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Es necesario que la legislación prevea conflicto de interés: ASF
El auditor superior expuso que el esquema actual anticorrupción es de los 80, el cual servía para control político pero no para rendir cuentas.
Gobernadores con resistencia a la transparencia; declaraciones patrimoniales que sirven para el control político pero no para detectar el enriquecimiento ilícito de funcionarios; así como la impunidad, son factores que contribuyen a la corrupción en el país, asegura el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez.
Al responder por escrito las preguntas de El Economista, el auditor superior de la Federación pidió no sobrestimar los alcances del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que discute el Congreso, pues su efectividad depende de que se articulen a nivel nacional un mismo control de los recursos, responsabilidades y sanciones para funcionarios de los tres órdenes de gobierno.
Sobre la investigación en curso de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el patrimonio del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera y la relación con la empresa Higa, contratista del gobierno, el auditor Juan Manuel Portal coincidió con el secretario Virgilio Andrade en que únicamente se pueden revisar los contratos federales con la empresa, lo cual no deslegitima la investigación de la SFP, dijo.
Por ello, Portal Martínez reconoció la necesidad de que se modifique el esquema del conflicto de intereses, a fin de que los funcionarios no se nieguen a separarse del cargo al incurrir en ese concepto.
Reconoció que los gobernadores y presidentes municipales son el eslabón gubernamental más opaco.
¿Del proyecto sobre el nuevo sistema nacional anticorrupción (SNA), qué huecos observa y qué mejoraría?
Estoy optimista respecto a la creación del SNA; sin embargo, es muy importante no sobrestimar las expectativas respecto de la puesta en operación y los resultados de este sistema, ya que tomará tiempo en cristalizarse. Aún faltaría la conclusión del proceso legislativo y la aprobación del marco legal secundario (...) implica cambios en el entramado institucional que no se darán de manera inmediata.
¿Para qué ha servido la declaración patrimonial (...) cuando no es pública al 100% y los funcionarios reportan lo que quieren?
El esquema vigente es herencia de la década de los 80, el cual básicamente tenía propósitos de control político mientras que, en la actualidad, existe una creciente exigencia de la sociedad para que los funcionarios públicos rindan cuentas. Resulta conveniente analizar el establecimiento de un sistema de evolución patrimonial que, protegiendo los datos personales, pudiera poner bajo escrutinio público un estimado del patrimonio, permitiría vigilar y en su caso identificar focos de atención.
¿Coincide con el ex titular de la Auditoría Superior de la Federación, quien consideró que el gran problema es que no se castiga a nadie?
La impunidad representa un obstáculo para la rendición de cuentas; sin embargo, no considero que sea correcto tipificar la impunidad como una consecuencia de la fiscalización superior. En cualquier circunstancia, la ASF ha actuado al límite de sus facultades en cumplimiento con el marco legal (...).
¿Por qué la percepción social sigue siendo que se protege al corrupto?
El problema radica en que aun cuando durante los últimos 15 años se han creado y reformado normas e instituciones públicas dedicadas a la transparencia, el acceso a la información, el control y la fiscalización; no se ha logrado establecer un sistema articulado, coherente y completo para la rendición de cuentas y el combate la corrupción .
¿Se siente el auditor impotente (ante) desvíos de recursos, pagos en exceso, recursos no devueltos a la Tesorería o falta de documentos (...)?
Por nuestra labor, que es de rigor técnico, no podemos responder al clamor social. (...) He destacado la necesidad de contar con un esquema de sanciones administrativas y penales, como parte de un sistema articulado de rendición de cuentas .
¿Qué alcance debería tener la investigación de la SFP sobre el posible tráfico de influencias del presidente de la República?
En términos de la auditoría gubernamental, el enfoque de la revisión es el de la legalidad de los contratos celebrados entre la empresa o empresas con instituciones públicas .
¿Cómo vislumbra que debería quedar el nuevo marco legal para combatir el conflicto de interés...?
Considero necesario que en el marco normativo se prevea claramente el concepto del conflicto de intereses; incluida la definición de los tipos de conflicto de intereses que puede haber; es decir, potencial o real. Todos podemos tener intereses; lo cual es legítimo. Lo que se requiere es transparentar dichos intereses y excusarse cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión .
¿Qué medidas se requieren para cambiar la cultura del robo en funcionarios (...) que no tienen experiencia en la administración gubernamental?
La ASF ha considerado necesario que todas las instituciones públicas cuenten con códigos de ética y conducta que incluyan los procedimientos formales para denunciar el incumplimiento de éstos; que se cuente con personal especializado en temas de administración de riesgos a la integridad y acciones de corrupción; que se fortalezca el papel de los órganos de auditoría interna como (...) preventivos de actos irregulares en el sector público; que exista sensibilización por parte de los mandos superiores respecto de la ética e integridad, y que se desarrollen actividades de promoción de valores y fortalecimiento de la cultura de integridad .
¿Qué medidas deben tomar para que los gobernadores no desvíen recursos de fondos como el mando único para otros fines?
Un sistema eficaz en materia de aplicación de responsabilidades, ya que la legislación que regula ese proceso en las entidades federativas y municipios es heterogénea y, en muchos casos, obsoleta y laxa. Un contexto político y jurídico que propicie la gestión autónoma e independiente de las entidades fiscalizadoras superiores locales, así como de las contralorías de los gobiernos estatales y municipales; la evaluación del gasto federalizado para conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos ejercidos. La implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sobre todo en los municipios, ya que la ASF ha observado que en disposiciones sobre transparencia, (los estados) tienen un avance en la implementación de 68% y de 27%, los municipios...
¿Falta compromiso de los gobernadores (...) en materia de transparencia?
Desafortunadamente, los avances que se han logrado a nivel federal en materia de transparencia y rendición de cuentas no son equiparables en las entidades federativas. No hay circunstancias que permitan a los auditores superiores realizar su trabajo de manera independiente. La falta de división de poderes. El monopolio del poder tiende al abuso y requiere de contrapesos. Un Congreso local fuerte y plural blindaría a la auditoría superior local (...) .