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Mexicanos Primero interpone amparo vs cohecho
El presidente de la organización Mexicanos Primero, Claudio González, afirmó que es necesario limpiar el gasto educativo en nuestro país de comisionados, de aviadores, de entrega de recursos a cúpulas sindicales.
El presidente de la organización Mexicanos Primero, Claudio González, afirmó que es necesario limpiar el gasto educativo en nuestro país de comisionados, de aviadores, de entrega de recursos a cúpulas sindicales.
A pesar de que es el principal rubro de gasto en el país, nos gastamos más de 800,000 millones de pesos en educación el año pasado, 20% de lo que gasta el gobierno, los resultados educativos son malos , detalló el activista.
Explicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reporta un desvío de recursos aproximado a 11,000 millones de pesos cada año, sin que actúe ante ello.
Ante ello, esta organización de la sociedad civil interpuso juicio de amparo contra la corrupción y los desvíos de fondos en el sector educativo, bajo el argumento de que la inversión pública en materia educativa se encuentra plagada de depredación por parte del sindicato y autoridades educativas estatales y federales, lo cual, afirma, violenta el acceso al derecho constitucional a la educación.
Dicho recurso se encuentra pendiente por revisar en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Entrevistado en las instalaciones del máximo Tribunal, luego que su caso quedara en lista, Claudio González hizo un llamado a la Corte para instruir, desde el Poder Judicial, a las autoridades encargadas de cuidar este gasto, entre ellas la Auditoría Superior de la Federación, la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda, de cumplir con su labor.
Creamos a lo largo de muchas décadas un sistema educativo profundamente politizado, lleno de politiquería y lleno de corrupción , sentenció el presidente de Mexicanos Primero.
Si el fallo fuera a favor de la organización civil, la ASF sería obligada a fincar responsabilidades a los funcionarios que desviaron los fondos y a exigir a las entidades demostrar el gasto apropiado del recurso.
En tanto, la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados se verían obligadas a crear restricciones en la entrega de fondos donde se hayan detectado irregularidades previamente.