México logrará la paz con lucha vs corrupción e inclusión social

La reforma al sistema acusatorio en México es la más desafiante en los últimos 100 años para el sistema de justicia penal en el país; su consolidación es uno de los desafíos más importantes, expone Guillermo Zepeda Lecuona, director de Jurimetría, en una colaboración para el Índice de Paz en México 2015 , que ha desarrollado el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

De acuerdo con el autor del artículo, es necesario reforzar los modelos de gestión y protocolos de investigación en algunos estados, para que desarrollen el potencial del nuevo sistema en la capacidad de resolución de asuntos.

En tanto, en entrevista, el secretario ejecutivo del Instituto para la Economía y la Paz, Aubrey Fox, declaró que al respecto que México solamente logrará niveles altos de paz, si impulsa los factores correctos de largo plazo, en particular, el control de la corrupción, mejor gobierno, fortalecimiento de instituciones, e inclusión de capital social.

Expuso que el miedo es una fuerza corrosiva en la sociedad y en el país se enfrentan altos niveles de temor. Ello aunado a casos de alto perfil -como Tlatlaya y Ayotzinapa-, que tienen un impacto serio en México y en el mundo entero; es un problema muy grave y va a tomar mucho tiempo para que México le dé a los ciudadanos confianza (...) y eso sólo va a suceder si, no sólo se mejora la paz, también si México puede mejorar sus instituciones básicas y su desempeño, empezando por su sistema de gobierno y controlar la corrupción .

Destacó que con el nuevo sistema de justicia penal en el país se espera que la percepción del ciudadano mejore y con ello se genere un ciclo en aumento a los niveles de paz.

Explicó que si bien el sistema acusatorio debe proteger los derechos de los imputados, también es su labor aumentar la cantidad de justicia en el país y acelerar el tiempo en que tardan en ser procesados los casos para poder impartir la justicia con mayor rapidez.

Es una reforma bastante ambiciosa y tardará cierto tiempo para que se sientan sus efectos , advirtió el secretario Ejecutivo del IEP. Sabemos que en algunos estados en particular, en algunos municipios, está mejorando. Así que aún tenemos un panorama incompleto. La buena noticia es que México está trabajando para mejorar el problema .

Zepeda Lecuona expone en su contribución para el Índice de Paz en México 2015 que desde hace ocho años en el país se desarrolla un proceso de reforma penal hacia un sistema de corte acusatorio y garantista, con audiencias públicas y orales, mejor conocido como juicios orales en materia penal.

Afirma que en general se aprecia que el nuevo sistema se está arraigando, las nuevas prácticas se van consolidando y los indicadores de desempeño y calidad de los servicios de justicia penal mejoran significativamente.

Los principales avances apreciados, considera, son la inmediación total; reducción significativa en prisión preventiva; las víctimas gozan de más derechos y mejor atención, y la reparación del daño es una prioridad para el sistema penal.

Asimismo, expone como avance que la duración de los procesos penales se ha reducido drásticamente. Mientras la mediana de duración del proceso penal en el sistema tradicional es de alrededor de 180 días; en el nuevo sistema de justicia en los ocho estados con más tiempo de aplicarlo es de aproximadamente 45 días.

En el Estado de México, Morelos y Durango se puede desarrollar mucho más la aplicación de mecanismos alternativos para poder descongestionar su sistema de justicia, afirmó.

Además, expuso que aproximadamente 40% de los asuntos son canalizados a la justicia alternativa o a soluciones alternativas (como la suspensión del procedimiento a prueba). El nuevo sistema de justicia lleva a juicio principalmente los asuntos relacionados con delitos violentos y de mayor impacto social.

En contraste; refirió como desafío el refuerzo de los modelos de gestión y protocolos de investigación en algunos estados, para que desarrollen el potencial del nuevo sistema en la capacidad de resolución de asuntos.

De igual forma, se debe fortalecer la investigación y el combate a la impunidad en general, particularmente en los delitos de mayor impacto. A su vez, deben fortalecerse los servicios de carrera y la profesionalización.

El estudio documentó una rotación de personal muy significativa en las instancias de procuración de justicia. Muchos profesionales con gran especialización y muchas horas de capacitación no han podido ser retenidos por las procuradurías.

Por otro lado, no debe permitirse que los acuerdos derivados de la justicia alternativa sean incumplidos. Por ello en los estados en los que no se les da un seguimiento puntual deben crearse áreas que velen por el cumplimiento de los acuerdos, pues en ello descansa gran parte de la legitimidad de los mecanismos alternativos.

Recomendó a la sociedad y a los impulsores de la reforma vigilar que las inercias del viejo sistema no minen la esencia del sistema acusatorio. También, consideró, debe de incorporarse a la policía uniformada en la capacitación sobre los principios y el desarrollo de competencias requeridas por el nuevo sistema.

Las dificultades y limitaciones son numerosas. Las inercias aguardan y tratan de resistir y ganar terreno al avance de nuevas prácticas , expuso.

ana.langner@eleconomista.mx