Ofrecer seguridad a candidatos, el reto principal para las autoridades: Causa Común

Aunque el gobierno federal ya presentó un estudio de riesgo para evitar violencia, atentados y asesinatos de candidatos durante las campañas políticas en marcha, se requiere que ese plan sea implementado adecuadamente y que no se descuide el combate a la impunidad, coincidieron expertos durante el seminario virtual “Violencia Política en México en Periodos electorales".

El pasado 4 de marzo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presentó la estrategia para detectar riesgos, amenazas y proteger a aspirantes, candidatos y servidores públicos. Se plantearon nueve acciones, entre ellas hacer un llamado a partidos políticos y autoridades electorales para que los candidatos cumplan con requisitos de ley, además de establecer mesas de trabajo para prevenir y atender casos de registro de candidatos con vínculos con la delincuencia organizada.

“El anunció del presidente (Andrés Manuel López Obrador) también debió acompañarse de un combate a la impunidad; por ejemplo, tenemos 18 aspirantes asesinados y los avances de las investigaciones como en todos los casos son muy lentos. Apenas hay algunos detenidos en el caso del asesinato de Cosoleacaque (Gladys Merlín). En el caso del aspirante de Nuevo Casas Grande (del PRI, Yuriel Armando Gonzalez Lara) hay la vinculación de un grupo delictivo, pero no hay detenciones. Estos casos deben ser atraídos por la Fiscalía General de la República”, dijo Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt.

Mencionó que “los atentados a los servidores públicos son una práctica cotidiana, tanto dentro y fuera de procesos electorales”, además de que “estamos en un contexto de polarización política, donde tenemos a un régimen que parece no ser tolerante con los opositores, no sólo hacia los partidos políticos, sino también hacia periodistas y organizaciones ciudadanas”.

Durante el seminario virtual “Violencia Política en México en Periodos electorales", organizado por Causa en Común, Carlos Rubio, coordinador del reporte de violencia política para la agencia Integralia Consultores, dijo que “la estrategia que se presentó es positiva, pero se queda en la retórica. Lo que falta es hacer un diagnóstico serio desde el gobierno federal, porque se basan en las cifras que hemos recabado en la academia y consultorías, pero no tienen cifras que hayan recabado las agencias de inteligencia del gobierno federal”.

Consideró que la estrategia presentada no contempla la contención de la violencia política por región, “porque lo que presentó el gobierno federal es una estrategia única para todo el país, cuando lo que se necesita son múltiples estrategias de seguridad que tome en cuenta las particularidades de cada región y comunidad afectada para diseñar una estrategia específica”.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, dijo que “las buenas intenciones y los discursos no son suficientes; se requieren acciones concretas de protección”.  

Según Etellekt Consultores, desde el inicio en septiembre del proceso electoral, al menos 61 actores políticos han sido asesinados.

Carlos Rubio señaló que una buena parte de los eventos de violencia política son llevados a cabo por el crimen organizado, principalmente en contra de gobiernos municipales para tener recursos, información y control en ese nivel de gobierno. Agregó que “es un problema que vulnera la capacidad de la ciudadanía de elegir libremente a sus representantes democráticos”, por lo que se requieren soluciones integrales a largo plazo.

Víctor Antonio Hernández Huerta, Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó que “en 2018 hubo un crecimiento acelerado de candidatos y precandidatos asesinados”.

Mencionó que deben existir acciones más decididas por parte de policías federales y locales, así como de ministerios públicos, para prevenir los asesinatos y, llegado el caso, investigarlos y castigar a los responsables.

jorge.monroy@eleconomista.mx

kg