La Constitución capitalina todavía tiene pendientes

A dos años de su promulgación, la Constitución de la Ciudad de México se mantiene como la más progresista en el país; no obstante, aún quedan pendientes para que la Carta Magna capitalina entre en vigor en diversas disposiciones.

El 5 de febrero del 2017 se promulgó la Constitución capitalina en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta de la ahora Ciudad de México.

Tras diversas impugnaciones interpuestas por instituciones y órganos federales en rubros como el uso de cannabis con fines medicinales, el derecho al bien morir, que abre el espacio para aprobar la eutanasia activa en la capital y el derecho a la interrupción legal del embarazo, preceptos que finalmente fueron ratificados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue el 17 de septiembre del año pasado cuando la Carta Magna capitalina entró en vigor.

Sin embargo, la Carta Magna estipula diversos órganos de gobierno que debieron estar ya conformados o a punto de conformarse.

“Un ejemplo concreto, la Constitución prevé que el día 1 de febrero pasado debió entrar en funcionamiento lo que la Constitución llama la Sala Constitucional dentro del Poder Judicial; pues esa Sala Constitucional es una especie de Suprema Corte de Justicia en la Ciudad de México.

“Es la que se ocupa de garantizar que los derechos se cumplan, es la que se ocupa de resolver controversias entre las instituciones de la Ciudad de México”, precisó César Astudillo, especialista en derecho constitucional e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En este sentido, en el periodo de sesiones del Congreso de la Ciudad de México, que inició este 1 de febrero, se prevé debatir una propuesta de reforma constitucional para aplazar la conformación de dicho órgano junto a la Fiscalía General de la Ciudad de México, que sustituirá a la actual procuraduría.

El titular de la nueva institución debe estar nombrado, de acuerdo con la Carta Magna capitalina, el próximo 30 de abril para que la institución entre en funciones el 31 de mayo.

Asimismo, la propuesta de reforma, presentada por el diputado local de Morena, Eduardo Santillán, estipula que el Consejo Judicial Ciudadano, órgano encargado de designar a los consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México y de recomendar perfiles a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para el nuevo fiscal, tendrá que estar conformado a más tardar en septiembre próximo.

“Yo creo que a dos años podemos decir que va en esa ruta pero que claramente hay algunas unas cuestiones que están implementándose (...) me parece que las decisiones deben estar encaminadas a que en el menor tiempo posible todas las estructuras que establece la Constitución para el beneficio de los ciudadanos estén ya operando”, dijo Astudillo.

A su vez, Cecilia Romero, integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México que creó la Carta Magna y expresidenta nacional del PAN, indicó que a dos años de la promulgación del texto aún no se ha logrado consolidar.

“La realidad es que no se ha podido aterrizar adecuadamente digamos esta Constitución. Aún es pronto, creo yo, para calificar o juzgar el beneficio que para los habitantes de la Ciudad de México ha traído esta Constitución.

“Hace falta escudriñar en ese mosaico qué es la Constitución, cuáles aspectos deben pulirse mejor, mejorarse, modificarse para que realmente ese mosaico sea armónico: es una especie de rompecabezas lo que se hizo, con opiniones de muy diversas puntos de vista de la ciudadanía y que desde mi punto de vista no logró armonizar adecuadamente el sentir de la población capitalina”, dijo.

El debate por los derechos

Astudillo refirió que la Constitución de la Ciudad de México en su generalidad es de avanzada por la cantidad de derechos que otorga a los ciudadanos.

“Es muy liberal, es muy progresista (...) (un ejemplo es) el derecho a la vida digna que trae también un derecho que no está reconocido por ningún orden constitucional a nivel nacional, ni por la Constitución federal, dice: el derecho a la vida digna contiene implícitamente el derecho a la muerte digna y eso es el derecho a la eutanasia”, señaló.

Este tipo de derechos de avanzada para el país, precisó el especialista en materia constitucional, debe ser acompañado de leyes que los regulen, un proceso —opinó— que deberá acelerarse en el Congreso de la Ciudad de México.

La asambleísta constituyente Romero refirió que el texto no acogió todas las voces, como aquellas que se oponen al aborto y que están en favor del derecho a la vida desde la concepción.

“Creo que hay un exceso en la Constitución de la ciudad en el reconocimiento de derechos que no lo son exactamente y la falta de derechos fundamentales como el derecho a la vida que no se incorporó”, aseveró.