El “¡ya basta!” es muy distinto: Eduardo Bohórquez

En materia de lucha contra la corrupción, la decisión de contra quién sí actúa el Estado y contra quién no, ya no es algo que controle la clase política y eso constituye una buena noticia, aseveró el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez.

En entrevista, el experto en asuntos de transparencia y anticorrupción puso como ejemplo de su afirmación el caso de la ex secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, donde fue el gobierno quien decidió actuar y el momento, no la exigencia social.

Eso ya no ocurre hoy. En los casos de los exgobernadores de Veracruz y Tamaulipas, Javier Duarte y Tomás Yarrington, sucedió al revés: hubo y hay una fuerte presión social, además de trabajo de investigación periodística cada vez más profunda.

Esa es la buena noticia: que la sociedad mexicana ya entendió que la corrupción le cuesta en su vida cotidiana, así ocurra en Veracruz o sus impuestos se gasten en otro estado distinto al que radica.

Esto es muestra de que la agenda anticorrupción no puede controlarla el gobierno .

Incluso dijo que el combate a la corrupción ya no sólo se discute en territorio nacional y una prueba de ello es el caso del fiscal en funciones en Nayarit, Édgar Veytia, detenido en San Diego, California, Estados Unidos, acusado de nexos con la delincuencia organizada.

El especialista enfatizó que lo que estamos viendo ahora no solamente en esos tres casos, sino con la exigencia de que se investiguen presuntos malos manejos del presupuesto de al menos una docena de exgobernadores, constituye una muestra de cuan necesaria era la discusión que apenas acaba de empezar.

Llamó la atención que si bien el asunto de la corrupción, la falta de transparencia y la impunidad no son fenómenos sociales nuevos, apenas ahora han pasado de la agenda social expresada en inconformidad a la agenda política donde se ha diseñado una política pública que tiene como objetivo atacar el problema.

Una discusión prácticamente nueva

El director general de Transparencia Mexicana indicó que llevamos más de 100 años de vida constitucional, si se toma en cuenta el año de promulgación de la actual, y estamos empezando a discutir este tema desde el 2016. Yo creo que ilustra lo necesario que es cambiar institucionalmente al país. Como sociedad queremos que los detengan mañana y que los encarcele para siempre. Respuestas instantáneas. Pero lo que muestran estos casos de gobernadores eran los boquetes institucionales y los errores de diseño que había en todas las entidades federativas del país.

Tú no puedes convertirte en uno de estos 12 gobernadores acusados de actos de corrupción si no tienes un Congreso que te hace un contrapeso.

Desde su visión en esos lugares, operaba un marco normativo como un queso con agujeros donde se podría hacer lo que quisieras.

Expresó que lo que reflejan estos casos es la necesidad de dar resultados en el corto plazo con investigaciones, pero sobre todo cambiar las instituciones, porque entonces lo que nos vamos a encontrar es que los gobernadores electos en el 2015 y en el 2016, en unos años van a ser los futuros acusados y eso porque no se cambiaron las reglas, los procedimientos, las instituciones y no fortalecimos a los Congresos estatales para que cumplieran con su misión de contrapeso al Ejecutivo.

Lo que hemos comprobado es que para avanzar en transparencia combate a la corrupción y a la impunidad, lo que se requiere es un sistema eficiente para ello; no, voluntad política.

Eso quiere decir que para acabar con esos problemas no sólo sea una parte del gobierno la que actué, sino el sistema en su conjunto.

Agenda en tres vías

Para Bohórquez, las detenciones de los exgobernadores de Veracruz y Tamaulipas, Javier Duarte y Tomás Yarrington, son una muestra de cómo está instalada la agenda de transparencia en México, pero se están alineando dos más: la de anticorrupción y la de impunidad cero.

El reclamo social ya no es solamente que a aquellos funcionarios o ex funcionarios públicos acusados de cometer actos ilegales se les detenga, sino que los gobernadores sean llevados a proceso, se les demuestre su responsabilidad en los delitos que se les imputan.

Ya detenerlos no es suficiente. Eso le funciona a Guatemala, que detuvo a su expresidente y todavía no lo sentencia. En México, la exigencia escaló.

La exigencia social hoy es que se desmantele la red de complicidad que esos exgobernadores formaron para atentar contra el erario público, que la autoridad vaya por toda la red no sólo al gobernador.

Ésa es la idea que subyace a la exigencia social de que se detenga también a la esposa de Javier Duarte de Ochoa, Karime Macías, pues, al parecer, hay evidencia de que tuvo participación directa en la red de corrupción que benefició el gobernador con recursos públicos.

La semana pasada como pocas en la historia del país se ha ido traduciendo en lo que es el espíritu de la corrupción; es decir, una estructura que sirva para desmantelar redes de corrupción, no para detener personajes públicos.

Refirió que, tan sólo en el caso de Veracruz, están detenidos los ex secretarios de Finanzas, Seguridad Pública y Desarrollo Económico; además, se han identificado a actuales diputados y prestanombres.

Llamó la atención de que en el caso de Tamaulipas hasta hace algunos meses no se exigía que se detuviera la red de complicidades que seguramente había cuando ese ex servidor público cometió los actos por los cuales se le detuvo, incluso a pesar de que el delito del que se le acusa es delincuencia organizada.

Incluso, dijo, que son cada vez más los medios de comunicación que están utilizando la lógica de ir contra la red y no contra los peces gordos cuando se trata de asuntos de corrupción. Estamos en un punto de quiebre y de transformación de la agenda. Creo que estamos pasando de la idea de exigirles transparencia en términos de información a empezar a exigir que se termine con las redes de corrupción y no sólo que caigan los exgobernadores .

Dijo que la terrible noticia para el país es que así como esos ex servidores públicos cometieron actos ilegales en el manejo del presupuesto, hay muchos funcionarios en activo que están siendo señalados de actos de corrupción.

Estamos empezando como país a decir cuatro cosas importantes: esto no puede continuar.

El director de Transparencia Mexicana destacó que, en las encuestas que tratan de identificar los problemas que más les preocupan a los mexicanos, el tema de la corrupción ha subido en la lista de los más lacerantes en la percepción de la gente.

Las personas en su vida cotidiana ya entendieron que la corrupción no es un tema de robarse dinero. No es una película como la Ley de Herodes, donde se robaron dinero del cajón; el problema es que no llegaron medicamentos, que se robaron recursos para carreteras, que no se construyeron hospitales. Bueno, en Quintana Roo se robaron la costa del estado y eso no lo había entendido la gente.

Dijo que el ¡ya basta! es muy distinto y también se está diluyendo la idea de que esto se resolvía con voluntad política.

La sociedad mexicana ya entendió que si no exige esto no se mueve y aprendió que si exige aparece la voluntad política .

Focos del Tema

¿Los casos Duarte y Yarrington pueden ser una oportunidad para fortalecer la construcción e implementación de los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción?

Esto muestra cuán necesaria era la discusión que apenas acaba de empezar. Llevamos más de 100 años de vida constitucional, si se toma en cuenta el año de promulgación de la actual, y estamos empezando a discutir este tema desde el 2016. Tenemos menos de un año. En julio se cumple un año de que empezara toda esta discusión.

Yo creo que ilustra cuán necesario es cambiar institucionalmente al país. Como sociedad queremos que los detengan mañana y que los encarcelen para siempre. Respuestas instantáneas. Pero lo que muestran estos casos de gobernadores eran los boquetes institucionales y los errores de diseño que había en todas las entidades federativas del país.

Tú no puedes convertirte en uno de estos 12 gobernadores acusados de actos de corrupción si no tienes un Congreso que te hace un contrapeso.

En esos lugares operaba un marco normativo como un queso con agujeros donde se podría hacer lo que quisieras.

Claramente lo que reflejan estos casos es la necesidad de dar resultados en el corto plazo con investigaciones, pero sobre todo cambiar las instituciones, porque entonces lo que nos vamos a encontrar es que los gobernadores electos en el 2015 y en el 2016, en unos años van a ser los futuros acusados nada más por eso porque no se cambiaron las reglas, los procedimientos, las instituciones y no fortalecimos a los Congresos estatales para que cumplieran con su misión de contrapeso al Ejecutivo.

Eduardo Bohórquez

• Es licenciado en Ciencia Políticas y Administración Pública por la UNAM.
• Cuenta con estudios de maestría en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Cambridge, Inglaterra.

Se ha desempeñado como:

• Director general de Transparencia Mexicana.
• Miembro del Consejo de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas.
• Instructor en diplomados y cursos del CIDE.

diego.badillo@eleconomista.mx