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Estado de Derecho en estados, entre el retroceso y el estancamiento
Expertos coincidieron en que la impartición de justicia y los altos niveles de corrupción siguen como los grandes pendientes a resolver.
En materia de adhesión al Estado de Derecho en cada una de las 32 entidades federativas del país, actualmente hay más retrocesos y estancamiento que avances.
De acuerdo con los resultados del Índice de Estado de Derecho (IED) en México 2021–2022 de World Justice Project (WJP), “en gran parte de las entidades del país’’ hay “un deterioro” en el tema.
Esto “contrasta con los patrones observados” en los tres reportes de anteriores, cita el informe, mismo que “se explica por tres tendencias: el debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y una contracción del espacio cívico, el deterioro en los sistemas de justicia penal y la falta de avances en materia de anticorrupción.
“Al igual que la edición anterior, ningún estado llega a una calificación perfecta. La puntuación más alta es de 0.49, en Querétaro, por lo que todos los estados tienen retos persistentes en las diferentes dimensiones del estado de Derecho”, consigna el informe presentado en la Cámara de Senadores por Alejandro González Arreola.
El director de proyectos de Estado de Derecho del WJP afirmó que al final del día el Estado de Derecho no es más que un principio de gobernanza que establece que cualquier entidad, sea pública, privada o social debe sujetarse a la ley.
El Estado de Derecho en México, medido desde las entidades federativas, es precario”, resumió.
“Ni siquiera la entidad federativa con el nivel más alto llega al .5, en la escala de cero al 1. Y, de hecho, el promedio de las 32 entidades federativas es .41, lo cual establece el tamaño de la brecha que tenemos por delante para llegar al estadio idóneo al que queremos aspirar”.
Se ubicó, detalló, que después de varias mediciones 14 entidades federativas retrocedieron en su puntuación general, 12 se mantuvieron igual y únicamente seis incrementaron su puntaje.
El informe revela que los puntajes generales, que oscilan entre cero y 1 y donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho, cayeron en Campeche, Chiapas, CDMX, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco; subieron en Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas, y permanecieron sin cambio en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Polarización
Consultado al respecto, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, afirmó: “Muchos gobiernos estatales han aprovechado que el presidente ‘jala la marca’ mediática para evitar ser evaluados apropiadamente por la calidad de sus instituciones y de sus gobiernos”.
Por ejemplo, dijo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ya había advertido, desde 2019, del crecimiento en los niveles de corrupción en las entidades federativas, pero no hubo mayor consecuencia política para estos gobiernos.
La sociedad está concentrada en la llamada polarización y ha perdido de vista que el problema de corrupción e impunidad continúa en los estados. Incluso que ha crecido entre 2018 y 2022”.
La responsabilidad es de los gobiernos federal, estatal y municipales, explicó, pero que más de un gobernador, de diferentes partidos políticos, ha aprovechado el contexto de comunicación política para no hacer su trabajo.
Recordó que “en 2016, gobierno y sociedad acordaron, en medio de un contexto muy adverso, dejar los pretextos de lado y empezar a construir verdaderos sistemas anticorrupción a nivel nacional. La resistencia a esa reforma anticorrupción ha sido enorme. Y los gobiernos han frenado nombramientos, recortado presupuestos o capturado políticamente instituciones independientes. La corrupción no se acabó. Tal vez sea momento de que la sociedad mexicana retome el liderazgo en este tema”.
Desde su óptica, el IED confirma lo que el Inegi y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) “ya habían señalado los últimos tres años: que la corrupción administrativa está creciendo y que los grandes casos de corrupción siguen impunes. Y también que las redes que participan en estas tramas o les dan protección a los involucrados, siguen activas”.
Para José Fernández de Cevallos, catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) son “gravísimos” los resultados del IED, que indica que “no hay sociedad civil, no hay confianza en la procuración e impartición de justicia en la materia penal y se percibe un grado mayúsculo en temas de corrupción”.
Todo eso, dijo, se traduce en un debilitamiento de las instituciones encargadas de impartir justicia y garantizar servicios públicos para los gobernados.
La impunidad que impera en México, porque no se sanciona a la delincuencia, explicó, y la ausencia de Estado de Derecho inhiben la inversión nacional y extranjera.
“Cuando hay retroceso en el Estado de Derecho lo que impera, por desgracia, no es el derecho, el orden jurídico, la ley, sino factores reales de poder que muchas veces se traducen en cuestiones paralegales, poderes de hecho que son los que rigen la vida de los mexicanos en muchas partes de la República”.
Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas fueron los únicos estados que mejoraron en el reporte de la ONG que mide rubros como contrapesos al Ejecutivo local y acciones en combate al cohecho, entre otros.
Piden senadores agenda conjunta para mejorar Estado de Derecho
En un panel de discusión, los senadores Beatriz Paredes (PRI), Kenia López (PAN), Clemente Castañeda (MC) y Emilio Álvarez Icaza (sin partido) analizaron las áreas de oportunidad y plantearon alternativas para restablecer el Estado de Derecho en México.
Paredes propuso consultar la opinión de los jóvenes, para saber si están interesados en la materia o comprenden el concepto a fin de “el pulso de los jóvenes”.
Es fundamental que los jóvenes abogados, quienes tendrán dentro de este esfuerzo de restablecer el Estado de Derecho en México, una enorme responsabilidad, puedan saber la trascendencia de su función y el Índice permite una introspección que debe ser crítica y autocrítica para poder salir adelante”.
En el debate Castañeda planteó que “lo que valdría la pena revisar es por qué en México para muchos funcionarios se ha hecho mucho más rentable no cumplir la ley, que cumplirla”.
E hizo seis propuestas para la construcción de una agenda conjunta en el Senado de la República: Fortalecer las capacidades de fuerza de las policías locales; garantizar la plena autonomía de las fiscalías locales y evitar los fiscales carnales; revisar la implementación y consolidación de los sistemas anticorrupción locales; transparentar las adquisiciones gubernamentales para que en los procesos de compra, la licitación pública sea la regla; revisar y, eventualmente, acotar el mecanismo de prisión preventiva y aprobar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Por su parte, Álvarez Icaza diagnosticó que hay un fenómeno muy crítico —“erosión democrática”— al trasladar las debilidades de la democracia, como errores de la misma.