El socavón, el Sistema Nacional Anticorrupción y Duarte

Pocas tragedias afectaron tanto la opinión pública como el socavón del Paso Exprés de la carretera Cuernavaca-Acapulco. Con toda razón, el hecho produjo una indignación masiva; no hubo quien defendiera a las autoridades responsables. Nadie, salvo el propio Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, trató de explicar el asunto como una falla, como un error, el cual sólo había provocado dos muertos, cuyos deudos serían debidamente resarcidos .

Sólo a una persona desconectada de la realidad se le ocurre que puede resarcirse la muerte de dos personas que sucumbieron debido a la mala e ineficiente acción del gobierno.

Fruto de la corrupción en diversos niveles y modalidades, este caso pudo haberse evitado si las normas anticorrupción fuesen observadas cabalmente por los funcionarios responsables de efectuar las licitaciones, así como de la supervisión de la obra. Justo unos días después de la tragedia del socavón, se echó a andar el Sistema Nacional Anticorrupción. Conforme al artículo segundo transitorio de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, ésta debería haber entrado en vigor el 17 de julio del 2017, un año después de haber sido publicado el decreto. En ese lapso, el Congreso la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, debían haber expedido las leyes complementarias, adecuado la normatividad y creado las instancias adecuadas para la implementación del sistema.

ARTÍCULO: 11 puntos para entender el Sistema Nacional Anticorrupción

Pero resulta que se llegó el plazo y no hay fiscal anticorrupción ni magistrados especializados ratificados para el Tribunal Federal (cortesía del Senado), ni todos los sistemas locales están funcionando. Tabasco, Campeche y Chihuahua ni siquiera han empezado la discusión de las reformas ni de las nuevas leyes; en Puebla y Coahuila se han excluido actores. Hay avances en Chiapas, Nayarit y Querétaro, que ya tienen un constructo jurídico sobre el tema y han instalado sus respectivos Comités de Participación Ciudadana. Otros estados lo han hecho tarde y mal, como Jalisco, Morelos y Veracruz.

Los tres contemplan Sistemas Locales Anticorrupción en las constituciones locales, pero sus estructuras tienen fallas esenciales. Jalisco incorporó al Sistema Local Anticorrupción y a su Comité de Participación Ciudadana la constitución local, pero omitió incluir el nuevo régimen de responsabilidades administrativas. En Morelos hay riesgos de inconstitucionalidad, pues el Congreso estatal nombra al Comité de Participación Ciudadana, lo que no garantiza la imparcialidad de su conformación. Veracruz está en las mismas.

Por todo esto, entre otras cosas, es que el gobierno federal no ha festejado con bombo y platillo este avance formal; saben que no se cumplieron las metas que se fijaron en las reformas constitucionales y en las nuevas leyes. Tampoco se lograron los estándares mínimos exigidos por la OCDE, el FMI y el Banco Mundial. Y eso sí es mala noticia en tiempos de incertidumbre económica previo a un proceso electoral presidencial.

El lunes 17 de julio hubo un evento convocado por la sociedad civil para festejar el aniversario de la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción. Al amparo de #VamosPorMás, diversos colectivos anticorrupción: IMCO, México Unido contra la Delincuencia, Transparencia Mexicana; académicos, básicamente del CIDE; empresarios del Consejo Coordinador Empresarial y de la Coparmex; y la Asociación de Bancos de México formularon una agenda ulterior con la idea de superar las resistencias de los actores políticos como ejemplo se cita al senador Pablo Escudero del PVEM , con el objeto del avance puntual del Sistema antes de que acabe el sexenio y desligado del tema electoral. Son varios temas los que piden para construir las bases de un verdadero estado de derecho como piso firme del desarrollo nacional . Lo primero es que se lleve a cabo una reforma constitucional en los dos periodos legislativos restantes de esta LXIII Legislatura que asegure una Fiscalía General autónoma, eficaz y con controles adecuados.

NOTICIA: Combate a la corrupción, más allá de tener un fiscal

También pidieron la revisión de la figura del fuero. Igualmente, sostuvieron que deben reformarse los métodos de adquisición y licitación de obras públicas. Con respecto a los nombramientos de los miembros del Consejo Ciudadano, dijeron que deberá respetarse la autonomía de éstos y solicitaron recursos suficientes para asegurar la independencia de los comités locales y federales de participación ciudadana del Sistema.

No cabe duda de que las resistencias a la legislación y a la lógica institucional anticorrupción generan resistencias entre una clase política que ve muy amenazadas sus fuentes de avituallamiento extralegales (o ilegales). ¿Qué pasaría si todas las normas fuesen implementadas a cabalidad? Pues difícilmente tendríamos socavones o personajes como Javier Duarte de Ochoa, que el mismo lunes llegó procedente de Guatemala, lo que dejó al Sistema Nacional Anticorrupción en un tercer plano… qué casualidad.

Si las normas y las instituciones anticorrupción estuviesen plenamente en funciones, en estos momentos se tendría bien claro quiénes son los responsables del socavón de Cuernavaca, se sabría quiénes fueron los responsables de las licitaciones, la identidad e idoneidad de los proveedores del servicio y por qué no se planeó adecuadamente, tanto para la carretera como para los asentamientos aledaños. Igualmente, habría habido capacidad de rescate de las dos personas que se quedaron atrapadas, no habrían muerto.

También se habría impedido la fuga de Javier Duarte y se habría integrado un expediente preciso, con pocas lagunas, que permitiera derribar los argumentos del fiscal para mantenerlo en prisión. Según las crónicas, el mismo juez que ve la causa se asombró de la poca eficiencia en la integración del expediente que incriminaría, supuestamente, a Duarte por la malversación de casi 500 millones de pesos de fondos públicos, la décima parte de lo documentado por la Auditoría Superior de la Federación, que asciende a 5,000 millones de pesos. Los pobres ministerios públicos que se presentaron carecían de los datos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y de la Auditoría Superior de la Federación, de modo que sólo pudieron acreditar 38 millones de pesos del monto total desviado.

¿Cómo es posible que los fiscales no tuvieran un perfecto dominio del caso? Por la falta de evidencias bien sustentadas, la juez otorgó suspensión provisional contra dos órdenes de aprehensión­ dictadas en Veracruz por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición. Tuvieron más de nueve meses para integrar un expediente perfecto y no lo hicieron.

NOTICIA: Normas vs corrupción deben ser prioridad

En la Cámara, el PAN, PRD y Morena acusaron al procurador Raúl Cervantes de armar deliberadamente un caso mal sustentado contra Duarte a fin que el exgobernador una condena menor en el proceso que se le sigue por desvío de recursos .

La PGR está quedando en ridículo, pero no es por falta de competencia. Lo menos que se puede pensar es que existe una intencionalidad en no acreditar adecuadamente los delitos.

Además, la conducta exhibida por Duarte refleja una extraña confianza en que podrá librarse de los cargos o al menos purgar una condena breve y en circunstancias más aceptables.

Por lo pronto, no va a ir a una cárcel de alta seguridad sino a un reclusorio para enfermos mentales en Morelos.

Lo que queda definitivamente claro es que más que falta de normas e instituciones, lo que falta es una auténtica cultura de honradez y decencia.