Malas prácticas persisten en NSJP

Las malas prácticas como la parcialidad de los jueces o la falta de capacitación de los defensores públicos persisten pese a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en la Ciudad de México, denunció la organización civil México Unido Contra la Delincuencia.

Mediante el monitoreo de 640 audiencias, entre agosto del 2016 y enero de este año, la organización encontró casos en los que el propio juez aprobó la continuación de juicios sin importar las deficiencias encontradas en sus procedimientos, en muchos otros casos, el juzgador enmendó deficiencias del Ministerio Público como la mal clasificación de los delitos, explicó Alfredo Peña, director de Cultura de la Legalidad del organismo.

Con respecto a las deficiencias en los procedimientos de los Ministerios Públicos capitalinos, la organización precisó que en 40% de los casos que se siguieron se pudo constatar que existen problemas en cuanto a la argumentación del caso por parte del MP, problemas para la acreditación del delito, clasificación incorrecta o medios insuficientes de prueba.

Por otra parte, la organización hizo énfasis en la figura del asesor jurídico público, del cual se encontró que en 71% de los casos incurrió en malas prácticas.

Peña aseveró que lo más recurrente fue ver que el asesor jurídico no argumentaba correctamente, tenía pocas intervenciones en la audiencia y una actitud pasiva .

En tanto que en referencia a los defensores públicos, la organización identificó que en la mayoría de los casos, los juristas tuvieron problemas para aportar, contradecir y confrontar medios de prueba .

La ONG emitió calificaciones globales sobre cada uno de los sujetos analizados; los jueces obtuvieron una calificación de ocho en una escala de 0 a 10, el MP obtuvo una nota de 7.7, los defensores públicos 7.4 y los asesores jurídicos 5.9.

Como recomendaciones, la ONG hizo un llamado al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que implemente mecanismos que garanticen la imparcialidad de los jueces, así como la creación de una plataforma nacional en la que se registre la información de las medidas cautelares impuestas a los acusados.