Los señores del ganado y la plata: la expansión del CJNG en el norte de Jalisco

La investigación de dos privaciones de la libertad en Huejúcar, norte de Jalisco, el 23 de mayo de 2023, que derivaron en los asesinatos del ganadero Víctor Ponce Ríos y su ayudante Luis Fernando García Pérez, cuyos cuerpos fueron encontrados el 16 de junio siguiente, ha puesto en evidencia una red de corrupción manejada por “La Plaza” criminal de la zona, que permitió robarle a la víctima hasta 150 cabezas de ganado que fueron movilizadas con papelería de la Asociación Ganadera local.

En el marco de la averiguación criminal 39861/2023, seguida por la Fiscalía General de Jalisco, se ha podido documentar el papeleo que se siguió para extraer las reses del sitio en que el ganadero acopiaba. El único modo de evitar ser molestados durante el tránsito ante la gran cantidad de animales y de vehículos que se requirieron fue contar con guías amparadas por la Asociación Ganadera Local de Huejúcar. El Economista tiene en su poder la copia de una de esas guías utilizadas para la movilización. 

En las pesquisas, el agente del Ministerio Público ha establecido la presunta responsabilidad de los que dan la cara formal en el “blanqueamiento” de ese abigeato: el presidente de la asociación ganadera local, Miguel F., que aportó las guías, y los ganaderos Roberto R., Martha M. y Orlando J., quienes aportaron las “formas valoradas” para acreditar ese ganado como de su propiedad.

Se debe precisar que en todos los casos, se trata de personas que se dedicaban al oficio muchos años antes de que el cártel criminal decidiera capturar el negocio, por lo que no es descabellado asumir que han sido obligados a participar y dar la cara, lo que desafortunadamente para ellos los ha expuesto en el tema legal.

El agente del Ministerio Público solicitó al juez la aprehensión, pero le fue negada y el proceso está en fase de apelación, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación a la que tuvo acceso este diario. La familia del agraviado exige que se aplique justicia; detener a los que arrojan los primeros elementos de prueba debería ayudar a dar con toda la red de corrupción y desmantelarla.

Cómo funciona la red

El crimen organizado controla el negocio del ganado bovino de exportación que hace único al norte de Jalisco. Cada ejemplar puede significar 5 pesos por kilogramo de ganancia para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que impuso “gerentes” o acopiadores regionales para administrar la operación.

El cártel ordenó a los ganaderos a quién vender y a quién cobrar comisión. De acuerdo a ganaderos consultados, la región produce 100,000 cabezas de exportación al año. Las primeras noticias que corrieron de este “acuerdo” impuesto comenzaron el 3 de octubre de 2022.

Las reuniones “informativas” se dieron en los 10 municipios de la demarcación, y como no se respondió a los primeros llamados, hubo que ponerse rudos. La agrupación criminal utilizó a los ganaderos más connotados de cada municipio para “encargarles” la operación del modelo. Por grado o por fuerza. A comienzos de noviembre, ya estaba allanado el camino.

“La Plaza” designó dos ganaderos responsables en los municipios de Colotlán, Villa Guerrero, Totatiche, Huejúcar y Huejuquilla, que deberán gestionar la red de control a favor de ellos en esas demarcaciones y las otras 5 que conforman la región: San Martín de Bolaños, Chimaltitán, Bolaños, Mezquitic y Santa María de los Ángeles. Todos los operadores se dedican al oficio de varias generaciones.

No hay manera de que se zafen: el grupo criminal ha tenido acceso a toda la información oficial del Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) y del Siniiga (Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado), que opera a nivel de cada municipio. Los burócratas locales son la “garganta profunda” que les mantienen actualizada la información que remite no sólo a cada predio y ranchero, sino a cada animal que nace, pues debe ser registrado, lo que corresponde a un “arete” que es un código de 6 dígitos que permanece en un registro a nivel de cada asociación ganadera local.

Esas asociaciones ganaderas locales emiten guías de tránsito y “formas valoradas” (una especie de factura, pues muchos productores no están dados de alta en Hacienda) que les entrega la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco, esenciales para mover el ganado hacia centros de acopio o rastros. El control se logró por amenazas o por corrupción, ante la nula intervención del Estado mexicano.

Víctor Ponce Ríos fue obligado a fungir como acopiador de la zona de Huejúcar. A comienzos del año le exigieron dos millones de pesos. En mayo lo secuestraron, se llevaron su ganado y en junio apareció muerto en un paraje zacatecano.

Los señores de la plata

Además del tema ganadero, que se generó hace menos de un año en todo el norte de Jalisco, las células del CJNG han intervenido también en la minería, que es importante sobre todo en el cañón del río Bolaños, cuyo yacimiento es explotado al menos desde hace tres siglos.

La mina de El Alacrán, una veta de plata de riqueza legendaria que financió el engrandecimiento de Bolaños, el pueblo colonial más espectacular de la zona, era explotada por la familia Dávila desde finales de los años 50, en que paulatinamente resucitaron la abandonada región, y hasta los años 90, cuando el gobierno mexicano permitió una adquisición “hostil” por parte de Grupo México. El pleito legal fue prolongado, y aunque se logró rescatar el fundo minero, se presentó una nueva empresa hostil: el cártel.

“La mina funciona muy apenas, dicen que se agotó la veta, pero yo creo que más bien tiene que ver con la intención de la plaza de cobrarles rentas; se han ido apoderando poco a poco de predios del pueblo y hasta han recibido obsequios de la mina. Los empresarios no le ven caso a invertir mucho, por ahora”, señala un lugareño.

Pero en cambio, al sur del poblado se encuentra un asentamientos menos antiguo y señorial, pero con una mina activa: El Pilón, un filón sobre todo de plata, que era también de uno de los hermanos Dávila y ahora es propiedad de First Majestic, una minera canadiense que ha tenido conflictos con el presidente Andrés Manuel López Obrador por temas fiscales, y con la propia mina de Bolaños, propiedad de los descendientes de Héctor Dávila, en la razón social Minerales y Minas Mexicanas, SA de CV. 

“First Majestic tuvo un diferendo directo con López Obrador, parece que los quiso obligar a pagar impuestos, de operaciones ya concluidas de años anteriores, de otras minas; la respuesta de First Majestic fue que salían de México de todos sus objetivos mineros. En San Martín de Bolaños, ya traían fuertes problemas con el crimen”, comenta un empresario del ramo.

Ese control del grupo criminal arranca en febrero de 2017, cuando sicarios ingresaron a la mina, robaron oro y plata; en octubre del 2018 volvieron a ingresar y se llevaron a un operador que permanece desaparecido. Ante la violencia persistente, la mina paralizó sus actividades en julio de 2019, de acuerdo a los expedientes de averiguaciones criminales que los empresarios han alimentado en la Fiscalía General de la República (FGR).

A partir de 2019, se da una estéril gestión de First Majestic para recuperarla. La secretaría de Economía recomendó a los propietarios contratar una empresa de seguridad del sector público, y en agosto de 2020 se pidió un mapa de riesgos y un estimado del costo de proteger las instalaciones de El Pilón. En diciembre, Protección Federal presentó el análisis de riesgo y la cotización del servicio, plan que los propietarios aceptaron, sin resultados tangibles.

El 13 de julio de 2021 la mina nuevamente fue tomada por el CJNG, con retención de trabajadores, robo de equipo, vehículos, computadoras. Es un caso que permanece impune.

La situación de control total del CJNG en San Martín de Bolaños ha revivido un conflicto más viejo entre la First Majestic y los dueños de Bolaños: hay un acuerdo de que al adquirir El Pilón, se les vendería después Bolaños, cuyo yacimiento argentífero llamado El Alacrán es casi diez tantos más rico. Pero la empresa de Héctor Dávila incumplió y los canadienses los demandaron en Vancouver, cuyo tribunal condenó a los mexicanos a pagar 90 millones de dólares. A Minerales y Minas Mexicanas, S.A. de C.V. le salva hasta ahora la poca disposición de la justicia mexicana a aceptar sentencias extraterritoriales.

Pero resulta que la plaza del CJNG, que mantiene tomada El Pilón, quiere reactivarla... con maquinaria de la mina de Bolaños. Y eso obligaría a la empresa de los Dávila a meterse en un tema jurídico muy delicado. La opción sería cerrar completamente actividades en lo que pasan los tiempos más difíciles. La duda es si aceptarán eso los nuevos señores de la plata, el codiciado metal que han conquistado, como la ganadería de exportación, a fuego y sangre.