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Niegan apelación a la Tuta y amparo al financiero de Granier
Mediante un comunicado, la PGR dijo que como resultado de las pruebas que aportó, un juez confirmó el auto de formal prisión en contra de Servando Gómez Martínez, luego de que la defensa y el procesado interpusieron recurso de apelación.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que un juez federal negó la apelación interpuesta por Servando Gómez Martínez, la Tuta, ex líder de Los Caballeros Templarios, por el auto de formal prisión en su contra por secuestro y robo calificado.
Mediante un comunicado, la PGR dijo que como resultado de las pruebas que aportó, un juez confirmó el auto de formal prisión en contra de Servando Gómez Martínez, luego de que la defensa y el procesado interpusieron recurso de apelación.
Destacó que el 24 de febrero del 2010 se ejerció acción penal contra Gómez Martínez y otros, por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y secuestro, homicidio calificado; privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro; delito cometido contra funcionario público; y robo calificado, ante el Juzgado Primero de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas.
La Tuta se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, en el Estado de México.
Niegan amparo a secretario de Finanzas de Granier
El juez de Garantías en Tabasco decretó no amparar ni proteger al ex secretario de Finanzas de esta entidad, José Manuel Saiz Pineda, por lo que ratificó el auto de formal prisión que se emitió en su contra el pasado 21 de julio por el delito de defraudación fiscal.
En noviembre del 2013, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que interpuso denuncias penales en contra del ex secretario de Finanzas de Andrés Granier, José Manuel Saiz Pineda, así como del ex presidente municipal de Centro, el priista Evaristo Hernández, cuatro ex empleados de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y ex trabajadores del gobierno de Tabasco por el presunto delito de coalición de servidores públicos durante las inundaciones del 2007 en aquella entidad.
Una investigación de la SFP confirmó que esas personas incumplieron un convenio para construcción de 2,500 viviendas destinadas a damnificados por la gran inundación del 2007 en aquella entidad.