Inversión privada baja debido a incursión del Ejército en construcción de obra pública

La decisión de asignar una considerable cantidad de construcción de obra pública al Ejército genera consecuencias económicas, sociales y políticas. Además, el instituto armado se ha vuelto un agente económico relevante en el sector, por lo cual debería ser sujeto a las reglas de la competencia económica, plantearon empresarios y académicos.

Francisco Javier Solares Alemán, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) subrayó que ningún ejército en el mundo está diseñado para hacer trabajos de construcción en obras civiles.

Además, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no cuenta con el equipo humano necesario para llevar a cabo los proyectos de obras públicas que le han sido asignados por el gobierno. Ante esa situación, refirió, lo que ha hecho es que está contratando civiles que antes trabajaban con las constructoras privadas: ingenieros, arquitectos, abogados, administradores, albañiles y peones, entre otros. Sin embargo, no se sabe en qué condiciones.

“Nosotros tenemos revisiones periódicas sobre nuestras obligaciones ante nuestros trabajadores y ante la autoridad, como en materia de cuotas al Infonavit, Instituto Mexicano del Seguro Social, así como los impuestos locales que se generan por la contratación de personal”, destacó.

A su vez el investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Enrique Díaz-Infante Chapa, opinó que el sector de la construcción tiene un impacto muy positivo en materia de generación de empleos para sectores populares, por ello preocupa que se esté dando una afectación en este sentido, lo cual repercute directamente a la movilidad social.

Preocupa afectación a derrama económica

El investigador destacó que el sector de la construcción tiene un impacto importante en la economía no solo por la generación de empleos, sino por la utilización de insumos, lo cual permite el crecimiento de sectores como acero, cemento, ladrillos, vidrios, entre otros.

El hecho que los militares sean también constructores de obra pública afecta principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son los que más empleos genera, expuso.

Además, afecta en la derrama económica, hay impactos regionales o, por lo menos, existe la incertidumbre pues no se sabe si están recurriendo a proveedores locales.

Por su parte Francisco Javier Solares Alemán, dijo que, ahora es difícil calcular la derrama económica generada por la construcción de infraestructura pública y dispersión de la misma.

Consideró que la construcción de sucursales del Banco del Bienestar hubiera beneficiado a muchas empresas pequeñas asentadas a lo largo del territorio nacional, si, en lugar de encargárselas al Ejército, se hubieran contratado a privados.

Si bien, no es posible hacer un cálculo del beneficio económico que hubiera representado involucrar a constructoras locales en la edificación de todas esas instalaciones bancarias al largo del territorio nacional, lo que sí está claro es que dispersar los beneficios económicos de las obras públicas es lo que más conviene a la economía del país y, consecuentemente al bienestar de la sociedad, mencionó.

Además, abundó, se hubieran generado ahorros por concepto de traslado de personal desde el centro del país hasta las comunidades donde se realizan las obras.

Es hoy un agente económico relevante en el sector

Por su parte, el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LANCEN) de la UNAM, José Ignacio Martínez Cortés consideró que, dado los encargos que tiene para desarrollar obra civil, el Ejército se ha convertido en un agente económico de peso en obra pública. Además, “al tener esta nueva responsabilidad también tiene nuevas tentaciones”.

En ese sentido Enrique Díaz-Infante Chapa, consideró que, dado que ahora el Ejército está actuando como un agente económico relevante en ese sector en particular, debería ser sujeto a las reglas de competencia económica y ver si está incurriendo en concentraciones de mercado.

A su vez, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, opinó que resulta preocupante que en el proceso de militarización que vive el país “se han ido otorgando un número creciente de actividades a las fuerzas armadas”.

“Cuando yo le asigno a las fuerzas armadas una tarea civil lo que estoy haciendo no es generar una condición civil en la operación de las fuerzas armadas, sino generar una operación militar en las actividades civiles que le estoy asignando a las fuerzas armadas”, mencionó.

Luego señaló que la trampa del proceso de militarización radica en tomar operaciones ordinarias de la vida civil y calificarlas en condiciones extraordinarias de vida militar, no en razón de la operación, sino en razón del sujeto que está realizando la operación. “Quien quiere actuar de mala fe lo puede hacer, como está sucediendo en el actual gobierno, es otorgar todas las operaciones que se puedan en la mayor extensión posible a las fuerzas armadas para darles el carácter de operaciones militares y, consecuentemente, generar todas las excepciones posibles sobre esas operaciones”.

Cae inversión fija bruta en el sector

José Ignacio Martínez Cortés llamó la atención en que la inversión fija bruta destinada a la construcción en el país ha registrado una fuerte caída a raíz de que los grupos privados no participan en la construcción de los grandes proyectos de obra pública y la asignación ha sido directa al Ejército.

Desde su perspectiva, eso fue evidente en el caso de la cancelación del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México en Texcoco y la edificación del “Felipe Ángeles” en Santa Lucía, edificado por militares, indicó.

“A partir de 2019, cuando el Ejército empieza a construir (obra civil) es donde tiene una abrupta caída la inversión privada en materia de construcción”. “No deja de haber inversión privada en construcción residencial, pero no arroja la misma ganancia que la inversión privada en materia de construcción no residencial”, mencionó.

En ese aspecto, Solares Alemán relató que, a escala nacional, se está registrando un retraso en la construcción de infraestructura pública, así como en vivienda. Además, no existe la infraestructura de energía suficiente para atender la demanda que tenemos.

Comentó que la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del Inegi, de febrero pasado, con datos a diciembre de 2022, la industria de la construcción reportó un incremento de 13% comparando diciembre del año pasado, con diciembre de 2021.

En 2022, comparado con 2021, ese sector de la economía registró un incremento de 5%, lo cual es una cifra buena, pero no suficiente para recuperar lo que estaba produciendo a finales de 2019, es decir antes de la pandemia de la Covid-19, indicó.

Comentó que, en los últimos tres años, la CMIC perdió alrededor de 2,000 constructoras. Antes de la pandemia había 11,000 empresas ahora 9,000. Aclaró que no se sabe si cerraron o solo han parado actividades, esperando a que las condiciones mejoren.

Dijo que las empresas afiliadas a la CMIC facturaron en 2021 alrededor de 26% menos de lo que facturaron en 2018. Aclaró que esa diferencia no se explica en su totalidad por la asignación de los contratos de obra pública al Ejército.

Por otra parte, José Ignacio Martínez Cortés recordó que, antes de este sexenio, se asignaban importantes proyectos de obra pública no residencial a grandes grupos empresariales, incluso no dedicados a la construcción, pero que sí tuvieron acceso a contratos con el gobierno y decidieron conformar sus propias constructoras o aliarse con algunas ya constituidas.

Incluso, apuntó, la derrama que generaban era limitada, particularmente la que beneficiaba a las pequeñas y medianas empresas ajenas a esos grupos empresariales, precisamente porque buscaban crear sus propias empresas de abasto de materiales, con el fin de que la mayor parte de las ganancias quedaran en el mismo grupo.

Dijo ahora, aun con la nueva forma de construir la obra pública, a través del Ejército, los grandes grupos empresariales que antes eran los principales beneficiados del sector siguen teniendo ganancias, por ejemplo, las acereras y cementeras.

La obra pública concentrada en el sur

En otro aspecto, Solares Alemán enfatizó que la política de construcción de infraestructura implementada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está concentrada en el sur-sureste del país y en los grandes proyectos.

Indicó que el Congreso de la Unión aprobó un presupuesto federal para la construcción de infraestructura en 2023 de alrededor de 691,000 millones de pesos. De esa cantidad, dos estados, que son Campeche y Tabasco, concentran 61 por ciento. El primero casi 214,000 millones de pesos y el segundo 205,000 millones de pesos.

Lo grave es que hay entidades como Tlaxcala que tienen 24 millones de pesos asignados para infraestructura que construyen instancias federales; Zacatecas, 120; Aguascalientes, 142 y Morelos, 430 millones.

A su vez, Martínez Cortés comentó que en sexenios anteriores la obra pública beneficiaba más a Nuevo León, Coahuila, Sonora, Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí, que son entidades que tenían una fuerte inversión empresarial en ramos como la industria maquiladora y servicios de exportación.

Dijo que actualmente hay una enorme diferencia en la ejecución, desarrollo, asignación y el lugar en los que se realiza la obra pública.

Sin embargo, recordó que en el Presupuesto federal para 2023 hay 79 proyectos regionales asignados, vía licitación, a grupos privados. De esas obras, 51 se ejecutan en estados donde gobierna la oposición, por ejemplo, los sistemas de transporte colectivo metro de Monterrey y Guadalajara y obras de infraestructura hidráulica en Aguascalientes y Chihuahua.

Francisco Javier Solares Alemán dijo que otras consecuencias, de utilizar al Ejército como constructor de obra civil es la opacidad, sobre todo porque ahora, algunos de los proyectos más cuantiosos, fueron declarados asuntos de seguridad nacional.

Además, dijo que el gobierno recaudará menos impuestos que los que hubiera obtenido si esa obra la estuvieran ejecutando particulares.

diego.badillo@eleconomista.mx