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En 2011 se aplicaron medidas preventivas en universidades
La experta Angélica Garnica opina que el tráfico de drogas es un conflicto generalizado.
El problema del tráfico de drogas en las instituciones de educación superior está presente en casi la totalidad de los planteles del país; sin embargo, el fenómeno no ha sido suficientemente evidenciado y existe una gran omisión por parte de las autoridades —tanto universitarias como del propio sistema educativo— para atenderlo, consideró Angélica Garnica Sosa, especialista en temas de educación superior y seguridad.
En entrevista, la autora principal del Manual de seguridad para instituciones de educación superior: estrategias para la prevención y atención, publicado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), expresó que las instituciones educativas son el reflejo del estado de descomposición y de alta permeabilidad de los consumos de riesgo entre jóvenes y niños.
“Lamentablemente no es un tema que sea popular y que las autoridades —tanto de la Secretaría de Educación Pública (...) o la ANUIES o las asociaciones de universidades— estén tomando como un problema social que deben resolver”, criticó.
Recordó que una de las primeras acciones logradas con la primera versión del manual en el 2011 fue la colocación de bardas, torniquetes, plumas y credencialización en instituciones educativas; ello como medida disuasiva y preventiva inmediata.
Si bien al principio esta medida contribuyó, Garnica Sosa indicó que no se complementó con otro tipo de estrategias, tales como contar con personal de resguardo, vigilancia y control de acceso que tuviera perfil adecuado para una institución universitaria.
Para la también activista en temas de cultura de paz, entre los pendientes está también el generar sensibilidad entre las comunidades escolares para entender que estos mecanismos son de índole preventivo, no un tema de control. “Poner límites da seguridad”, expresó.
Desde hace ocho años, cuando fue publicada la primera versión del manual, el principal reto detectado por los investigadores “fue crear capacidades dentro de las propias instituciones educativas para atender todas estas problemáticas”.
Para que lo anterior suceda, mencionó Garnica Sosa, lo primero que se debe hacer “es reconocer que tienes un problema y que es tu obligación como institución educativa crear condiciones de seguridad para desarrollar sus funciones sustantivas”.
“El problema (de inseguridad) es igual en instituciones públicas o privadas, con diferentes matices y dimensiones”, dijo Garnica Sosa.
LOS INCIDENTES
En el 2012, la ANUIES publicó el estudio “La Seguridad en Instituciones de Educación Superior” de Angélica Garnica Sosa. Después de la elaboración del Manual de seguridad, el reto fue conocer la situación real en el tema de seguridad en las instituciones de educación superior (IES), se reporta en el texto.
En el trabajo, que constó de la aplicación de un cuestionario a 109 de las 161 instituciones hasta ese año adscritas a la ANUIES, se recogió que 34% de las IES contaba con normas para atender la seguridad, mientras que 31% no. Y, significativamente, 32% se encontraba en proceso de elaborar su marco normativo.
Asimismo, se halló que los cinco temas con menor regulación fueron: prohibiciones o aspectos para garantizar la seguridad de la comunidad de las IES (45%); definición de qué es seguridad institucional, universitaria o interna (44%); comité de seguridad: objeto, integrantes, facultades (39%); programas de prevención y atención de consumo de droga y alcohol (36%), y un programa de seguridad institucional: contenido, vigencia, elaboración, aprobación, operación, evaluación e informe de actividades (33 por ciento).
En cuanto a los incidentes ocurridos en las IES figuraban desde las no graves, como acceso a personas ajenas a la institución; graves como acoso sexual, consumo de drogas o extorsiones telefónicas; hasta las muy graves como abuso sexual, consumo de estupefacientes, detonación o enfrentamiento con arma de fuego, homicidio o portación de armas.
En el 2014, la ANUIES volvió a editar el Manual de seguridad, mismo que, de acuerdo con el secretario general ejecutivo de esta asociación, Jaime Valls Esponda, debe llevar a un diagnóstico en cada institución de educación superior, porque la realidad de todas ellas es diferente.
Al asentar una reflexión pública sobre acontecimientos de inseguridad en los campus universitarios, consideró que autonomía no es autarquía ni aislamiento, sino una facultad que tienen algunas instituciones dada por la Constitución.
Informó que la ANUIES se encuentra en reuniones con todas las instancias del gobierno de la República —particularmente con la Secretaría de Gobernación, con la Subsecretaría de Prevención— y los rectores de las instituciones de educación superior, para hablar de la prevención y los casos particulares.
Consultado por separado y al cuestionar sobre la manera en que debe desarrollarse la comunicación entre autoridades para abordar un problema como el que vive la UNAM, Raúl Martín del Campo, miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, explicó que, si bien este organismo de la ONU hace recomendaciones directas a los estados miembro y no a instituciones particulares, recomienda, en general, la existencia de coordinación entre el sector salud, de procuración de justicia, organizaciones de la sociedad civil, los centros de tratamiento y academias para que haya sinergias en los esfuerzos.
Vía electrónica, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA, Adam Namm, expuso que las investigaciones científicas muestran que los estudiantes, desde los preescolares hasta los universitarios, se encuentran en mejores condiciones de aprender si experimentan un ambiente seguro en la escuela.
“Quienes se encuentran en situaciones inseguras tienen una capacidad reducida de aprender y tienen peores resultados en la escuela en el largo plazo. Además, la disponibilidad de drogas hace más probable el consumo, lo que puede tener repercusiones negativas en el desempeño académico”, señaló.
Retos, en indagar feminicidios, plantean
Isabel López, especialista en seguridad, justicia y derechos humanos del Proyecto Género y Justicia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, destacó la necesidad de que todas las investigaciones de feminicidios se realicen con perspectiva de género.
“Más allá de investigar el homicidio concreto, de quién fue, es importante analizar las razones por las que se está asesinando a una mujer, el contexto, la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba y tomar en cuenta las necesidades particulares”, detalló.
Durante su participación en el foro El feminicidio en México: retos y perspectivas desde la sociedad civil, Isabel López indicó que cuando se realizan las indagatorias con esa perspectiva implica dimensionar la violencia y vulnerabilidad en la que vivía la víctima y su relación con el victimario, por ejemplo. (Con información de Leopoldo Hernández)