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Juez resuelve a favor de víctimas y ordena al Gobierno de CDMX a dar mantenimiento óptimo al Metro
El Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, Ulises Oswaldo Rivera, argumentó que la medida cautelar que implica seguir otorgando un mantenimiento y supervisión adecuados, no afecta de ninguna forma el orden público o el interés social, sino por el contrario, tiene por objeto evitar daños en la sociedad.
El Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, Ulises Oswaldo Rivera González, otorgó una suspensión definitiva a víctimas de los incidentes ocurridos en las líneas 3 y 12 del Metro, que obliga al Gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo (STC) a dar mantenimiento adecuado, óptimo, extraordinario y con estricta supervisión a las 12 líneas de este servicio de transporte.
El juez Rivera González desechó el recurso de revocación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad México y el Metro, contra esta medida cautelar, ya que consideró que el recurso de revocación de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es infundado, por lo que se otorga la suspensión definitiva, para que el Gobierno central y el Metro hagan todo, incluida inversión, para que demuestren acciones de mantenimiento y acciones de operación.
En el caso, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en su solicitud de modificación o revocación a la suspensión definitiva(…) es infundado el incidente de modificación o revocación a la suspensión definitiva”, indica el acuerdo de la suspensión definitiva 63/2023.
En este sentido, el juez Rivera González argumentó que la medida cautelar que implica seguir otorgando un mantenimiento y supervisión adecuados, no afecta de ninguna forma el orden público o el interés social, sino por el contrario, tiene por objeto evitar daños en la sociedad.
Además, consideró razonable y apegada a derecho “la concesión de la suspensión definitiva, para el efecto de que las autoridades responsables continúen ejerciendo todas las facultades legales y acciones materiales, necesarias para procurar el adecuado mantenimiento y operación de la red del Metro, e incluso, mejorar las tareas normalmente realizadas”.
Según lo expuesto por la defensa legal de algunas de las víctimas del derrumbe ocurrido en mayo de 2021 en la Línea 12, y el choque de dos trenes en enero de 2023 en la Línea 3, el Poder Judicial de la Federación consideró que el propósito es ofrecer a los usuarios un servicio de transporte “eficaz y seguro y tratar de reducir en lo posible la existencia de factores que, junto con otros ajenos al actuar de las autoridades, pudieran llegar a ser configurativos de algún accidente o falla que merme el servicio o afecte la integridad de los usuarios”.
El jurista Teófilo Benítez Granados, asesor jurídico de las víctimas, señaló que el órgano jurisdiccional sigue considerando razonable y apegada a derecho la concesión de la suspensión definitiva, para el efecto de las autoridades responsables, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el director del Metro, Guillermo Calderón, actúen para tener un adecuado servicio del STC.
“Incluso, con esta suspensión se obliga al Metro y al Gobierno a mejorar las tareas realizadas, para que la red del Metro funcione adecuadamente y evite la repetición de otras tragedias que en dos años suman 27 muertos, más de 200 heridos y múltiples y cuantiosos daños materiales”, señaló Benítez Granados.
kg