Exconsejeros piden evitar “venganzas” en reforma electoral

En el 2007, tras la controvertida elección de Felipe Calderón Hinojosa como presidente de la República el año previo, impulsada por el PRI y PRD el Congreso de la Unión aprobó la reforma electoral que, entre otros acuerdos, descabezó el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE), que presidía Luis Carlos Ugalde Ramírez.

Catorce años después, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena pretenden la aprobación de una nueva reforma electoral, a la que ahora se oponen el PRI y PRD con el respaldo del PAN, que permita renovar los órganos electorales administrativo y jurisdiccional: el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La reforma electoral que en 2007 fue impulsada fundamentalmente por el PRI, prosperó pese a que el tricolor representaba la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados en ese entonces.

“Es algo muy parecido; primero, porque algunos partidos buscan siempre culpar al árbitro electoral y encuentran muchas motivaciones para quitar a los consejeros. Es, nuevamente, el caso ahora: dos, porque lo que cambian son los actores. En 2007 fue el PRI y el PRD con la anuencia del gobierno. Ahora es el gobierno con el apoyo de su partido. Sí, es muy semejante y siempre hay argumentos”, afirmó Ugalde Ramírez, consultado al respecto.

Recordó que “en 2007 se dijo que ya no teníamos la confianza de la gente y hoy, básicamente, López Obrador lo que está diciendo es que (el INE) ya no tiene su confianza. Si ves las encuestas la confianza de la gente es muy amplia, sin embargo, López Obrador dice que no tienen confianza, no sé de quién. Pero sí, es el mismo ciclo repetido, hay que quitar a las autoridades porque ya no me gustan.

En 2007 se hizo y desafortunadamente eso afectó la independencia del INE. Ahora se va a hacer y si se lograse, lo cual veo muy difícil, va a destruir buena parte de la independencia del INE”, sostuvo.

Por su parte, Arturo Sánchez Gutiérrez, quien por acuerdo de los partidos políticos no corrió la misma suerte que Luis Carlos Ugalde y se quedó en el cargo de consejero electoral todo el periodo para el que fue designado (2003-2010), opinó que el objetivo de la reforma del 2007 no era remover consejeros.

“Hay una diferencia importante. El objetivo no era remover a los consejeros, sino cambiar la composición y funciones del órgano. En el 2007 se le dieron al INE 57 nuevas atribuciones, cambiaron completamente el esquema de la comunicación política. Fue cuando se prohibió, por ejemplo, que los partidos políticos pudieran contratar tiempos en los medios de comunicación.

“Y, en ese contexto, se estableció la necesidad de cambiar la dinámica de funcionamiento de los consejeros electorales. Primero, hacerlo escalonado (su designación), y, segundo, cambiar el funcionamiento de las comisiones del Consejo General. Y todos los partidos acordaron que había que hacer una sustitución adelantada de algunos consejeros”, expresó.

Sánchez Gutiérrez consideró como positivo que la discusión y eventual aprobación de la nueva reforma electoral en el Congreso de la Unión se posponga para dentro de un año aproximadamente, “por una simple y sencilla razón: hay que negociarla.

“Que lo hagan el próximo año quiere decir que se van a dar el tiempo para pensar, negociar, hablar con actores, consultar gente, etc (...) Pero si se trata de venganzas, es muy mal camino”, dijo.

Marco legal, insuficiente

Ugalde Ramírez y Sánchez Gutiérrez coinciden en que sí se requiere una reforma electoral aunque enfocada en fortalecer temas como la fiscalización de recursos públicos.

“Creo que la legislación electoral que tenemos es suficiente para la organización logística de las elecciones y es suficiente para generar transparencia sobre la recepción del voto, para el conteo de los votos y para emitir resultados. Es, sin embargo, insuficiente para regular las condiciones de la competencia y para garantizar la legalidad de las elecciones”, dijo Ugalde Ramírez.

Propuso modificar básicamente con base en tres temas: el financiamiento ilegal de las campañas políticas; el gasto excesivo de campañas políticas y la intromisión del crimen organizado en la designación de candidatos, el fondeo de campañas y la operación política el día de la jornada electoral.

“Entonces, tienes un buen organizador logístico de elecciones, pero un marco legal insuficiente para regular estas condiciones de la competencia. Ese, creo yo, es el tema central y nodal”, opinó.

Para Sánchez Gutiérrez hay mucho que mejorar para lo que recomendó que la guía sea “uno, el consenso de todos los partidos; dos, propuestas claras y específicas que fortalezcan la democracia y, tres, poner a la ciudadanía el control del instituto y bajo ninguna circunstancia regresar a épocas en las que el gobierno organizaba o controlaba las elecciones”.

rolando.ramos@eleconomista.mx