La SFP identificó al menos 3,967 anomalías en el uso de recursos públicos durante el primer semestre del año

La SFP dio a conocer que luego de realizar 1,079 actos de fiscalización, durante el primer semestre de este año al interior de la administración pública federal, logró identificar al menos 3,967 anomalías en el uso de los recursos públicos, principalmente en rubros como el desempeño, adquisiciones, obra pública y presupuesto.

Según lo expuesto por la Secretaría de la Función Pública (SFP), como parte de su Plan Anual de Fiscalización 2022, mediante los Órganos Internos de Control (OIC), realizó 1,079 actos de fiscalización en el periodo de enero a junio, para verificar que los recursos públicos federales se aplicaron de conformidad con los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia; así como que los objetivos y metas de los programas se lograron y se observó la normatividad aplicable.

Detalló que las revisiones, que incluyen auditorías, visitas de control y visitas de supervisión, pusieron énfasis en los rubros de desempeño, adquisiciones, obra pública, sistemas de información y registro, presupuesto-gasto corriente, producción, recursos humanos, e inventarios y activos fijos.

Por lo anterior, los OIC determinaron 3,967 hallazgos, los cuales, subrayó la SFP, se encuentran en proceso de seguimiento y solventación, por lo que no necesariamente implican la existencia de irregularidades administrativas ni el inicio de expedientes de investigación.

De acuerdo con las estadísticas que se generan a través del Sistema Integral de Auditorías, los actos de fiscalización se efectuaron en instituciones de los siguientes ramos: 125 en Hacienda, 87 en Salud,  81 en Educación, 73 en Ciencia y Tecnología, 57 en Comunicaciones, 56 en Marina, 51 en Agricultura, 41 en Gobernación, 288 en entidades no sectorizadas y 220 corresponden a otros ramos: Energía, Cultura, Economía, Agrario, Medio Ambiente, Bienestar, Turismo, Seguridad Pública, Trabajo, Defensa, Relaciones Exteriores, Presidencia y Consejería Jurídica.

Con este ejercicio, dijo, se permitirán a las instituciones fortalecer los procesos administrativos y sistemas de control, así como mejorar la gestión y el desempeño institucional, con el propósito de prevenir riesgos y corregir anomalías que pudieren propiciar o derivar en actos de corrupción o ineficacia en el cumplimiento de sus objetivos y metas.