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Estado, obligado a garantizar comicios en zonas violentas
Miguel Alonso Raya, urgió a hacer un esfuerzo institucional para garantizar la realización del proceso electoral del presente año en todo el país, a pesar de las amenazas de la delincuencia organizada.
El coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, urgió a hacer un esfuerzo institucional para garantizar la realización del proceso electoral del presente año en todo el país, a pesar de las amenazas de la delincuencia organizada.
Nadie debería poner en duda que deben organizarse elecciones en aquellas zonas conflictivas del país, para que la gente salga a votar el 7 de junio porque no hacerlo sería una claudicación del Estado mexicano.
En los casos de Tamaulipas o Tierra Caliente, zona que abarca partes del estado de México, Guerrero y Michoacán, estableció, tiene que haber elecciones.
Quienes plantean que no haya elecciones en estas zonas, le abren camino al autoritarismo y a la permanencia de grupos de interés que representan lo más atrasado o lo más negativo de cada una de esas entidades , afirmó el guanajuatense.
Desde su punto de vista, sería muy grave ceder a la presión de algunos grupos y a las amenazas de la delincuencia organizada, que quieren que no haya comicios en algunos estados; representaría una claudicación de las responsabilidades que el Estado mexicano tiene como tal .
De ahí que urgió al Estado a implementar todas las medidas necesarias para garantizar comicios en Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, y en el resto de las entidades federativas en que se renovarán las gubernaturas, congresos locales, alcaldías y delegaciones, así como a asambleístas en el caso del Distrito Federal.
Uno de los factores indispensables para tratar de encontrar un camino de salida a la compleja problemática que enfrentan algunas entidades del país es que haya elecciones democráticas y un cambio de autoridades legitimado por el voto de los ciudadanos .
Finalmente, instó al Instituto Nacional Electoral (INE) a aplicar las facultades constitucionales y legales que tiene en la organización de la jornada electoral del próximo 7 de junio, tomando determinaciones claras que no se presten a interpretaciones o dudas de que no habrá elecciones en zonas conflictivas porque eso implicaría ceder a las presiones de la delincuencia organizada o de quienes están interesados en que las cosas se mantengan como están, porque así conviene a sus intereses.
rolando.ramos@eleconomista.mx