Larrazabal tomaría licencia por presión del Acción Nacional

El alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, aceptaría solicitar licencia al cargo, pero por un periodo de 30 días. Lo mismo ocurriría con Miguel Ángel García Domínguez, secretario de Desarrollo Humano. El objetivo es permitir que se realice la investigación sobre entrega de dinero a su hermano, Jonás Larrazabal.

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN incluso, acordó deslindarse temporalmente de la administración municipal, en tanto se desarrollan las indagaciones.

No obstante, el CEN exigió que el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, también solicite licencia, con la finalidad de que se aclaren las eventuales responsabilidades de sus subordinados en acciones de corrupción e ineficiencia de los órganos de seguridad pública y protección civil.

En el posicionamiento emitido por la dirigencia panista se advirtió que el instituto político rechaza cualquier acto de corrupción, impunidad o tráfico de influencias.

También demandó que la autoridad estatal esclarezca con prontitud los hechos, es decir, afirmó, que se castiguen los delitos o se restituya la confianza en las personas y dependencias involucradas.

Acción Nacional reitera su exigencia de que las autoridades estatales realicen una investigación objetiva y clara, sobre la conducta de cada uno de los involucrados, para que en su caso, se establezcan o deslinden las responsabilidades a que haya lugar .

Y es que, desde el punto de vista del dirigente nacional panista, se debe sostener el principio de presunción de inocencia.

FIRMADO EN 2006

SENADO ACUSA A GONZÁLEZ PARÁS DE INCUMPLIR ACUERDO DE CASINOS

El exsubsecretario de Gobernación, Felipe González, afirmó que el gobierno federal no es el único responsable de los casinos que operan en Nuevo León, pues reveló que en agosto del 2006 se firmó un convenio entre el entonces Secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, y el Gobernador de aquella entidad, Natividad González Parás, donde se especificaba que la administración regia sería la responsable de clausurar las casas de apuestas que operaran de forma clandestina e ilegal.

El ahora senador del PAN presentó un documento donde se indica que el gobierno de Nuevo León se comprometía a instrumentar, en el ámbito de su competencia, un programa permanente de prevención y detección del juego prohibido y difundir entre la población los efectos y consecuencias legales de practicarlo.