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La mayoría de denuncias en la ASF sólo están en etapa de integración
El auditor superior de la Federación indicó ante senadores que muy pocas de las denuncias terminan en el no ejercicio de la acción penal.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recuperó 100,000 millones de pesos como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública federal del año 2000 al 2014, afirmó Juan Manuel Portal Martínez.
El auditor superior de la Federación afirmó que desde que se creó la ASF hasta la fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se recuperaron 94,000 millones de pesos y con la reciente revisión, la del 2014, otros 6,000 millones de pesos. Los recursos que se habían desviado se reintegraron a las instituciones que sufrieron el daño o a las cuentas de los programas o fondos afectados.
Durante el foro en materia anticorrupción que se llevó a cabo este lunes en el Senado, Portal Martínez dijo que la mayoría de las denuncias penales presentadas hasta el informe de la Cuenta Pública 2013, se encuentran en integración y muy pocas se mandaron a reserva o se decretó el no ejercicio de la acción penal.
Así lo respondió luego de que el senador Armando Ríos Piter reclamó el grado de impunidad, al precisar que de las 656 denuncias penales por actos de corrupción que presentó la auditoría hasta el 2015, sólo 19 terminaron en consignaciones, es decir, 97% de las denuncias quedó impune.
Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Manuel Hallivis Pelayo, declaró que 51.33% de los funcionarios denunciados por corrupción ganó los casos al Estado.
Ante los senadores que integran las comisiones de Gobernación, Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y Estudios Legislativos Segunda, declaró que del 2000 al 2016, el tribunal ha recibido 1 millón 664,000 demandas, de las cuales 28,211 corresponden a responsabilidad de los servidores públicos.
En números gruesos les voy a decir: 51.33% lo gana el particular; 48.67%, lo gana el Estado , destacó.
Durante los foros, funcionarios, académicos y representantes de organizaciones civiles pidieron al Senado elaborar las leyes secundarias en materia anticorrupción como un elemento de política pública y no de intereses de grupo, obligar al sector empresarial a colaborar con las autoridades, tipificar los delitos sin dejar lagunas legales, autonomía para los órganos fiscalizadores públicos y sanciones ejemplares.