Impunidad sistemática en casos de ejecuciones extrajudiciales: HRW

Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en graves violaciones de derechos humanos en forma reiterada, pese a que reconoció que la guerra contra el narcotráfico iniciada por su predecesor, Felipe Calderón, propició graves abusos, denuncia Human Rights Watch (HRW).

En su capítulo sobre México contenido en su Informe Anual 2016, la no gubernamental exhibe que durante el año pasado persistieron otros problemas como las restricciones a libertades de prensa, abusos contra migrantes y límites al acceso a derechos reproductivos y atención de la salud.

No obstante, el gobierno ha obtenido avances limitados en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y hechos de tortura perpetrados por soldados y policías durante acciones contra la delincuencia organizada, incluso durante la presidencia de Peña Nieto.

Sobre ejecuciones extrajudiciales HRW, organización defensora de los derechos humanos, destacó los casos de Apatzingán y Tanhuato. Destacó también que en el 2014, el relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias indicó que en México sigue produciéndose un número alarmante de asesinatos ilegales por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, en un clima de impunidad sistemática y endémica .

Para HRW es habitual que el sistema penal ordinario no logre proporcionar justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos. Esto, de acuerdo con su informe, se debe a causas que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos.

HRW hace referencia del trabajo que en septiembre del 2015 comenzará el grupo de expertos designado a través de un acuerdo entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual expuso graves carencias en la investigación gubernamental de las desapariciones forzadas de 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El documento recoge que en agosto del 2014, el gobierno reconoció públicamente no saber cuál había sido el destino de más de 22,000 personas, cuyo paradero se desconocía desde el 2006. Esta cantidad ha aumentado a más de 25,500 según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que se creó por ley en el 2012.

Es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no adopten medidas básicas de investigación para identificar a los responsables, y a menudo indican a los familiares de las personas ausentes que deben investigar ellos mismos , observa HRW.

Ciudadanos enfrentan impunidad y corrupción: CNDH

El informe de HRW coincidió en su término con el informe de actividades 2015 que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los diputados, en el cual destacó que los casos de Tanhuato y Apatzingán, Michoacán; Chalchihuapan, Puebla; Tlatlaya, Estado de México, e Iguala, Guerrero, evidencian carencias, profundas desigualdades, falta de oportunidades y de respuesta por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, y una debilidad del Estado de Derecho en varias regiones del país.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, afirmó que más allá de los casos que por su gravedad y trascendencia han indignado a la sociedad, los mexicanos conviven a diario con la debilidad del Estado de Derecho, impunidad, corrupción, inseguridad, violencia, colusión de autoridades con el crimen organizado y con condiciones de verdadera indefensión ante los abusos del poder y las acciones delictivas.

Los problemas que enfrentamos no podemos asumirlos como parte de una normalidad sustentada en la ilegalidad, la injusticia, la violencia y la corrupción , finalizó.

Por el caso Tanhuato, la CNDH abrió en su momento un expediente de queja por el presunto enfrentamiento del 22 de mayo del 2015, donde murieron 42 civiles y un policía federal, y asoció ese hecho violento con lo ocurrido a principios de aquel año en Apatzingán, cuyo desalojo de un grupo de autodefensas frente al palacio municipal dejó al menos nueve muertos, y donde se presume que hubo ejecuciones extrajudiciales.

Ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso, el titular de la CNDH agregó que siguen atendiendo todos esos casos. Se trata, amplió González Pérez, de casos complejos, que por su propia naturaleza y características requieren investigaciones objetivas, imparciales, exhaustivas y creíbles.

El esclarecimiento de estos asuntos exige trascender el nivel de la mera denuncia para llegar a resoluciones claras, objetivas e integrales (...) de una investigación científica e integral de los hechos , expuso.

Durante el 2015, destacó, se registraron 327 expedientes reportando la desaparición de 423 personas; en 11 casos se determinó que existiría una presunta desaparición forzada de personas, y Guerrero fue el estado donde se recibió el mayor número de reportes, seguido de Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.