Lectura 5:00 min
Intervención de comunicaciones privadas frena el paquete anticorrupción
En la primera mesa de discusión en el Senado, las intervenciones a comunicaciones en casos de corrupción enfrentaron a los representantes de la sociedad civil con los legisladores.
Senadores de diversos partidos consideran que las leyes secundarias en materia anticorrupción definitivamente no saldrán en este periodo ordinario de sesiones. Una de las leyes más polémicas, la de responsabilidades administrativas, no se concretó pues el tema de intervenir comunicaciones privadas para investigar actos de corrupción confrontó a legisladores y sociedad civil.
La primera discusión de las mesas temáticas sobre el paquete anticorrupción se centró en las propuestas que el senador Pablo Escudero consideró inviables, algunas inconstitucionales, como las visitas domiciliarias para la integración de investigaciones por actos de corrupción y las intervenciones a comunicaciones privadas, lo cual violaría derechos humanos.
Y es que la iniciativa ciudadana conocida como Ley 3de3, revisada incluso por constitucionalistas y doctores en derecho, precisa que la autoridad encargada de la investigación podrá utilizar medios de grabación y registro ocultos para documentar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que suceden los hechos materia de la investigación. Para la intervención de comunicaciones privadas se requerirá de autorización del tribunal de justicia administrativa que resulte competente .
Enseguida, Escudero Morales, respaldado por los priistas Enrique Burgos y Raúl Cervantes, dijo que esa petición se contrapone con la Constitución y de aprobarse podría ser causa de impugnación por parte de la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Cuando uno va a la lectura del Artículo 16 constitucional, llaman la atención dos supuestos: el primer supuesto es que por ningún motivo podría darse esta intervención telefónica si no hubiera un mandato judicial, ese sería el primero de los supuestos, pero inclusive existiendo el mandato judicial para hacer esta intervención, la propia Constitución ha establecido las materias en las que nunca podría hacerse esta intervención: la electoral, la fiscal y la administrativa, que es la que nos ocupa aquí. De todos es conocido que el tribunal fiscal no pertenece al Poder Judicial , exclamó.
Contestó entonces el doctor en Derecho, José Roldán Xopa, quien se atribuyó la propuesta plasmada en la iniciativa ciudadana y destacó que la intención es desarticular redes de corrupción y este mecanismo sería el ideal para desmenuzar esas redes.
Ustedes vienen a pedirnos que violemos la Constitución con intervenciones telefónicas, donde existe un artículo expreso acerca de que se requiere una autoridad judicial , lanzó Escudero, lo que molestó incluso a legisladores de oposición, que pidieron respeto a la sociedad civil. El pevemista se tuvo que disculpar.
Yo le aseguro que las 634,000 personas que pusieron su firma y su confianza en la iniciativa ciudadana no están buscando ni violar la ley ni violar la Constitución (...), el ánimo es poner sobre la mesa temas que son de la preocupación de la sociedad , dijo Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana.
Entre los representantes de la Ley 3de3 se encontraban también Juan Pardinas y Max Kaiser, del Imco. Alejandro Encinas luego de una hora de abordar el mismo punto, sobre todo por legisladores, propuso una salida: analizar si era viable que el tribunal de justicia fiscal y administrativa requiera la intervención de la autoridad judicial para solventar el tema.
Al no llegar a un acuerdo, se aceptó que el equipo técnico de la Comisión Anticorrupción hiciera un comparativo de las iniciativas sobre responsabilidades administrativas y se presentaran, en documentos, las posiciones de cada parte y qué propuestas eran viables o cómo se podrían incluir mediante otro procedimiento.
Mientras tanto, las propuestas anticorrupción siguen. El panista Fernando Salazar planteó que las personas físicas y morales, fideicomisos, sindicatos, organizaciones del sector social y productivo, incluso cabilderos, autorizados para recibir recursos públicos, entreguen sus declaraciones fiscales, de interés y patrimonial.
Las nuevas propuestas, condicionamientos y las promesas de análisis de temas propiciaron que senadores de varios partidos, sobre todo del PAN y del PRD, adelantaran que el paquete anticorrupción no saldrá del Senado este mes, incluso ven lejana la posibilidad de cumplir con el plazo constitucional (el 27 de mayo) para que se expidan estas leyes secundarias.
Mientras tanto, en la segunda mesa de discusión entre senadores y sociedad civil, sobre la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción y la ley orgánica de la administración pública federal, hubo mayores temas a debate, y las propuestas se tomarán en cuenta para la dictaminación.
EL DATO
El presidente del PAN, Ricardo Anaya, rechazó que la corrupción sea un tema cultural como lo expresó Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública (SFP), durante su participación en el Foro La Información en el Combate a la Corrupción. ¿Cómo nos Arreglamos?
Quienes sostienen que la corrupción es cultural, lo que nos están tratando de decir es que nos vayamos acostumbrando, porque es algo que no se va a poder evitar; Por supuesto que no coincido, es algo que se puede corregir , dijo.
Al firmar el Acuerdo Nacional por la Transparencia con el INAI, indicó que la mejor vacuna para la corrupción es la transparencia y la rendición de cuentas, ya que esta problemática no es sólo por el mal uso de los recursos públicos sino por la ineficacia en los resultados en beneficio de la gente. También destacó que la ciudadanía debe conocer el quehacer de los servidores públicos con relación a los recursos. (Leopoldo Hernández)