Jueces vs 3de3, en la capital

Un artículo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México que obliga a los integrantes del Poder Judicial capitalino a hacer sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, constituyó uno de los episodios de renuencia de jueces para someterse a disposiciones en materia de transparencia.

Los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Judicatura y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, órganos promoventes de una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negaron renuencia a la publicidad de los documentos, sino que argumentaban que la norma local preveía mayores obligaciones para los servidores públicos capitalinos que las establecidas en la ley general en la materia, violaciones al debido procedimiento, reserva de datos personales y protección de sus derechos humanos.

Se trató de la impugnación al artículo 121, fracción XIII de la Ley de Transparencia local, donde se establece que es obligación de los servidores públicos dar a conocer su declaración 3de3, que esté impresa para consulta y que las versiones públicas en medios electrónicos estén disponibles.

El pleno de la SCJN declaró en julio del 2017 la validez de la norma.

Entre los principales argumentos esgrimidos por el entonces ministro y ponente, José Ramón Cossío Díaz, fue que analizar a través de la vía de la controversia las violaciones de derechos humanos generaría condiciones de preferencia para los servidores públicos del Poder Judicial capitalino.