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Peña Nieto endurecerá penas contra terrorismo
La iniciativa recibida por la Comisión Permanente del Congreso propone, entre otros cambios, aumentar hasta 60 años de prisión para quien cometa actos terroristas.
El presidente Enrique Peña Nieto envió este miércoles a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reformas a diversas leyes para endurecer las sanciones a quienes practiquen el terrorismo y su financiamiento.
Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se dio entrada a la propuesta del Ejecutivo federal y se turnó a las comisiones de Justicia de la Cámara de Diputados.
En la iniciativa se proponen cambios al Código Penal Federal, a la Ley de Extinción de Dominio, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, además de imponer hasta 60 años de prisión a quien cometa actos terroristas.
Se plantea la aplicación de hasta 40 años de cárcel a quienes lleven acciones de financiamiento del terrorismo así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Cabe destacar que dicha sanción aplicará a quienes realicen actos para financiar terrorismo nacional, internacional, sabotaje, ataque a las vías de comunicación y robo de combustible.
De igual forma se pide endurecer las penas que aplican por terrorismo internacional, incluso cuando se trate de una amenaza.
En el proyecto que el mandatario mexicano envió a la Comisión Permanente se prevén castigos por ataques a las vías de comunicación marítimas y se plantea el delito de robo de material radioactivo, combustible nuclear, mineral radioactivo o fuente de radiación.
En la exposición de motivos se argumenta que México está obligado a llevar a cabo la reforma pues es integrante de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Con ello el gobierno mexicano dará cumplimiento a los tratados suscritos y se colocará a la nación entre los pocos países con el mayor número de recomendaciones cumplidas.
La iniciativa tiene por objeto fortalecer el marco jurídico para enfrentar prácticas ilícitas vinculadas con el terrorismo como el lavado de dinero.
Sugiere por ello aumentar de seis a 15 años la pena mínima de prisión para quien cometa terrorismo y una multa de 400 a 1,200 días, precisando que esas acciones también podrán ser consideradas cuando para su comisión se utilice material y combustible nuclear, mineral radiactivo o fuentes diversas de radiación.
Esas sanciones aumentarán en una mitad cuando además el delito se cometa contra un bien de acceso público, genere un perjuicio a la economía nacional o en la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona.
No se considera terrorismo nacional e internacional a las manifestaciones de grupos sociales que, en ejercicio de los derechos humanos, sociales o de cualquier otro derecho constitucional y sin atentar contra bienes jurídicos de personas, busquen presionar a la autoridad para que se tome una determinación sobre alguna demanda.
En la iniciativa se tipifica la conducta del financiamiento al terrorismo a quien por cualquier medio aporte o recaude fondos económicos para financiar o apoyar actividades terroristas.
De igual forma para ser utilizados para la comisión de los delitos de terrorismo, terrorismo internacional, sabotaje, ataques a las vías de comunicación y robo.
De acuerdo con la propuesta se sancionará con uno a nueve años de prisión y con entre 100 y 300 días de multa a quien encubra a una persona que haya participado en los delitos mencionados.
Se propone castigar con pena de prisión de 15 a 40 años y aplicar una multa de entre 400 y 1,200 días de salario mínimo a quienes cometan homicidios o algún acto contra la libertad de una persona internacionalmente protegida y a quienes realicen en territorio mexicano cualquier acto violento contra locales oficiales.
En igual caso se encuentran residencias particulares o medios de transporte de una persona internacionalmente protegida que atente contra su vida o su libertad o al que acuerde o prepare en el país un acto terrorista que se pretenda cometer o se haya cometido en el extranjero.
Prevé sancionar con 12 años de prisión y con 200 a 600 días de multa a quien amenace con cometer terrorismo internacional y con 20 a 30 años de prisión a quien destruya total o parcialmente instalaciones o servicios de navegación área o marítima o de aeropuertos que presten servicios a la aviación civil u otro vehículo de servicio público federal o local.
En igual caso se castigaría con entre 12 y 20 años de cárcel y con 12,000 a 20,000 días de multa a quien robe material radiactivo, material nuclear, mineral radiactivo o fuentes de radiación.
Se dará entre cinco y 15 años de prisión y se aplicará una multa de 1,000 a 5,000 días de salario mínimo a quien adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire o transfiera dentro del país de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos o bienes producto de una actividad ilícita.
Además se propone facultar al Ministerio Público para ordenar a las entidades financieras la inmovilización provisional e inmediata de fondo o activos cuando reciban reportes informes de las autoridades competentes o de organismos internacionales cuando estén vinculados con los delitos materia de la extinción de dominio, precisando que la inmovilización tendrá una vigencia de 20 días.
mac