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Política

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IP le pide a Peña vetar artículos 29 y 32 de la Ley 3de3

La Coparmex pidió al Presidente Peña Nieto reservar ambos artículos puesto que, consideró, generan incertidumbre jurídica.

El sector empresarial exhortó al presidente Enrique Peña a que reserve los artículos 29 y 32 de la Ley 3de3, con el fin de precisar que la fiscalización a las empresas sea ejecutable sólo a directivos y dueños de empresas, y no a los trabajadores o beneficiarios de programas sociales, cuando haya contratos públicos, pues, de lo contrario, generará incertidumbre jurídica.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) debe seguir su curso y no frenarse, porque representa un avance en la lucha contra la impunidad; no obstante, el Ejecutivo debe vetar y corregir la obligación de que la Iniciativa Privada (IP) y sus trabajadores publiquen sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses, estableció Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Desde la perspectiva empresarial, este agregado a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3de3, genera incertidumbre porque no existe un órgano ni la capacidad de procesar todo el universo de información que sería declarada.

En calidad de presidente del Congreso de la Unión y de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano llamó al presidente Enrique Peña Nieto a ejercer su derecho constitucional y devolver al Congreso, con sus observaciones, el decreto recién aprobado de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, que obliga a funcionarios públicos y particulares a presentar sus tres declaraciones.

Si el Ejecutivo federal no devuelve la citada ley, que precisa la forma acotada en que se deberá cumplir con la demanda ciudadana conocida como 3de3, explicó, se entenderá que está conforme con su contenido .

Por su parte, el PRI anunció que estará abierto a analizar cambios y que no se interprete que empleados que prestan servicios, o quienes reciben becas o son beneficiarios de programas sociales, puedan ser sujetos de presentar una declaración de intereses. Mediante un boletín, el PRI anunció que estará atento para analizar con los legisladores de su bancada la conveniencia de precisar la redacción del artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

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