército va a disminuir automáticamente la corrupción, se corre el riesgo de afectar la transparencia.

“El presidente ha dejado claro que desconfía de la administración pública civil, eso se corresponde con el uso de los elementos castrenses. Sin embargo, existe evidencia de que también fallan y no sólo en temas de derechos humanos, sino en términos de integridad pública y eso también es un poco preocupante”, añadió.

Pablo Montes, coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, advirtió que el discurso del combate al flagelo del Ejecutivo federal ha sido el principal elemento para justificar medidas de gobierno como la austeridad y ha sido un arma de presión contra la oposición.

Añadió que aun cuando hay “casos emblema” de lucha contra la corrupción, no es posible encontrar una estrategia clara “y lo que más preocupa es que cuando los escándalos tocan a alguien cercano al presidente, en lugar de investigar se suele minimizar y descalificar”.

Por lo que se advierte que en la medida que el combate a la corrupción recaiga sólo en el presidente “no hay verdadero combate”. Montes consideró que el presidente tiene capital político, apoyo social y el control del Congreso, con lo cual podría implementar en serio políticas anticorrupción.

Seguridad pública

El tercer año, el que marca tendencia: excomisionado

A casi dos años de su asunción al poder, el gobierno federal continúa en la etapa de implementación de su modelo de combate a la inseguridad, principalmente la Guardia Nacional, sin que se observe una disminución de delitos de desaparición y feminicidio, aunque se ha estabilizado la incidencia del homicidio, opinaron el excomisionado nacional de seguridad, Renato Sales, y el excomisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla.

“Yo quisiera verlo en positivo como mexicano y como exservidor público: que estos dos años hayan sido de aprendizaje, de puesta en práctica de algunas de las acciones que el gobierno quería; corregir aquellas que deban ser corregidas, y que con ello la seguridad tiene que mejorar”, sostuvo Castilla Craviotto.

“El tercer año es siempre el que marca la tendencia de lo que va bien y lo que va mal, y más con la atípica circunstancia de la pandemia, hay que esperar a que maduren (sus estrategias)... Esperemos que el próximo año tenga más forma la Guardia Nacional”, dijo.

También entrevistado por El Economista, el excomisionado Renato Sales consideró que a casi dos años del actual gobierno, “no se ha reformado lo que debía reformarse, y se ha reformado lo que no debía modificarse”.

Mencionó que no se ha reformado el artículo 123, apartado B, Fracción XIII, sobre la situación laboral de los policías y fuerzas de seguridad, “y sí se ha militarizado el tema de la seguridad pública”.

Destacó que si bien continúa en aumento la desaparición de personas y los feminicidios, en materia de homicidio “la cifra no ha crecido, o ha crecido en proporción menor a como había crecido previamente, y eso hay que valorarlo”.

Sin embargo, mencionó que no hay un punto de inflexión; “lo que creo es que, afortunadamente, no ha crecido desmesuradamente”.

Consideró que los homicidios no han tenido un repunte, debido a que “el enfrentamiento entre los grupos se ha dado en regiones focalizadas del país, en fronteras, en puertos, en zonas carreteras y eso ha implicado que los grupos se concentren en los más fuertes, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa”.

Renato Sales y Manelich Castilla coincidieron en que sin el fortalecimiento de las policías locales, su capacitación en el uso de la fuerza y protocolos de investigación, va a ser muy difícil prescindir de las Fuerzas Armadas.

Renato Sales mencionó que el decreto presidencial del 8 de mayo, donde se ordenó la participación del Ejército en tareas de seguridad pública hasta el 2024, no garantiza que su participación sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

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